Extranjería y corrupción, puntas de lanza del PP

La Declaración de Murcia sobre inmigración presentada por el PP este domingo no ha sido una improvisación de esta última semana, sino el fruto de trabajos y reflexiones continuados hasta tomar una decisión estratégica. La atención puede dirigirse a lo más controvertido, la inmigración irregular, para la que se hacen propuestas aparentemente diferentes de lo que ahora está en vigor. Pero el cambio que subyace en la reflexión de los populares trasciende a actuaciones sobre quienes no tienen papeles.

El PP quiere dar una nueva orientación a la inmigración. Su punto de partida es que la actual política “no funciona”. Detrás de sus deseos de cambio está la pretensión de dar prioridad a los latinoamericanos, por lengua y religión, o, al menos, de principios culturales y tradición similares. En esa órbita no está el Norte de África y el resto del continente.

La Declaración de Murcia sobre la emigración, la regular, está cargada de una fuerte crítica al Gobierno. En la dirección del PP se sostiene que España desarrolla una política migratoria contraria a la de la Unión Europea. No se tiene en cuenta que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo de mayo de 2024 fue firmado por socialistas y populares. El intento del PP español en el Parlamento Europeo para que se vigile al Gobierno por supuestas negligencias en su cumplimiento no ha tenido de momento respaldo. Ese pacto fue denostado por las organizaciones humanitarias, y las izquierdas, más allá de los socialistas, lo tachan de sumamente restrictivo.

El “efecto llamada” que supuestamente provoca el Gobierno español subyace también en el documento del PP. En ese terreno, la desinformación, mediante bulos, medias verdades y directamente falsedades, ha encontrado asiento dentro y fuera de las redes sociales.

En el propio texto del primer partido de la oposición hay ambigüedades u omisiones sobre las leyes vigentes. Así, la expulsión inmediata de un emigrante que delinca, que propugna el PP, es ya una realidad administrativa y judicial; también es una realidad que existen dificultades para llevarla a cabo. En cuanto a las condiciones para recibir el Ingreso Mínimo Vital, IMV, no es correcto interpretar que los migrantes irregulares lo perciben, como sugiere el PP. No es así. Este ingreso es para las personas que tienen residencia legal en España. Los irregulares no reciben “paguitas”, recalcan fuentes parlamentarias que preparan ya las respuestas con los datos sobre la realidad legal y administrativa, y la confusión y la desinformación a la que podría dar lugar la Declaración de Murcia.

Los migrantes irregulares que llegan en embarcaciones reciben cobijo y alimentos, pero no dinero. Los que entran por los aeropuertos tienen derecho a la asistencia sanitaria, al hacerla universal el actual gobierno, pero no son perceptores de ninguna paga.

La controversia está asegurada, pero apenas hay duda de que primará la gresca política sobre los datos o la discusión serena sobre la realidad migratoria. “Se ha descontrolado”, apuntó ayer Feijóo, si bien eligió el vocablo “desafío” para abordarla, despojándola de carga peyorativa al recalcar que España necesita a los inmigrantes. En paralelo, los populares tratan de distanciarse de la ultraderecha.

La inmigración, desde su perspectiva, y “la corrupción de la familia de Pedro Sánchez y del PSOE”, son dos asideros esenciales sobre los que el PP se mantiene fuerte. El Gobierno no es ajeno a la losa judicial que tiene encima. Aun así, los socialistas no pueden disimular su satisfacción por el acompañamiento internacional cada vez más nutrido a las posiciones de Pedro Sánchez sobre Gaza y Ucrania. La agenda europea lleva a los países miembros de la UE a continuar el debate de la semana pasada en Naciones Unidas sobre ambas catástrofes en la reunión del Consejo Europeo de Copenhague.

No es el asunto en el que el PP esté más cómodo. No vislumbraron los populares, y le generó cierta división, el movimiento paulatino de gobiernos de los principales países del mundo a posiciones parecidas a las del presidente español.