El Gobierno acumula proyectos sociales en el último pleno del año para compensar la derrota de la senda presupuestaria

El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez se mueve en tres ejes en este nuevo momento crítico de la legislatura con la idea de aguantar lo máximo posible. El presidente le lanzó este martes un guante a Junts para que revise su salida del bloque de investidura. PSOE y Sumar han operado para llenar la semana que viene el último pleno de este periodo de sesiones con leyes sociales de muy difícil oposición, como la gran reforma de la dependencia y la ley de atención a la clientela, que contrarresten posibles varapalos de varios decretos económicos, fundamentalmente a la senda de estabilidad para los presupuestos, que se votará por segunda vez en el Congreso. El Ejecutivo someterá además a votación los reales decretos aprobados este martes en el Consejo de Ministros sobre la subida salarial a los empleados públicos y la ampliación del margen de gasto para los ayuntamientos, medidas en las que Junts y también el PP, tienen menos margen para oponerse.

La oposición del PP y Vox lleva prácticamente toda la XV legislatura asegurando que el Gobierno está paralizado, no gobierna y vive de espaldas al Parlamento. Junts, que había formado a trompicones parte del bloque de investidura, se desmarcó hace varias semanas de ese conjunto y anunció enmiendas a la totalidad para todo. Pero el Congreso vivirá el jueves de la semana que viene un pleno legislativo bien cargado.

La Junta de Portavoces aprobó este martes la agenda de ese pleno y en el mismo se discutirán varias leyes de máxima relevancia social y que afectan al bienestar de millones de personas y que más que probablemente volverán a contar con el apoyo también de Junts. El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, será otra vez uno de los grandes protagonistas de la jornada, como viene sucediendo desde hace unos meses, al ser el que defenderá otro proyecto más que previsiblemente de gran consenso o “de país”, como le gusta destacar.

El Congreso debatirá así la reforma de la ley de dependencia y discapacidad, que se aprobó en 2006, y que ahora quiere revisar profundamente la idea de la atención externa y en residencias a las personas con distintos tipos de necesidades para profundizar en un concepto de vigilancia y cuidados en los propios hogares.

Junts y PNV habían planteado enmiendas de totalidad, no el PP ni Vox, pero en el Ministerio auguran un gran respaldo sin atreverse a hablar de unanimidad, como sucedió la semana pasada con la convalidación del decreto de financiación con 500 millones para los enfermos de ELA. El pleno aprobará, más que previsiblemente, la ley de atención a la clientela, que interesó mucho a Junts, tuvo en principio algunos opositores y que ahora cuenta también con amplios apoyos.

El orden del día de esa última sesión ni es casual ni reportará solo buenas noticias al Ejecutivo. Será un reflejo del peligroso precipicio parlamentario en el que sobrevive el Gobierno desde el inicio de este mandato. El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de senda de estabilidad previo a los Presupuestos que la semana pasada ya tumbó el Congreso, con el voto en contra de PP, Vox y Junts, y nada hace indicar que vaya a ocurrir algo diferente la semana que viene. No está claro qué sucederá con el decreto sobre la subida de sueldo a los 3,5 millones de funcionarios, en el que fuentes del Gobierno ven muy difícil que el PP pueda situarse en el no. El Ejecutivo sí cuenta con que Junts refrende el que permitirá a los ayuntamientos más inversiones financieramente sostenibles. También irá un decreto de ayudas a la isla de La Palma.

Cuando en La Moncloa certificaron, tras la desbandada de Junts, que tendrían muchos problemas para sacar adelante, además de los Presupuestos del Estado, otras leyes importantes, optaron por priorizar la agenda social y medidas de muy difícil oposición, incluso para el PP. La mayoría de los socios de izquierdas llevan meses aconsejando apuntar por esa deriva para darle sentido a la legislatura, y armarse de argumentos ante próximas campañas, pero al Gobierno le ha costado y en algunos aspectos le sigue costando. Es lo que sucede con el agravado problema de la vivienda.

Sumar, Podemos, ERC, Compromís, EH Bildu y BNG insisten casi semanalmente en que las próximas elecciones se juegan en gran parte en ser valientes al aprobar medidas que palíen esa carencia de vivienda, en especial para los jóvenes. Sánchez avanzó este martes que llevará a un próximo Consejo de Ministros un real decreto para crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o familias vulnerables. Sumar, la formación que lidera Yolanda Díaz, lleva tiempo reclamando al PSOE que apruebe la prórroga de los contratos de alquiler firmados durante la pandemia, con precios mucho más bajos a los actuales. “El problema de la vivienda no puede abordarse sin dar una respuesta a la crisis de los alquileres. Podemos dar tranquilidad y alivio a más de 300.000 familias con la moratoria de los contratos de alquiler. Ya hemos presentado el real decreto para hacerlo, el PSOE sólo tiene que tramitarlo”, sostienen en Sumar.

Ione Belarra, la secretaria general de Podemos, resultó de nuevo mucho más expeditiva en sus advertencias: “Lo que va a tumbar este Gobierno no es ni Junts ni la derecha, va a ser la crisis de vivienda. Un tsunami que no están viendo venir. Las concesiones que se están haciendo a Junts son muy peligrosas en materia de multirreincidencia y okupación. Me parece que comprar su agenda ultra, racista y de vivienda es un error y que la única manera de atar esta legislatura era diseñar unos objetivos en materia de democratización, de avance social a los que Junts no pueda oponerse porque en Cataluña tienen un apoyo mayoritario”.