Vox quiere revisar más de un millón de nacionalidades concedidas en el mandato de Sánchez

Vox quiere revisar las nacionalidades españolas concedidas durante el mandato de Pedro Sánchez (más de un millón desde 2018) ante la sospecha de que la izquierda quiere “sustituir” al pueblo español por población de origen extranjero y “manipular el censo electoral en su propio beneficio”, una teoría que ha sido abrazada también por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En respuesta al proceso de regularización de más de 500.000 inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno, el partido ultra ha anunciado la presentación de una batería de propuestas en todas los parlamentos autonómicos y ayuntamientos en los que está presente. Uno de los puntos de la iniciativa, según ha anunciado el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, consiste en “auditar de manera exhaustiva todas las concesiones de la nacionalidad [española] en los últimos años”.

Aunque Fuster no ha detallado qué periodo abarcaría esa “auditoría” ni qué consecuencias se extraerían de la misma, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dejado claro que tiene en el punto de mira las nacionalizaciones concedidas desde que Pedro Sánchez llegó al poder y que su propósito es revocar muchas de ellas. “No son españoles aunque les den la nacionalidad de manera fraudulenta. No lo son ni lo serán; y además vamos a revertir esas nacionalizaciones fraudulentas”, proclamó el pasado día 29 en un mitin en Barbastro (Huesca), dentro de la campaña a las elecciones aragonesas de este domingo.

Abascal reconoció que los inmigrantes que se acojan al nuevo proceso de regularización no podrán votar en las próximas elecciones, en contra de lo que se ha sugerido desde su partido y el PP, pero agregó que “hay otros muchos [extranjeros], el Partido Socialista ya ha nacionalizado a un millón y quieren nacionalizar a otro millón más o los que puedan”. Según Abascal, las encuestas reflejan que 600.000 electores que votaron a Sánchez en las generales de 2023 no lo volverán a votar en las próximas elecciones, por lo que el PSOE ha decidido traer a “otros 600.000” electores. “Se trata de sustituir al pueblo [español] porque Sánchez odia a su propio pueblo”, concluyó el líder de Vox, asumiendo la teoría conspiranoica del gran reemplazo ideada por la ultraderecha francesa.

Vox parte, así, del prejuicio de que quienes se beneficien del proceso de regularización del Gobierno votarán al PSOE por agradecimiento, pero los expertos advierten de que muchos latinoamericanos procedentes de dictaduras de izquierdas, como Venezuela, votan por partidos de derechas, mientras que la inmigración de países islámicos se identifica con las posiciones de la ultraderecha en asuntos como el rechazo a la comunidad LGTBI o el feminismo.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 1.134.273 extranjeros residentes en España (la cifra no incluye los descendientes de exiliados y emigrantes acogidos a la Ley de la Memoria) adquirieron la nacionalidad española entre 2018 y 2024. El 56% de los 252.476 nacionalizados este último año fueron mujeres y el resto varones. La nacionalidad de origen más frecuente fue la marroquí (17%), pero más de la mitad del total (52,6%) eran nacionales de nueve países iberoamericanos. Frente a la idea de que el acceso a la ciudadanía es fácil, quienes la obtuvieron llevaban de media más de cinco años residiendo en España; ya que el plazo legal de 10 años se puede rebajar a dos en el caso de los latinoamericanos. Además, dos de cada diez nuevos españoles habían vivido siempre en España, país de nacimiento de más de la mitad de los marroquíes nacionalizados.

El Código Civil establece una lista tasada de causas por las que se puede retirar la nacionalidad a españoles que la tuvieran por adquisición y no por nacimiento. Pero Vox cree que tiene margen para revisarlas si se demuestra que se incurrió en falsedad, ocultación o fraude para obtenerla —algo que tendría que determinar un juez— o que se siguió empleando la nacionalidad anterior después de adquirir la española. Este último punto es especialmente conflictivo, ya que la adquisición de la ciudadana española obliga a renunciar a la que se tuviera con anterioridad, pero algunos países, como Marruecos, consideran que su nacionalidad es irrenunciable y no es posible perderla.

La posibilidad de retirar la ciudadanía española a personas que ya disfruten de ella plantea un grave problema de inseguridad jurídica y, por eso, los responsables de Vox no quieren entrar en detalles sobre la aplicación de esta fórmula. Sin embargo, la idea no es nueva. El programa económico del partido, presentado en junio del año pasado, ya hablaba de “auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad otorgadas en los últimos años”; así como “revertir todas las regularizaciones masivas llevadas a cabo por el bipartidismo”. Aunque el documento no las detallaba, han sido seis las regularizaciones realizadas sucesivamente por los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, en las que fueron legalizadas casi 1,2 millones de personas, sin contar con la actual.

Vox confunde a los residentes en España nacidos fuera del territorio nacional con los extranjeros, aunque muchos de los primeros tengan la nacionalidad española. El secretario general del grupo parlamentario ultra, José María Figaredo, aseguró en septiembre pasado en el Congreso que en España hay “9,7 millones de extranjeros, el 19,6% de la población”; cuando la cifra real es de 6,9 millones, equivalentes al 14% del total. Les negó así la ciudadanía a 2,8 millones de españoles que la tienen legalmente.

El partido de Abascal se propone dificultar el acceso a la nacionalidad española con el argumento de que esta no puede “regalarse” como hasta ahora, y quiere endurecer también los requisitos para obtener la residencia legal, eliminando la regularización por arraigo. La iniciativa que se propone presentar en las instituciones exige la repatriación de todos los inmigrantes irregulares, incluidos los menores no acompañados; la deportación de quienes cometan delitos graves o hagan de los delitos leves su forma de vida; y también la expulsión de los que “decidan no integrarse en la cultura de la nación que los acoge” o la de quienes “no contribuyan con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional”: es decir, aquellos que estén desempleados.