Cuatro disparos, dos víctimas y un juicio que se retrasa más de seis años

Media tarde del 15 de noviembre de 2019. Llamada al servicio de Emergencias 112 Andalucía. Al otro lado del teléfono, un vecino avisa de que se han escuchado disparos en una vivienda de la urbanización Alvarito Playa, al este de Marbella (Málaga, 159.786 habitantes). Minutos después, los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar encontraron un cadáver, mucha sangre y una persona tirada en el suelo, pero aún viva. Fue el inicio de una operación —denominada Hemo—que acabó con rapidez: se resolvió con el arresto de tres personas entre enero y febrero de 2020. Nadie esperaba que la justicia se lo tomase con tanta calma desde entonces. El juicio está previsto para el próximo abril, seis años y medio después de los hechos y con los tres acusados en libertad con medidas cautelares desde hace tiempo, según la Fiscalía. Estaba fijado para el pasado noviembre, pero se retrasó porque a uno de los abogados de la defensa le coincidía en fechas con otro señalamiento en Granada, según indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La situación no es nueva. La acumulación de procedimientos en la justicia conlleva una contante tardanza en juzgar muchos de los crímenes y ajustes de cuentas de la Costa del Sol. Fuentes del Ministerio Fiscal reconocen la alta carga de trabajo que tienen y la escasez de medios de los que disponen. La última memoria de la Fiscalía de Andalucía señalaba que la delegación malagueña “se encuentra especialmente saturada”. Y la memoria del TSJA subrayaba también que “la justicia andaluza sigue en cifras sumamente llamativas de pendencia y dilaciones, contexto que manda un mensaje y percepción inevitable a la sociedad: justicia lenta y poco eficiente”. Además, fuentes policiales se quejan de que, en múltiples ocasiones, desde que investigan hasta que se juzgan los hechos pasan varios años, lo que genera situaciones como los atenuantes por dilación indebida que rebajan las condenas. O que los acusados enviados a prisión de manera preventiva salgan en libertad cuando cumplen los tiempos máximos legales, como ocurrió con los miembros del clan de Los Suecos, juzgados en 2023, cinco años después de sus crímenes. “Con lo que cuesta dar con los malos durante la investigación, luego hay que rezar para que aparezcan por el juicio”, señala un agente que participó en la operación Hemo.

En libertad están los tres acusados de este caso, todos con la obligación de acudir periódicamente al juzgado y la prohibición de salida del territorio español. A un lado, el supuesto autor intelectual, un hombre español de 54 años que fue detenido en enero de 2020 y, tras pasar a disposición judicial, fue enviado a prisión provisional hasta que unos meses después “fue puesto en libertad”, según fuentes de la Fiscalía. Al otro lado, los dos presuntos autores materiales de los hechos, dos varones de nacionalidad rumana de 29 y 39 años, arrestados en Rumanía en febrero de 2020 en virtud de una Orden Europa de Detención y Entrega y, después, extraditados a España. Permanecieron en prisión algo más de dos años, “tras lo cual fueron puestos en libertad por haber excedido el tiempo máximo establecido legalmente”, según las mismas fuentes. La fiscalía pide para el primero una pena de 37 años de prisión; y para los segundos, de 38 años y medio. Los tres iban a ser juzgados el lunes 17 de noviembre por un jurado popular, pero desde el TSJA informaron que el juicio se suspendía porque uno de los abogados está participando en otro en Granada “y le coinciden las fechas”. Por eso se ha señalado para la primavera de 2026. Es decir, seis años y medio después de que ocurrieran los hechos.

Compleja investigación policial

El relato de la fiscal explica que aquella tarde de otoño, sobre las 18.30, los dos acusados como autores materiales llegaron hasta la urbanización Alvarito Playa en un Volkswagen Passat. Accedieron al domicilio de las víctimas, ambas de nacionalidad marroquí, con las que habían concertado una cita. Una vez dentro, les dispararon con dos armas cortas de 38 milímetros “con ánimo de acabar con la vida de ambos”. Cada sicario disparó a uno de los hombres. Uno de ellos, de 66 años, recibió un tiro por debajo de la clavícula que salió por la espalda, lo que le produjo la muerte, según se recoge en el escrito de la Fiscalía. El otro, de 55 años, recibió tres balazos en hombro, pierna y abdomen. Ello le causó múltiples lesiones, que le hicieron estar 153 días en el hospital y, después, pasar por la unidad de lesionados modulares del Hospital Puerta del Mar (Cádiz), participar en un programa de neurorrehabilitación en el Hospital Los Madroños y (Madrid) y pasar también por un centro de la Fundación Aprona, que trabaja con personas con diversidad funcional en Estepona.

Los agentes que llevaron la operación, miembros del Grupo II de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Málaga, estuvieron “muchísimas” horas recopilando la información de las cámaras de seguridad para reconstruir los pasos previos y posteriores de los sicarios que ejecutaron aquel crimen, según uno de los investigadores que realizó este trabajo. La información, eso sí, les permitió identificarlos en poco tiempo y, también, descubrir que se habían reunido con las víctimas dos días antes en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Lo habían hecho con la presencia de una tercera persona, vieja conocida de los policías por sus vinculaciones con el robo de dinero y mercancía a organizaciones criminales asentadas en el litoral malagueño. La hipótesis principal es que en ese encuentro y otro mantenido un día antes, los acusados se ganaron la confianza de las víctimas y acordaron con ellas una venta de droga, cuando en realidad estaban engañándoles para perpetrar un robo.

El cabecilla fue arrestado en enero en una vivienda donde permanecía oculto, sin apenas salir de allí, desde que ocurrió el crimen. Los otros dos sospechosos habían huido a Rumanía, así que los agentes pidieron una orden internacional de detención y solicitaron la ayuda de las autoridades policiales de aquel país, quienes consiguieron localizarlos y arrestarlos en febrero de 2020.

La fiscalía solicita 37 años de prisión para el supuesto autor intelectual del crimen por un delito de asesinato, otro de tentativa de asesinato y uno más de pertenencia a grupo criminal con disposición de armas. Para los presuntos sicarios que dispararon, se añade también un delito de tenencia ilícita de armas, de ahí que se sumen 18 meses más hasta una petición de 38 años y medio de cárcel para cada uno. Además, la Fiscalía pide una indemnización de 200.000 euros para los familiares del hombre fallecido, así como 26.280 euros por las lesiones producidas al que resultó herido, y otros 99.000 euros por las secuelas, además de esperar que durante el juicio se determine la responsabilidad civil derivada por el estrés postraumático que sufrió tras el tiroteo.