Andalucía adjudicó contratos millonarios de emergencia que luego estimó ilegales

El Gobierno andaluz (PP) ya consideró la pasada primavera que uno de los contratos de emergencia sanitarios diseñados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que investiga un juzgado de Sevilla no se ajustaba a la legalidad. El Ejecutivo tenía previsto pagar con los fondos europeos Feder los 47,5 millones de la segunda reforma del Hospital Vigil de Quiñones en la capital andaluza, pero el verificador del gasto de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos estimó indebida la fórmula de emergencia empleada por el SAS para adjudicar los trabajos sin la publicidad necesaria para una obra pública. Ante ese rechazo, el Gobierno autonómico evitó acudir a la Comisión Europea y finalmente ha abonado esa cantidad con fondos propios.

El juez José Antonio Gómez, titular del Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, investiga los contratos de emergencia por 242 millones firmados por el SAS con empresas privadas entre 2020 y 2024. El magistrado mantiene imputados a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, pero la causa no contiene aún indicios sólidos que apunten a una supuesta malversación. Ahora el criterio del verificador de la obra del hospital sevillano y los informes críticos de la Intervención General de la Junta al respecto podrían enfilar esa dirección, por un mal uso de fondos públicos, cuestión que el Gobierno andaluz ha despreciado desde el arranque del caso hace más de un año.

“No queda suficientemente acreditado el carácter de emergencia de la actuación, en los términos fijados en el citado artículo 120 de la Ley 9/2017 [de contratos del sector público]. Estaríamos ante el supuesto recogido en la irregularidad número 1 (…) en caso de incumplimiento de las normas aplicables a la contratación pública”, constata en su informe de principios de 2023 el verificador encargado de visar la obra del antiguo hospital militar sevillano. La Junta inauguró este centro hasta cuatro veces entre 2021 y 2023 para ensalzar su gestión de la pandemia del covid-19 tras una inversión total de 74 millones. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha puesto como ejemplo de su gestión y defensa de la sanidad pública andaluza al Hospital Vigil de Quiñones, frente a las carencias de la etapa socialista. Hoy el centro tiene todas sus UCI cerradas y parte de su material se ha llevado al Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza.

El verificador de la firma KPMG, contratada por la Dirección General andaluza de Fondos Europeos y cuyo criterio asume la Consejería de Economía, desaprobó el gasto de los 47,5 millones, una quinta parte del gasto total que investiga el juez Gómez, porque contraviene la ley de contratos del sector público. Esa es la clave de toda la causa judicial: determinar si la decisión de contratar 242 millones con la sanidad privada y obras del SAS mediante la contratación de emergencia por la pandemia estuvo o no justificada, si fue fraudulenta como estiman las acusaciones, o legal como defiende el SAS.

Una portavoz de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos confirmó este miércoles que la Junta abonó finalmente los 47,5 millones para obra y equipamiento clínico invertidos en 2021 y 2022 en el antiguo hospital militar, y que pretendió incluir en los fondos Feder. “La segunda fase de las obras se hizo autofinanciada”, informó por escrito.

La secuencia de hechos es la siguiente: el Servicio Andaluz de Salud pidió sufragar la segunda reforma del antiguo hospital militar de Sevilla con los fondos europeos Feder 2014-2020. Cuando la Dirección General de Fondos Europeos autorizó el dinero, el Ejecutivo pagó las obras y el equipamiento clínico necesario. A continuación, el verificador del gasto tumbó la subvención europea prevista por estar concedidos mediante la fórmula de contratación de emergencia. Y por último, la Junta aceptó el dictamen que revocó la previsión de imputar los 47,5 millones a Bruselas y pagó la obra con fondos propios.

El verificador rechazó el 100% del gasto y consideró elegibles cero euros del total empleado porque, pese a que el SAS invitó a nueve empresas a pujar por las obras, “no se tomaron medidas de publicidad adecuadas para garantizar que empresas de otros Estados pudieran concurrir”. Es decir, no se informaron ni publicitaron de manera clara dichos trabajos, tasados en casi 50 millones.

La figura del verificador “es la primera barrera para que el gasto llegue a Europa lo más limpio posible”, explican fuentes del caso. Tras la verificación que hacen las autonomías, la Secretaría de Estado de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda recoge los fondos propuestos por las 17 regiones para elevarlo a la Comisión Europea, y tras certificarlo Bruselas se hacen auditorías de operaciones a posteriori. “Por el alto importe de 47 millones, de haberlo elevado habría caído seguro en la auditoría de la Intervención General”, precisan estas fuentes.

