El juez que investiga los contratos de emergencia sanitarios en Andalucía cita a una consejera de Moreno

El juez José Antonio Gómez, que investiga los contratos de emergencia en Andalucía, ha citado como testigo a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, para que aclare si cuando era viceconsejera de Salud solicitó en 2020 el cambio de fiscalización de dichos convenios. El Gobierno andaluz eliminó la fiscalización previa de los contratos de emergencia sanitarios en plena pandemia para que el análisis fuera a posteriori. La decisión fue relevante porque afectó a convenios por 242 millones con la sanidad privada y fue tomada sin los informes previos preceptivos, solo con una petición verbal de García al exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, que también ha sido citado como testigo, en el llamado Consejillo, la Comisión General de Viceconsejeros que prepara los contenidos que acaba aprobando el Consejo de Gobierno.

El magistrado, titular del Juzgado 13 de Instrucción de Sevilla, ha dictado una providencia para citar a García y Ochoa como testigos el próximo 20 de enero después de que lo solicitara esta semana la Fiscalía Anticorrupción. Dado que comparecen como testigos, ambos están obligados a decir la verdad ante el juez, la Fiscalía y las acusaciones personadas en el caso.

El objetivo de ambas declaraciones es aclarar cómo procedió el Ejecutivo andaluz al cambio de fiscalización de los contratos de emergencia, dado que se hizo en el Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020 supuestamente a la carrera, sin los informes técnicos y la preceptiva memoria de la Intervención General y sin la propuesta de la Comisión General de Viceconsejeros. Esto es, el órgano decisorio del Gobierno de Juan Manuel Moreno omitió el procedimiento debido y basó el cambio de fiscalización solo en un comentario o sugerencia verbal entre viceconsejeros, según el testimonio de Martínez, ex interventora general de la Junta.

La Fiscalía Anticorrupción ya reclamó hace un año al Gobierno andaluz el expediente completo tramitado para aprobar la conversión de la fiscalización de los contratos investigados, pero la Presidencia del Ejecutivo alegó haberlo aportado, aunque no tuviera los informes técnicos. El tiempo ha demostrado que dichos informes preceptivos presuntamente nunca existieron, tal y como reconoció la viceconsejera de Economía y Hacienda. Está por ver qué versión ofrecen al respecto García y Ochoa el próximo enero.

Martínez adujo ante el juez que en 2020 recibió como interventora general presiones de sus subordinados para que la fiscalización previa se flexibilizara y se hiciera a posteriori mediante el control permanente financiero, por lo que se minimizaba el control fiscalizador del gasto, según fuentes del caso presentes en su interrogatorio. “Solo ese año tuvimos en Andalucía 6.700 fallecidos y 30.000 ingresados en los hospitales. Muchos de ellos, cercanos a mí”, justificó la viceconsejera a su salida del juzgado.

Pero la viceconsejera eludió un detalle muy relevante que sí confirmaron las dos interventoras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que hace 10 días también declararon como testigos: entre marzo, cuando se declaró la pandemia, y el 6 de octubre, cuando el Consejo de Gobierno aprobó el cambio de fiscalización, la Intervención General, el cuerpo de élite que examina todos los gastos del Ejecutivo andaluz, emitió dos informes de reparo que paralizaron parte del gasto porque lo consideraban ilegal.

Por tanto, estos reparos de los interventores son un indicio relevante que explicaría por qué el Ejecutivo decidió cambiar la fiscalización a posteriori, a sabiendas de que la Intervención lo consideraba ilegal, como luego pusieron de manifiesto los informes de control entre 2021 y 2023 que analizaron el gasto de esos 242 millones cuestionados ahora por la investigación judicial.