El juzgado que investiga la difusión de imágenes de mujeres orinando en la romería de A Maruxaina tira la toalla

Un centenar de mujeres de toda España fueron grabadas orinando o manteniendo relaciones sexuales durante la popular romería de A Maruxaina de San Cibrao (Lugo). Las imágenes ilegales se divulgaron y vendieron en webs porno y las víctimas lo descubrieron en 2020. Su vida se fundió a negro. Llegaron las burlas, la vergüenza, la culpa, la ansiedad, la rabia. El juzgado de Viveiro recibió 87 denuncias y ahora, con el apoyo de la Fiscalía, pretende archivar la causa sin un solo culpable. La instructora alega que ha llegado a un callejón sin salida por la opacidad de las plataformas de Internet que se lucraron con los vídeos y la falta de colaboración de Estados Unidos. Pero las afectadas, que han realizado sus propias pesquisas, sostienen que la justicia se está rindiendo sin haber tirado de todos los hilos que podrían llevar a los autores del delito, una banda que según sus indagaciones ha actuado en fiestas de Lugo y Asturias.

“Si ahora se cierra el caso así, esto va a seguir pasando. Hoy soy yo, pero mañana será tu hija”, advierte Paloma Maseda, portavoz de buena parte de las víctimas, sobre el oscuro negocio de grabar a mujeres sin su consentimiento para vender las imágenes a plataformas de Internet. Durante estos años, Maseda ha dedicado mucho esfuerzo para ayudar en la persecución de los culpables. Cuenta que visionó horas y horas de vídeos subidos impunemente a webs porno, yendo al baño a vomitar de tanto en cuanto por la repugnancia que sintió.

Todas las denunciantes del juzgado de Viveiro, algunas de ellas menores, fueron captadas con cámaras ocultas en agosto de 2019, pero ya se sabe que no fueron las únicas. Las imágenes de sus partes íntimas fueron obtenidas mientras orinaban en una apartada plazoleta por la falta de baños públicos en la romería. Maseda, sin embargo, descubrió que durante A Maruxaina también se había grabado a parejas practicando sexo. En este caso, los autores iban cámara en mano y ni siquiera se habían molestado en suprimir el audio de sus comentarios denigrantes. Se llamaban por su nombre y salían en las imágenes tocando incluso furtivamente a las mujeres a las que espiaban mientras practicaban sexo. “Son grabaciones hechas con total impunidad”, afirma. Halló vídeos similares de otra romería, la del Xiringüelo, en la localidad asturiana de Pravia, en la que los apelativos y voces coincidían. Y el testimonio que le llegó de una víctima de otro vídeo sexual captado también en 2019 en la romería de Naseiro, en Viveiro (Lugo), la llevó a una conclusión: “Estoy segura de que son los mismos”.

Todo ese material, que obtuvieron estas mujeres pagando de su bolsillo a las mismas plataformas de Internet que las han violentado, fue entregado al juzgado, pero las afectadas se quejan de que no ha sido aprovechado. “Teniendo todo eso, ¿cómo es que no han localizado a nadie?“, se pregunta Maseda. Ella y sus compañeras tuvieron que combatir desde el principio las trabas a esta compleja investigación de alcance internacional. El primer juez que se hizo cargo del caso lo cerró con un argumento que provocó una multitudinaria manifestación en San Cibrao en 2021: alegaba que no había delito porque al orinar en la calle las mujeres se habían expuesto a ser grabadas. Tras la protesta, la Audiencia Provincial de Lugo revocó esa decisión. Ahora la actual instructora se rinde porque ha sido “infructuoso” su intento de que las entidades titulares de los distintos dominios de Internet que difundieron los vídeos identificasen a las personas que se ocultan tras los nombres de usuario que los subieron. Tampoco Estados Unidos ha atendido su solicitud de asistencia internacional. Juan Rivera, abogado de una parte de las víctimas, ya ha recurrido el archivo reclamando que se reitere la comisión rogatoria. También pide que la jueza llame a declarar como investigado al único hombre que subió los vídeos a una web porno y que pudo ser localizado.

Después de casi seis años, la investigación judicial solo ha conseguido señalar a dos sospechosos plenamente identificados. Uno es un vecino de Melilla con familia en San Cibrao al que se llegó por la matrícula de un vehículo que se veía en los vídeos. A su nombre estaba la furgoneta alquilada que ocultó en sus bajos una de las cámaras que grabaron a mujeres orinando en la plazoleta. Otro de los dispositivos estaba en el exterior de la casa familiar donde se alojó. La jueza archiva los cargos contra él porque considera “creíble” su explicación autoexculpatoria.

El auto judicial esgrime que no se le puede acusar de la autoría de los vídeos solo “por vivir y tener estacionado su vehículo cerca del lugar en el que se grabó a las víctimas”. Y añade que “resulta además incoherente que el propio autor de las grabaciones permitiese que se visualizase en los vídeos la matrícula del vehículo que él mismo había alquilado aportando sus datos personales”. En este punto, las conclusiones de la jueza cuentan con el apoyo de las víctimas, que también entienden que ese hombre no es el responsable.

El periodista francés que subió vídeos

Caso distinto es el del otro señalado. Se trata de un periodista y escritor francés vinculado a la extrema derecha que se escondía tras uno de los usuarios que subió los vídeos a una de las webs porno. Fue identificado por la Guardia Civil en un informe aportado el pasado mayo a la causa. Perpetró el delito en el planeta sin fronteras de Internet, pero se ha beneficiado de ellas para no ser perseguido. La jueza alega que no puede actuar contra él por falta de jurisdicción, ya que se cree que actuó desde su país. Pero las víctimas se quejan de que la instructora ni siquiera lo haya llamado a declarar para tirar del hilo. “Se da por hecho que no tuvo nada que ver en la captación de las imágenes y no sé por qué. ¿Quién dice que investigando más no se podrían encontrar pruebas de que también fue quien grabó y que, por tanto, el delito no se cometió fuera de España?”, se pregunta el abogado Rivera. “Él subió el vídeo, ¿cómo no se investiga de dónde lo sacó?“, añade Maseda, a quien el caso Maruxaina le ha causado depresión y ansiedad crónicas.

José Manuel Oliveros, abogado de otras víctimas y de la asociación de mujeres Bumei, coincide en su recurso contra el archivo en que el francés debe ser llamado a declarar como investigado. “La jueza sí es competente”, defiende. “Se trata de delitos cometidos, al menos parcialmente, a través de Internet, resultando competentes tanto los juzgados del lugar de emisión de la comunicación como el del lugar de su recepción”. Este último territorio, añade, “indudablemente es España, lugar en donde residen la mayoría de las víctimas y en donde alcanzó especial trascendencia dicha divulgación”.