La Fiscalía pide cinco años para el alcalde de Estepona por un delito de prevaricación y otro de malversación

La Fiscalía de Marbella ha solicitado cinco años y seis meses de prisión para José María García Urbano, alcalde de Estepona (Málaga, 79.621 habitantes), por un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, además de diez años de inhabilitación para cargo público. El ministerio fiscal considera que el regidor contrató a una mujer, también acusada, con la que mantenía una relación íntima “a sabiendas de que la misma nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna” durante 46 días entre los meses de febrero y marzo de 2023, en los que cobró algo más de 5.000 euros “con el consiguiente perjuicio para el patrimonio municipal”. Para ella se solicitan tres años y seis meses de prisión como cooperadora necesaria para el delito de malversación. La defensa de García Urbano asegura que se trata de “disparate jurídico basado en una declaración falsa” enmarcado en una “inadmisible e injusta campaña política”, según fuentes municipales.

La calificación, firmada por la fiscal Alejandra Gámez, señala que García Urbano —alcalde de Estepona desde 2011— emitió un decreto de alcaldía el 13 de febrero de 2023 para contratar a una mujer, Cristina P, como personal eventual adscrita al Área de Control Externo del ayuntamiento. El escrito apunta que tenía con ella “una relación sentimental” y que la contrató con conocimiento de que no iba a desempeñar en realidad ninguna tarea. A pesar de ello, recibió una nómina correspondiente al mes de febrero de 1.634,64 euros y otra de 3.642 euros en marzo, hasta que el día 31 de ese mes fue cesada. “Apropiándose la misma de tales cantidades sin contraprestación alguna, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio municipal”, dice la fiscal. Esta apunta, además, que el alcalde esteponero presentó una instancia para ingresar un cheque en favor del consistorio de 5.276,92 euros —justo la cifra pagada a la mujer— pero que este no ha sido todavía ingresado de manera efectiva en el Tesoro Municipal. Además de cinco años y seis meses de prisión, el ministerio fiscal pide también diez años de inhabilitación especial para cargo o empleo público.

La instrucción policial sobre la que basa sus conclusiones la Fiscalía del Área de Marbella subraya que entre García Urbano y la mujer había una “relación íntima de amistad” y que, a partir de unas conversaciones de WhatsApp, se pudo comprobar cómo el regidor le pagó de su propio dinero hasta 21.000 euros en transferencias mensuales entre enero de 2022 y 2023, ingresos que ella usaba para pagar el alquiler y gastos propios. Fue poco después cuando fue contratada como asesora en el Ayuntamiento de Estepona. Y lo hizo sin que la también ahora acusada tuviese “despacho ni lugar habilitado” para su labor, según recogía el auto, donde se insistía en que no existe registro de control horario ni ninguna otra documentación sobre la tarea que debía desempeñar. En sus declaraciones, la mujer explicó que solo acudió a su puesto para firmar el contrato y el concejal del área en la que fue contratada, Blas Ruzafa, añadió que ese tipo de cargos son de elección directa del alcalde y que no había control alguno en su desempeño. García Urbano dijo, además, que su cometido en realidad era “estar pendiente de las redes sociales, para analizar qué se hablaba en el municipio y cuáles eran las inquietudes de la ciudadanía”.

Las pesquisas policiales también recogen un informe de esa misma concejalía donde se señala que la acusada fue contratada “para recabar información sobre el estado de la limpieza viaria, iluminación, ornato de la jardinería y mobiliario urbano”, pero también que durante el tiempo del contrato ella residía en Córdoba por lo que “difícilmente” podría estar realizando su trabajo. El juez reconocía en un auto publicado el pasado diciembre la contradicción evidente y aseguraba que todavía no había podido constatar “el verdadero cometido” de la mujer. De ahí que, como conclusión, entendiese que había “indicios suficientes” de que la acusada había estado cobrando su nómina sin hacer nada. Por eso consideraba que ambos podrían ser responsables de un delito de malversación de caudales públicos, hechos que ahora la fiscalía imputa, además de la prevaricación, a García Urbano, quien también está siendo investigado por un posible delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias por la adjudicación de un local de restauración a la pareja de su hijo en una alta torre en primera línea de playa del municipio.

“Disparate jurídico”

Fuentes municipales han explicado que la petición de la fiscalía es “un disparate jurídico basado en una declaración falsa” de la acusada, Cristina P. Aseguran que la mujer no acudió al ayuntamiento porque “se sometió a una operación quirúrgica durante el periodo de vigencia del nombramiento” y que, como asegura haber acreditado la defensa, “no instó la baja ante el Ayuntamiento” y, por eso no acudió a su puesto de trabajo, algo que ella ocultó.

La defensa “presentó un recurso de apelación a la Audiencia Provincial solicitando el archivo de la causa al no existir ningún indicio delictivo contra el alcalde en la contratación de esa persona como cargo de confianza durante 46 días”, insisten las mismas fuentes en contra de lo que opina la fiscal. Además, argumenta que la declaración prestada por dicha persona en condición de testigo es nula “al haber sido llamada posteriormente al procedimiento en condición de investigada” y que, cuando lo hizo, “se acogió a su derecho a no declarar y no ratificó las declaraciones prestadas” anteriormente. “La única declaración válidamente obtenida es aquella en la que se acogió a su derecho a no declarar, sin ratificar la prestada como testigo”, insisten las mismas fuentes, que subrayan que la acusada “tiene un demostrado ánimo espurio” contra García Urbano, al que había denunciado en otro caso que ya quedó archivado. “Se trata”, concluyen estas fuentes, “de una inadmisible e injusta campaña política y mediática, con el único objetivo, como así ha ratificado la Justicia, de dañar la dignidad y trayectoria política del alcalde de Estepona, intentando apartarle del Ayuntamiento y de su compromiso con esta ciudad”.