Francia, pionera de la inclusión del aborto en la Constitución con el apoyo de Le Pen

La sala de Congresos del Palacio de Versalles solo acoge a los parlamentarios franceses en ocasiones excepcionales, cuando se van a inscribir cambios en la Constitución. Lo hizo el 4 de marzo de 2024, 16 años desde la última vez. Ese día Francia inscribió el derecho al aborto en la ley fundamental de 1958 y se convertía en el primer país del mundo en hacerlo, gracias al consenso de la mayoría de los partidos políticos.

Este hito histórico se tramitó a través de un proyecto de ley constitucional, que permitía modificar la ley fundamental sin necesidad de convocar un referéndum. Un congreso extraordinario formado por diputados y senadores, y presidido por primera vez por una mujer, la presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, validó la decisión. Había recibido previamente el visto bueno de Congreso y Senado.

En Versalles votaron a favor 780 parlamentarios de 925, muy por encima de los tres quintos exigidos. Se abstuvieron 50, y 72 se pronunciaron en contra. Cuando acabó la votación, la sala estalló en aplausos y la Torre Eiffel se iluminó con la frase “mi cuerpo, mi decisión”. Cuatro días después, el 8 de marzo, coincidiendo con el día internacional de la mujer, se modificó formalmente el artículo 34, para introducir que “la ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a las mujeres de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”.

El proceso parlamentario se remonta a 2022, cuando el aborto se ilegalizó en algunos estados de EE UU. El presidente francés, Emmanuel Macron, planteó su intención de presentar este proyecto de ley para blindar este derecho. Ha sido de las pocas veces en los últimos años que una ley sale adelante en Francia sin debates agitados y con consenso, al margen de las etiquetas partidistas. Además de toda la izquierda y los partidos de centro y el macronista, votó a favor el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional.

Solo se opuso la extrema derecha de Eric Zemmour y algunos parlamentarios del partido conservador de Los Republicanos, que expresaron sus reticencias. Consideraban que no debía hablarse de “libertad garantizada”, sino únicamente de “libertad”, pues esto obliga al Estado a poner medios para hacerlo efectivo en la práctica, no sólo sobre el papel. Una minoría consideraba que este derecho no está amenazado y no era necesario inscribirlo.

El aborto estuvo prohibido en Francia hasta enero de 1975. Entonces se aprobó la llamada ley Veil, en referencia a la ministra de centro derecha Simone Veil. Fue la que promovió que se legalizara. Por primera vez, esta ley permitía a las mujeres abortar en un centro hospitalario, siempre y cuando fuera dentro de las primeras 10 semanas de embarazo. Desde entonces, la normativa se ha ido modificado, para ampliar los plazos y el acceso. Uno de los cambios más importantes tuvo que ver con las menores de edad. La ley Veil solo permitía el aborto en caso del acuerdo de uno de los padres. Desde 2022 no es necesario.

Inscrita sobre la Constitución, esta “libertad garantizada” de abortar sigue encontrando algunos obstáculos. Un informe del Senado publicado meses después de su inscripción, denunciaba un “acceso frágil y desigual”, con más dificultades en las zonas donde hay menos hospitales y profesionales de la salud. El 17% de las mujeres se ven obligadas a someterse a esta intervención en un lugar diferente a donde residen.

Unas 250.000 mujeres interrumpieron voluntariamente su embarazo en 2024, 7.000 más que en el año precedente, según cifras de la dirección de investigaciones, estudios y evaluación de estadísticas (Drees). Tanto la intervención como los gastos asociados son reembolsados por la Seguridad Social.

Otro informe parlamentario previo constataba otros problemas que, en la práctica, tienen las mujeres que quieren abortar: dificultades para obtener una cita médica, los discursos que las culpabilizan o la cláusula de conciencia de los médicos. Los sanitarios que no quieran practicar abortos pueden acogerse a esta cláusula y negarse, pero tienen que comunicarle a la interesada sin demora qué profesionales sí están dispuestos a hacerlo. Un 27% de las mujeres que han interrumpido su embarazo en los últimos cinco años dice haberse encontrado con alguna negativa, según el Senado.

El pasado marzo el Senado inició el debate de otra ley, esta vez para reparar a las mujeres que fueron condenadas antes de que el aborto se legalizara. Según la diputada socialista Laurence Rossignol, ex ministra de Derechos de las Mujeres y promotora del texto, “se trata de una rehabilitación de la memoria, tras décadas de vergüenza y de silencio de muchas mujeres”.