Batalla legal de una asociación de personas con discapacidad intelectual de Murcia contra una parroquia para ampliar una residencia

Desde hace 40 años, la Fundación Aynat, creada por un mecenas privado y presidida por el párroco de la Basílica de la Purísima Concepción de Yecla, y la Asociación Ampy, de personas con discapacidad intelectual, han trabajado codo con codo en ese municipio de la Región de Murcia, de unos 36.500 habitantes, para mejorar la calidad de vida de ese colectivo. La primera cedió sus terrenos para que la segunda construyera y gestionara un colegio de educación especial, un centro de día y una residencia, pero en la última década el entendimiento parece haber llegado a su fin. La fundación se niega a convertir en documentos públicos los contratos privados de cesión, lo que impide a la asociación acceder a subvenciones para ampliar sus instalaciones. La guerra abierta, que actualmente se libra en los tribunales, ha obligado ya a la entidad de personas con discapacidad a devolver una ayuda europea de casi medio millón de euros.

Con esos fondos, explica a EL PAÍS el presidente de Ampy, Pedro Ángel Sandoval, la asociación tenía previsto ampliar en nueve plazas su residencia, que se encuentra al 100% de su capacidad, con 37 personas en situación de gran dependencia viviendo en sus instalaciones, y una lista de espera de aproximadamente otra treintena.

Uno de los últimos en conseguir plaza ha sido José Luis Polo, un hombre de 39 años que sufre síndrome de Lennox-Gastaut, un tipo de epilepsia muy poco común que causa graves convulsiones, discapacidad intelectual y problemas conductuales. Lleva vinculado a la asociación Ampy desde los cuatro años, explica su madre, Mari Loli Navarro: primero pasó por el colegio y después por el centro de día.

La avanzada edad de sus padres les hizo plantearse este recurso, pero el acceso no ha sido fácil. “En una residencia de mayores, el tiempo de vida de los residentes es más limitado, hay mayor rotación en las plazas. En este caso, las personas con discapacidad intelectual pueden pasar décadas en la residencia, porque ingresan siendo jóvenes, y los centros se van quedando pequeños”, explica la madre, de 83 años. Para ella, poder tener a su hijo alojado cerca de su domicilio ha sido “un mundo”, porque le permite visitarlo y acompañarlo a diario. Pero también lo ha sido para “el niño”, como lo sigue llamando, porque se ha mantenido en su ambiente, ya que el centro comparte parte de las instalaciones y el personal con los otros recursos gestionados por Ampy. “José Luis siente que esa es su casa, no ha necesitado una adaptación, porque allí estaba ya su vida”, resume. Por eso, no entiende las trabas que, por primera vez en su historia, la Fundación Aynat está poniendo al crecimiento de la asociación de personas con discapacidad.

Ocho años de desencuentros

Sandoval, el presidente de Ampy, sitúa el comienzo de los desencuentros en torno a 2017, cuando la asociación requirió por primera vez al párroco de la Purísima, José Antonio Abellán, al frente del patronato de la fundación, que se formalizaran en documentos públicos las cesiones de los terrenos, que datan de 1986 en el caso del colegio, de 1990 el del centro de día y de 1996 el de la residencia.

“Hasta aquel momento, Ampy había venido funcionando sin problemas con esas cesiones privadas. Pero nos encontramos con que, si queríamos recurrir a ayudas públicas para hacer obras, necesitábamos formalizar esos documentos, elevarlos a públicos, por lo que pedimos que se reconociera el derecho de superficie”, una figura legal que permite a un tercero edificar sobre un terreno que no es de su propiedad, explica Sandoval.

En los ocho años transcurridos desde entonces, solo se ha estado cerca de alcanzar un acuerdo dos veces. En 2019 la Fundación planteó una propuesta de acuerdo que el presidente de Ampy califica de “inaceptable”, ya que modificaba sustancialmente las condiciones que la entidad había tenido hasta ese momento. El punto más controvertido, indica, era el relativo al terreno habilitado como patio de recreo y zona de esparcimiento de los centros, que quedaba a libre disposición de la Fundación.

Vista la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Ampy recurrió a los tribunales para exigir el derecho de superficie, aunque paralizó la denuncia en 2023. Los mediadores de ambos bandos parecían haber encontrado un equilibrio y el pacto llegó incluso a anunciarse en prensa local. “Todo estaba listo para firmar pero, de la noche a la mañana y sin dar ninguna explicación, el párroco rechazó el acuerdo, negó que hubiéramos tenido ninguna negociación y volvimos al punto de partida”, lamenta. El caso llegó a juicio y en septiembre de 2024 el juez desestimó que la Fundación Aynat esté obligada a conceder el derecho de superficie a la asociación de personas con discapacidad.

El presidente de Ampy reconoce que el fallo judicial ha sido un mazazo para la asociación, que ha recurrido la sentencia ante la Audiencia Provincial de Murcia, y también ha denunciado la situación ante el Protectorado de Fundaciones de la Región de Murcia, un organismo dependiente de la comunidad autónoma. Ambos procesos están pendientes de resolución.

El párroco presidente de la Fundación Aynat, José Antonio Abellán, ha respondido a las peticiones de información de este periódico a través de dos comunicados en los que insiste en que la voluntad la entidad es que Ampy mantenga su actividad y niega tajantemente que se vayan a revertir las cesiones de los terrenos sobre los que se ubican sus centros. Pero, del mismo modo, subraya su no disposición a otorgar el citado derecho de superficie, sino de mantener las cesiones para uso y disfrute en precario, como hasta el momento. La fundación, aduce el comunicado, está “en su legítimo derecho de dar y conceder según su mejor criterio, pues nadie está obligado a dar lo que no quiere o no puede”. “Nosotros no entendemos esta situación como una polémica por nuestra parte, pues mientras se cumplan los fines de atención a las personas con discapacidad, esta fundación no va a retirar las cesiones”, insiste el texto, que reconoce la labor de los profesionales de Ampy, pero carga duramente contra su junta directiva, a la que acusa de haber provocado ese “choque de trenes”, por lo que considera que han quedado “del todo invalidados para llegar a ningún acuerdo”.

A la espera de una solución, los usuarios ven con preocupación el futuro, como explica Mari Carmen Azorín, cuya hija, Alicia Mesa, de 37 años y con discapacidad intelectual y motora, es usuaria del centro de día. Aunque su familia puede atenderla actualmente en ese régimen, están barajando apuntarla ya a la lista de espera de la residencia porque conseguir una plaza, señala, es un proceso “desolador” que, en muchos casos, termina con los solicitantes trasladados a centros de otros municipios, ya que en Yecla este es el único recurso que atiende a personas con discapacidad intelectual. Por eso, pide una solución que permita ampliar el centro para dar respuesta a quienes, como su hija, saben que necesitarán de una plaza que, actualmente, es casi imposible de conseguir.