El juez Pedraz vuelve a pedir a Francia la detención y entrega del exjefe de ETA Josu Ternera

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado una orden europea de detención y entrega (OEDE o euroorden) contra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, el último gran jefe de ETA y actualmente en libertad vigilada en Francia a la espera de ser juzgado en ese país. El auto, fechado el pasado miércoles y al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que la petición se hace dentro de una de las dos causas que siguen abiertas contra Ternera en la Audiencia Nacional, la de la supuesta financiación de la organización terrorista a través de las herriko tabernas (locales a los que acuden simpatizantes de la izquierda abertzale radical).

La decisión se sustenta en un informe de la Guardia Civil elaborado en 2021 sobre el contenido de los equipos electrónicos que se intervinieron al exjefe etarra cuando fue detenido el 16 de mayo de 2019 en una localidad gala al pie de los Alpes, Sallanches. Tras conocerse este documento policial, la Fiscalía pidió el pasado julio ampliar el procesamiento de Urrutikoetxea en la causa con un nuevo delito, el de dirección de organización o grupo terrorista, al considerar que el mismo constataba que el jefe etarra dio órdenes en el seno de la organización hasta el anuncio de su disolución el 3 de mayo de 2018, siete años después del fin de los atentados. La defensa del Urrutikoetxea se opuso. Contra Ternera ya había dictada otra OEDE en la misma causa, además de una orden de extradición por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza.

El juez detalla ahora en su auto que de la documentación recuperada de los 14 dispositivos informáticos que se encontraron en poder de Ternera cuando fue arrestado se concluye que “el investigado, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención ha venido actuando como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA. No de otro modo puede explicarse la posesión de documentos, cuya tenencia estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes. No de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del gobierno de España. No se explica de otro modo, finamente, que fuera la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución”, recalca en su resolución judicial.

El informe de la Guardia Civil recogía, en concreto, el hallazgo de un ejemplar del denominado BKO (siglas en euskera de comunicación interna general), supuestamente elaborado para dar a conocer a los escasos integrantes de la dirección el resultado de la votación de la consulta a la militancia sobre la disolución. Los expertos antiterroristas recalcaban que ejemplares de esta publicación interna de ETA solo se habían incautado en tres ocasiones anteriormente y siempre a “dirigentes significativos” de la banda. También destacaba que al exjefe de ETA se le intervino un archivo con datos que fueron incluidos en el boletín en el que se recogía el proceso seguido para decidir “el futuro y trayectoria elegida para la propia organización terrorista”.

Los investigadores hallaron el ejemplar de abril de 2018 del Zutabe, el último de esta publicación, un documento dirigido a toda la militancia etarra para explicar los motivos que les habían llevado a abrir el debate sobre “el fin de ciclo” de ETA. En este documento, la organización reconocía haber realizado 2.606 atentados, entre ellos dos atentados que nunca había reivindicado. Los agentes también ponían el foco en unos audios de voz con la narración en euskera de unos cuentos que Urrutikoetxea grabó para enviar a su hija pequeña. El análisis realizado sobre este archivo por el Servicio de Criminalística del instituto armado ―que los comparó con registros de voz de Josu Ternera obtenidos de sus comparecencias públicas― concluía, sin género dudas y como siempre se apuntó, que fue Urrutikoetxea quien leyó la declaración de disolución de la banda en 2018.

Tras ser arrestado en Francia hace seis años y medio, Ternera ingresó en prisión, pero a finales de julio de 2020 un juez de París ordenó su puesta en libertad con una pulsera de control telemático y la obligación de residir en la capital francesa. 11 meses después, la justicia gala relajó estas medidas y le permitió trasladarse a la localidad francesa de Anglet (departamento de Pirineos Atlánticos), donde residían su pareja y su hija, dejando como única medida cautelar la de presentarse tres veces por semana en la comisaría más cercana a su nuevo domicilio. En la actualidad, solo tiene que hacerlo una vez al mes, detallan fuentes jurídicas.

En la actualidad, Ternera tiene una causa pendiente en Francia en la que se le imputa un delito de asociación de malhechores con fines terroristas ―el equivalente al delito de integración en organización terrorista del Código Penal español― por su presunta pertenencia a ETA entre 2002 y 2005. Urrutikoetxea ya fue condenado en ausencia en 2010 a siete años de cárcel por estos hechos, pero el exjefe etarra lo recurrió tras su arresto y el Tribunal de Apelación de París le dio la razón y ordenó devolver el sumario al juez de instrucción para que comenzase de nuevo todo el proceso al considerar que las pesquisas judiciales estuvieron viciadas por unas “investigaciones minimalistas” iniciales y una orden de detención final “irregular”.

En España, su panorama judicial es más complejo. Cuando fue detenido en 2019, la Audiencia Nacional reclamó su entrega por cuatro sumarios. De ellos, solo dos han seguido adelante contra él. Uno es por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, de 1987, que dejó 11 muertos (incluidos seis menores y dos embarazadas) y 88 heridos, y por el que la Fiscalía le pide 2.354 años de prisión como presunto integrante de la dirección etarra que ordenó colocar el coche bomba que causó esa masacre. El otro es la de las herriko tabernas, la causa en la que el juez Pedraz ha dictado la nueva euroorden contra el exjefe de ETA.