La exalcaldesa de Cartagena defiende en el juicio la recalificación de terrenos protegidos junto al Mar Menor para 10.000 viviendas

La exalcaldesa de Cartagena, exdiputada y exsenadora del PP, Pilar Barreiro, ha asegurado que el Ayuntamiento de la ciudad siguió todos los pasos que establece la ley en el procedimiento para recalificar cerca de 600 hectáreas junto al Mar Menor, unos terrenos protegidos medioambientalmente en los que se pretendía impulsar un desarrollo urbanístico conocido como Novo Carthago. Se trata de un pelotazo de comienzos de siglo que finalmente no llegó a ejecutarse por el estallido de la burbuja inmobiliaria y por las reticencias planteadas desde la Unión Europea.

Barreiro ha declarado este miércoles como testigo en el marco del juicio, que arrancó la semana pasada en la Audiencia Provincial de Murcia, contra siete ex altos cargos del Gobierno murciano durante el mandato del popular Ramón Luis Valcárcel. Se les acusa de modificar leyes urbanísticas para promover una macrourbanización en terrenos naturales protegidos junto al Mar Menor. Este proyecto Novo Carthago preveía la construcción de unas 10.000 viviendas, dos campos de golf y varios hoteles en una zona conocida como Saladar de Lo Poyo en el término municipal de Cartagena, en terrenos no urbanizables y que estaban protegidos como Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Paisaje Protegidos, y formaban parte de la Red Natura 2000.

Para poder llevar a cabo el proyecto, el Ayuntamiento de Cartagena, bajo la alcaldía de Barreiro, modificó el plan general de ordenación urbana (PGOU) y, en paralelo, las consejerías con competencias en medio ambiente y urbanismo reformaron el plan de ordenación de recursos naturales (PORN), unas modificaciones que la Fiscalía considera que suponen delitos de prevaricación.

Barreiro ocupó la alcaldía de Cartagena desde 1995 hasta 2015, año en que ya había comenzado la instrucción judicial de este caso en el que estuvo imputada. Desde 2008 era además diputada en el Congreso, por lo que estaba aforada cuando comenzó la investigación. Declaró ante el Tribunal Supremo, que en mayo de 2015 archivó los cargos contra ella y descartó “todo vestigio de indicio del delito imputado” de prevaricación. Barreiro fue también senadora entre 2016 y 2018, cuando abandonó su escaño en el grupo del PP al estar envuelta en otra trama de corrupción, la Púnica, de la que también fue absuelta.

En su declaración de este miércoles como testigo, de apenas cinco minutos de duración, la exdirigente popular ha insistido en que todo el procedimiento fue acorde a la ley y ha reconocido que sabía que el desarrollo estaba proyectado en un espacio de valor ambiental. Al resto de cuestiones planteadas por el fiscal sobre las modificaciones en el plan urbanístico de Cartagena y las dificultades de recalificar como urbanizables terrenos que eran regadíos agrícolas y otros protegidos como el saladar, se ha limitado a contestar que no recordaba nada. “Han pasado 23 años”, ha alegado.

Más allá de esta consideración, ha señalado que nunca habló con el entonces consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, principal acusado en este caso, sobre la necesaria modificación del plan de ordenación de recursos naturales ni del proyecto en sí, del que ha dicho que era interesante para el municipio por su envergadura y la gran inversión que suponía.

En la sesión de hoy han declarado también varios funcionarios de la Administración regional, entre ellos, el que fuera jefe del servicio de Ordenación y Gestión de Recursos Naturales, que firmó varios informes que se utilizaron para elaborar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto y en los que se informaba en contra de la urbanización de los terrenos. En caso de llevarse a cabo la reclasificación, el informe sugería que se tomaran medidas compensatorias y proponía también que llevaran a cabo restricciones en la llegada de visitantes a la zona para evitar daños en el medio natural, según ha explicado.

En la misma línea, la entonces jefa del servicio de Información e Integración Ambiental, ha señalado que ese informe se limitaba a aplicar la normativa ambiental, no la urbanística. Ha indicado también que se generaron importantes dudas sobre si se debía aplicar el PORN que había sido modificado en esos años para dar vía libre al proyecto, o el anterior a la modificación. Se planteó la cuestión a los servicios jurídicos, aunque no se recibió respuesta. Esas dudas, ha recordado, se plantearon en una reunión que ha calificado como “extraña”, que se llevó a cabo “de pie” y en la que tuvo la sensación de que el consejero Cerdá, principal imputado en este caso, quería que se aclarase ese asunto.

Además de este exconsejero, para el que el fiscal pide una pena de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación por un supuesto delito de falsedad en documento público y otro continuado de prevaricación, está acusado el que fuera titular de la Consejería de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, y otros cinco exdirectores y subdirectores generales de la época. Está previsto que el juicio se prolongue hasta mediados de noviembre y entre los testigos que aún faltan por declarar destaca el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel. También llegó a estar imputado en este caso, aunque finalmente se archivaron los cargos contra él.