La única condición que justifica la contratación de emergencia, según la ley, es cuando la Administración está obligada a actuar “de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”. Solo así puede contratar “libremente” e ignorar la ley de contratos del sector público. Pero el verificador y la Consejería de Economía consideraron que el SAS no podía acogerse a una situación catastrófica para reformar por segunda vez el antiguo hospital militar sevillano.

Ante el rechazo del gasto, el ex director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, cesado el pasado marzo, rebatió que la corrección propuesta del gasto al 100% ―y no del 25%― debía ser impugnada. Miranda pedía a las instancias de control ser “racionales” para interpretar la aplicación de la contratación de emergencia conforme “al contexto y la realidad social en la que con esta crisis sanitaria, desconocida para nuestra generación”, y que condicionó la actuación de la Consejería de Salud y Consumo. “La evolución de la pandemia ha demostrado que las previsiones eran meras expectativas, pero la realidad era verdaderamente imprevisible (…) La actuación extraordinaria que ha representado la pandemia de covid-19 ha demostrado que, hasta para la contratación de emergencia, las normas generales se quedan cortas”, adujo en su informe de junio de 2022.

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos desechó los argumentos de Miranda y finalmente consideró que el gasto no debía elevarse a Bruselas porque era impropio y se pagó con cargo al presupuesto del Ejecutivo andaluz. En paralelo, la Intervención General de la Junta, formada por un cuerpo de élite de funcionarios para fiscalizar todos los gastos del Ejecutivo, ha sancionado la segunda fase de las obras en dos informes distintos.

“La excepcionalidad creada en el año 2020 con la aparición de la pandemia, no era la misma en 2021, y no se justifica el empleo de este tipo de contratación, cuya larga duración no puede estimarse como vinculada a resolver una necesidad perentoria e inmediata, que permita prescindir de los principios esenciales de la contratación pública, al haberse convertido la situación en algo más previsible y por tanto no acorde con la naturaleza de la contratación de emergencia”, criticó el informe de control financiero permanente de la contratación de emergencia del SAS del año 2021. Y el informe correspondiente a los años 2022 y 2023, abundó: “Por la propia naturaleza excepcional de los contratos de emergencia, estos no pueden ser objeto de prórrogas o de sucesivas fases, que supongan una quiebra del requisito de inmediatez y de la obligación de acudir a los procedimientos ordinarios previstos en la ley de contratos del sector público”.

En diciembre de 2022 la Comisión Europea llevó a cabo una auditoría horizontal sobre varios programas españoles en relación con uso del procedimiento de emergencia para adjudicar contratos públicos. Bruselas dictaminó que al utilizar el procedimiento de emergencia, “la competencia se ve gravemente limitada o está ausente” porque no existía publicación previa, y solo estaba justificada en casos de urgencia por acontecimientos imprevisibles para poder ser compatible con las directivas de la Unión Europea, por lo que retiró diversas subvenciones previstas para los fondos comunitarios.

En el caso judicial de los contratos de emergencia, el PSOE requirió como acusación la semana pasada al juez que exigiera al SAS la aportación del expediente completo de las obras del antiguo hospital militar. Y el pasado lunes el magistrado firmó una providencia para ordenar al Servicio Andaluz de Salud que entregue la documentación que falta en el expediente y así despejar las dudas. Esta exigencia del juez evidencia que el SAS no ha enviado toda la documentación sobre los contratos de emergencia al juzgado, extremo que el Gobierno andaluz ha negado.

En paralelo, después de que hace dos semanas el PSOE denunciara que el SAS había eliminado pruebas de supuestas falsedades y pidiera que la Guardia Civil entre en la sede del organismo público para incautarse de toda la documentación posible, la Fiscalía Anticorrupción ha pospuesto pronunciarse al respecto. El ministerio público considera que antes deben celebrarse las declaraciones de testigos e imputados los próximos 18 y 25 de noviembre, y a continuación “podrá valorarse más oportunamente la pertinencia de las peticiones [del PSOE]” y decidir si es necesario que la Unidad Central Operativa se incaute de los ordenadores del SAS, reza el escrito de Anticorrupción fechado el pasado viernes.