Plus Ultra, el rescate más espinoso: cuentas puestas en duda y la sombra de Venezuela

“A las 8 de la mañana se han personado varios agentes de la Policía Nacional en las oficinas centrales de Plus Ultra en Madrid para recabar información fiscal de la compañía por instrucción del juzgado número 15 de Madrid”. Así arranca un portavoz de la aerolínea Plus Ultra el relato sobre la visita policial recibida este jueves. Elude hablar de registro y asegura la “plena colaboración” con la investigación, “facilitando toda la documentación que precisen y que se circunscribe al área económica financiera, no habiéndose producido registro alguno de las instalaciones”, insiste. Pese a no haberse restringido el acceso a las oficinas, la dirección ha ordenado el teletrabajo a los empleados en una jornada en la que “la operativa de la compañía se mantiene con toda normalidad”. No ha parado un solo avión, pero la jornada dista de ser una más.

A la aerolínea que preside el detenido Julio Martínez Sola se le han vuelto a aparecer los fantasmas de supuestos vínculos directos con el régimen de Venezuela y de un rescate con 53 millones de fondos públicos, firmado en marzo de 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ya fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. En abril de 2021 se buscaba el rastro del dinero, por si este había acabado en manos afines a Nicolás Maduro. El caso fue archivado en enero de 2023, tal y como demandaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado (en defensa de la SEPI), en lo que fue vendido como un triunfo por la empresa tras casi dos años de pesquisas.

La ayuda financiera a la aerolínea fue concedida en un momento de derrumbe de la actividad aérea, y se colocó entre el salvavidas lanzado por la SEPI a Air Europa (475 millones) y el que sacó a flote a Volotea (200 millones de euros). En círculos políticos y en la opinión pública se había instalado que Plus Ultra, con actividad entre España y Latinoamérica, estaba en manos de empresarios próximos a Maduro. Se habló de Camilo Ibrahim Issa y Rodolfo Reyes. La empresa, por su parte, siempre rechazó “cualquier vínculo con el chavismo u otros regímenes políticos”, sin negar que tuviera accionistas “minoritarios” venezolanos.

Ello no impidió las querellas del PP, VOX y el seudosindicato Manos Limpias contra la decisión de la SEPI de sostener a la pequeña aerolínea que había lanzado sus vuelos regulares en 2016. Plus Ultra disfrutó de un préstamo ordinario de 19 millones de euros a cinco años (puesto a disposición el día 18 de marzo de 2021) y de un préstamo participativo de 34 millones a siete años de plazo (sellado el 10 de agosto de 2021),

Entre abril de 2021 y enero de 2023 no fueron llamados a declarar los responsables de la SEPI, que fueron objeto de las demandas. Tampoco pasaron por el juzgado los responsables de la aerolínea, pese a resultar investigada. El cierre del caso fue ordenado una vez que la Audiencia Provincial de Madrid revocó la referida imputación de Plus Ultra al entender que se hizo fuera del plazo procesal, cuando la instrucción había expirado en su plazo de 12 meses sin que se activara una prórroga.

Si ahora se persigue un presunto blanqueo de capitales, tres años atrás el auto de sobreseimiento del caso Plus Ultra, firmado por la jueza Esperanza Collazos, señaló que “no aparece debidamente justificada la perpetración” de una larga lista de delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias. Y por entonces se determinó que el consejo gestor de la SEPI no tuvo “capacidad decisoria sobre el tema de la subvención acordada”, siendo su única misión elevar al Consejo de Ministros la concesión de la ayuda por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

Empresa en funcionamiento

Plus Ultra recibió la inyección de dinero público el 9 de marzo de 2021, en lo que el tribunal tampoco vio una decisión arbitraria ni contraria a la normativa sobre la obtención de subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas. En este punto, la compañía tuvo que defenderse de acusaciones de falseamiento de su estado financiero previo a la pandemia para poder acceder a la ayuda pública.

Dos de las condiciones para lograr financiación estatal fueron la de ser considerado un actor estratégico para la economía y estar en equilibrio patrimonial antes de que se expandiera el Covid-19. Las credenciales de Plus Ultra para demostrar que no caminaba como un zombi antes de la pandemia fueron el crecimiento del 47% en los ingresos en 2019, sus 345 empleados, y una operativa estable entre Madrid y destinos como Lima, Caracas, Quito o Guayaquil. La propia SEPI y las consultoras Deloitte y DC Advisors constataron que se trataba de una empresa en funcionamiento.

Durante la instrucción del caso se trató de verificar si se cumplían las condiciones establecidas en la Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, en que se estableció el funcionamiento del FASEE. Se practicaron periciales y hubo un careo entre peritos judiciales y personal de la SEPI, de los que la juez concluyó que no se dio una ocultación de datos “con el ánimo de defraudar”. Pese a ello, también quedó claro que la contabilidad suscitaba dudas por falta de transparencia, un extremo contra el que la dirección enarboló distintas auditorías externas aclaratorias.

La apertura de este caso en abril de 2021 hizo que se paralizara el controvertido rescate en julio de ese año, cuando estaban pendientes de transferirse 34 millones de euros. El juzgado debía tener claro que el destino del dinero era realmente el pago a acreedores (se puso en duda un pago a realizado a Petróleos de Venezuela), pero primó el interés general. El juez de guardia Jaime Serret consideró en agosto de ese 2021 que la congelación de esa bolsa millonaria, en forma de préstamo participativo, podía “suponer el riesgo de insolvencia definitiva” de la aerolínea, lo que derivaría en su caída y crearía “un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado”. Los 34 millones fueron liberados.

Plus Ultra sostiene a día de hoy que “la utilización de los fondos fue garantizar la continuidad de las actividades de la compañía, y el mantenimiento de los puestos de trabajo, asegurando el tiempo de recuperación de la situación presentada por la pandemia. El destino de los fondos, principalmente, se asignó al pago de deuda contraída con nuestros acreedores, pagos operativos, reembolso de pasajeros y capital de trabajo”. Y añade: “Gracias al préstamo recibido durante las primeras semanas logramos reincorporar al 100% de nuestros empleados afectados por el ERTE”.

Con el estruendo del proceso judicial ya atenuado, Plus Ultra señaló al cierre de su primer ejercicio con soporte de la SEPI que estaba en la “senda correcta” para la devolución del préstamo. Su ejercicio fiscal concluye el 31 de enero, y en esa fecha de 2022 los ingresos ya estuvieron un 5% por encima de lo previsto en el plan de viabilidad que visó el FASEE; el resultado de explotación era un 10% superior al presupuestado, y el resultado neto estaba un 6% por encima. La empresa, eso sí, continuaba en pérdidas, como el resto del sector aéreo.

El negocio de Plus Ultra, enfocado hacia rutas de larga distancia, sufrió el cierre de fronteras al tráfico de viajeros, por lo que el plan de viabilidad elaborado a lo largo de 2020 se centró en potenciar líneas de actividad como son el transporte de mercancías y los vuelos chárter. Con el paso de los años y la fuerte recuperación de la demanda de vuelos, la compañía ha ido recuperando conexiones desde 2023: con una flotilla de seis aviones A330 de Airbus conecta con Lima, Caracas, Cartagena, Bogotá y Tenerife.