Un agricultor destruye las ruinas de un castillo protegido del siglo XII en Salamanca: “Hay culpa de las administraciones”

Un agricultor ha destruido los restos de un castillo protegido del siglo XII en Salamanca. La memoria patrimonial de aquellos siglos de pugnas entre reinos e invasores ha desaparecido pese a tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1949. El implicado alega que él compró la parcela y que en las escrituras no constaba que allí hubiera ninguna edificación antigua, aunque salte a la vista y la silueta del castillo de la Torre Mocha adorne la bandera de Pelabravo, ayuntamiento de esa pequeña pedanía, Naharros del Río, muy cerca del Tormes. Por eso tiró de maquinaria y destruyó este legado para escándalo de las asociaciones patrimoniales, disgusto consistorial y vecinal y que la Junta de Castilla y León vaya a llevarlo a la Fiscalía. La Junta no lo tenía ni registrado en su listado de BIC. La presidenta de la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio en Salamanca, Isabel Muñoz, se resigna ante la existencia de casos similares, lamenta la inacción institucional y denuncia el modelo de cuidados patrimoniales: “No se puede dejar el patrimonio en manos de la ciudadanía a la hora de cumplir la ley”.

Los hechos se constataron el pasado 16 de octubre, informa Efe, al denunciar el Ayuntamiento de Pelabravo al servicio territorial de Cultura y Patrimonio el arrasamiento de esos restos, totalmente eliminados pese a rondar el millar de años. La alcaldesa, Mayte García (PP), ha asegurado que en cuanto supieron de los planes del labriego, trataron de impedirlo pero ya era tarde y se había consumado el desastre.

La Junta de Castilla y León (PP) ha anunciado que llevará próximamente a la Fiscalía la destrucción de las ruinas mientras se intenta dilucidar lo ocurrido. De momento consta que el propietario adquirió recientemente el terreno, de tipo agrícola, y pese a la evidencia de que allí había el esqueleto de una vieja fortificación alegó que en los documentos no figuraba tal construcción, con protección especial, y procedió a eliminarla. Ahora no quedan más que un terreno liso y capas de polvo.

La presidenta de la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio en Salamanca reacciona con indignación al preguntarle por el asunto. “Es una más, Castilla y León por desgracia está siempre con lo mismo. Hay culpa in vigilando de las administraciones públicas, cuando decimos que un bien es BIC significa que tiene máxima calificación de un inmueble, los castillos son BIC desde 1949 y fueron ratificados en 1985”, señala la experta, acusando tanto al Ayuntamiento por la inacción como a la Junta por no inspeccionar el correcto mantenimiento de los inmuebles o elementos valiosos. Y también al Estado, porque en última instancia es quien declara esos valores.

“Las comunidades deben vigilarlo pero son ruinas de un castillo no consolidadas, en ese caso no se hubieran ido destruyendo con los años, ahora va un señor y lo aplasta”, censura Muñoz, recriminando que habitualmente la Junta carece de “labores inspectoras” para que los múltiples BIC o elementos reseñables del territorio cuenten con la atención deseable y, como marca la ley, se abran al público al menos una vez a la semana. “La Ley de Patrimonio no se cumple, especialmente en el medio rural, primero tiran y luego preguntan, ahora queda hecho polvo”, detalla, molesta porque ahora la Junta habla de “abrir expediente y poner sanciones” pero, según ella, en muchos casos ni siquiera hay funcionarios para tramitar estos castigos. Más importante que las sanciones, afirma, sería mantener un adecuado sistema de control de estos BIC: la Junta no tenía registrado este inmueble en sus listados provinciales.

“Lamentamos una pérdida más, las administraciones recargan su competencia a los ciudadanos. Si unos restos o cualquier bien inventariado o BIC no son lo bastante queridos por los vecinos, o no hacen crowdfunding [campañas populares de recaudación de fondos para restauraciones], lo dejan abandonado a su suerte”, censura la activista por el cuidado patrimonial ante los muchos episodios “de que llegue alguien en propiedades privadas y por ignorancia o mala fe metan la pala y se acabó el bien”. “Es un caso más que sumar, por desgracia, el futuro no pinta bueno para el patrimonio, dependemos de la buena voluntad de la ciudadanía. Quieren implicar a los vecinos para quitarse el muerto de encima, como tenemos mucho y cuesta mucho no exigen ni inspeccionan nada”, sostiene la salmantina acerca del suceso de la Torre Mocha de Naharros del Río, en Pelabravo, y los casos similares que suelen darse en Castilla y León, donde abunda el patrimonio valioso pero abandonado en localidades con pocos vecinos o sin capacidad de mantenerlos.

Castilla y León es la comunidad con más bienes patrimoniales en riesgo recogidos por Hispania Nostra, una plataforma que recopila inmuebles o espacios históricos desatendidos o en peligro de ser dañados. La comunidad cuenta con 450 elementos en la lista roja, esto es, amenazados por la desatención, y otros cinco que se han retirado del cómputo “al haber desaparecido o haberse alterado sus valores esenciales de manera irreversible”.