El Supremo reclama al Parlamento Europeo que levante la inmunidad de Alvise para investigarlo por financiación irregular de su partido

El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha pedido este miércoles que se reclame al Parlamento Europeo el permiso necesario para investigar al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, por, supuestamente, recibir 100.000 euros de un empresario para financiar la campaña las últimas elecciones europeas de su agrupación electoral, Se Acabó la Fiesta (SALF). El suplicatorio se dirigirá al presidente de la Eurocámara a través del presidente de la Sala Penal del Supremo y de la presidenta del alto tribunal.

Es el segundo suplicatorio que eleva la Sala Penal por Alvise, quien tiene abiertas cuatro causas en el alto tribunal. En julio pasado, la Sala Penal ya pidió el suplicatorio para investigar al líder ultra por, supuestamente, acosar en redes a la fiscal contra delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Además, el Supremo investiga al eurodiputado por difundir una prueba falsa de Covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad Salvador Illa; y por supuestos delitos de revelación de secretos y acoso a Diego Solier y Nora Junco, dos eurodiputados que se presentaron con él a las elecciones europeas de 2024 y acabaron querellándose contra quien fuera su jefe de filas.

De todas las causas abiertas, la que se centra en la supuesta financiación ilegal de SALF es la que le atribuye delitos más graves. En un auto dictado este martes, el magistrado Sánchez Melgar recuerda que los hechos investigados se basan en la denuncia que presentó en la Fiscalía el empresario Álvaro Romillo, quien aseguró que Alvise le pidió dinero para financiar su partido, pero, según el juez, lo hizo “de forma oculta, sin constar en documentación alguna, ni reflejarse en su contabilidad”; a cambio, señala el instructor, Romillo le pidió “influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo”.

Los detalles de ese pacto, según ha constatado la policía judicial, se fueron fraguando mediante mensajes de móvil. Fue una tercera persona, “comisionado” de Romillo, señala el instructor, quien llevó a cabo la entrega del dinero a Alvise en una mochila, que contenía 100.000 euros en billetes de distinto valor. El líder ultra guardó el dinero en su casa y gastó, aproximadamente la mitad, en viajes y comidas y otros gastos vinculados a su agrupación electoral, añade el instructor.

El líder ultra aseguró en su declaración ante el juez en julio pasado que Romillo le dio el dinero como pago por una conferencia en el hipódromo de Madrid durante un acto organizado por el empresario, una justificación que Sánchez Melgar considera “a todas luces, poco verosímil”. El instructor recuerda, además, que el informe hecho por la policía judicial del teléfono móvil intervenido a Romillo acredita los indicios de una presunta financiación irregular, ya que se ha recibido dinero por encima de 50.000 euros, que constituye un delito tipificado por el Código Penal.

“No se documenta, se mantiene opaco, y se utiliza para fines electorales, lo que supone una forma de proceder que desequilibra el buen funcionamiento electoral”, explica el magistrado, que considera que los hechos que se investigan encajan con supuestos delitos de financiación ilegal de partidos políticos (artículo 304 bis 1 del Código Penal) y delito electoral, recogido en el artículo 149.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.