El sinuoso camino del hermano de Pedro Sánchez hasta el banquillo

“Indicios suficientes (...) sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas”. La decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de rechazar este martes los recursos presentados por David Sánchez, hermano del presidente; el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve procesados contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de mandarlos a juicio por la supuesta contratación a dedo en 2017 del familiar de Pedro Sánchez supone un aval a una investigación no exenta de polémicas. Las pesquisas partieron de una denuncia en la que había datos falsos, pero terminaron acumulando abundante documentación, miles de correos electrónicos y testimonios sorpresas. Estos son los hitos clave de una investigación que ha concluido con una acusación por prevaricación y tráfico de influencias contra David Sánchez por la que se enfrenta a una petición de pena de hasta tres años de cárcel.

El inicio. El 30 de mayo del año pasado, la jueza Biedma dictaba un auto por el que incoaba las diligencias previas 965/2024. Comenzaba el caso David Sánchez. Lo hacía a partir de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias ―la misma organización que había presentado otra contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, que propició también la imputación de esta― sustentada en informaciones publicadas en prensa. En la denuncia se aseguraba que el hermano del presidente no realizaba las funciones que tenía asignadas en la Diputación de Badajoz, que no acudía a su puesto de trabajo y que residía en Portugal presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en España. Además, afirmaba que David Sánchez había acumulado un patrimonio valorado en dos millones de euros, que calificaba de desproporcionado para el sueldo que percibía y su vida laboral anterior. A la causa se incorporaron más tarde también como acusación PP, Vox y los grupos Iustitia Europa, Hazte Oír y Liberum.

Los registros. El mismo día que incoaba las diligencias, la jueza reclamaba a la diputación “toda la documentación relativa a la contratación laboral” de David Sánchez, así como un informe sobre el proceso de selección para adjudicarle el puesto y “sus funciones esenciales y efectivo desempeño de las mismas, horario, salario y la existencia de autorización para la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo”. El organismo respondió con abundante documentación que la magistrada la consideró insuficiente, por lo que ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudir a la sede de la Diputación para volcar los correos electrónicos enviados y recibidos en las cuentas corporativas de nueve personas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022. Entre ellos, los del entonces presidente de la diputación y actual líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y del hermano de Sánchez. No sería el único registro. En septiembre. la magistrada ordenaba un segundo volcado, en ese caso de las cuentas de cinco personas más. El análisis de los miles de correos electrónicos intervenidos se terminaría convirtiendo en pieza clave de la acusación contra el hermano del presidente.

El puesto. La investigación se centraba en la supuesta adjudiciación irregular de un puesto de trabajo, el de coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, que la Diputación acordó crear en el otoño de 2016. La Guardia Civil admitió en uno de sus informes que no había podido concretar de quién partió la decisión de crear ese cargo, pero destacó en uno de sus informes que inicialmente se planteó con la categoría de gestor o jefe de servicio para acabar siendo de alta dirección, con un coste de 123.000 euros anuales. El documento policial también destacaba que un representante sindical ya entonces mostró reticencias a su creación al considerar que sus funciones estaban ya cubiertas por un funcionario de menor rango. Años después de ser adjudicado a David Sánchez, el puesto mutó y el hermano del presidente pasó a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según la Audiencia Provincial, el único fin de este cambio fue adaptar las condiciones del trabajo a las “exclusivas preferencias personales” del hermano del presidente, que cuando declaró por primera vez como imputado y se le preguntó por este último puesto titubeó en su “definición”, segun recordaron este martes en su resolución los magistrados.

Las fechas. Un informe de la Guardia Civil apuntaba a que el puesto se creó de modo apresurado en un día sin determinar anterior al 17 de octubre de 2016. En esa fecha hacía dos semanas que Pedro Sánchez había dimitido como secretario general del PSOE tras perder una votación en el Comité Federal ante sus críticos y su hermano “estaba terminando un máster en Milán y no tenía contrato de trabajo fijo”, según destacaba la jueza en el auto de procesamiento, en el que mostraba su convencimiento de que el puesto fue creado “a petición, seguramente, de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo que conocían dicha necesidad”. Siete meses después, el 19 de mayo de 2017, la diputación pacense publicaba las bases de la convocatoria para el puesto. En esa época, David Sánchez se encontraba “en plena búsqueda de empleo”, según la misma resolución judicial. Dos días más tarde, Sánchez era elegido por segunda vez como líder del partido socialista. Finalmente, en junio de 2017 el hermano del presidente era elegido entre otra docena de candidatos y el 3 de julio se materializaba su contratación. La jueza Biedma señalaba en auto de procesamiento que era bastante sospechoso que, aunque el empleo se había creado en 2016, “la petición de cobertura del puesto se realizó en el momento en que David Sánchez estaba buscando trabajo”.

El bulo. La denuncia inicial de Manos Limpias aseguraba que David Sánchez tenía un patrimonio valorado en dos millones de euros. Buena parte de este capital ―en concreto 1,4 millones de euros― estaba supuestamente en acciones del BBVA. Tres informes ­­―uno de la UCO, otro de la Agencia Tributaria y el último de la propia entidad financiera― desmontaron la acusación. La Guardia Civil aseguraba en un atestado del pasado noviembre que, si bien David Sánchez sí tenía participaciones de ese banco, la valoración que de las mismas hacía la acusación en su denuncia era un “cálculo erróneo” y que, de hecho, el importe de las mismas era muy inferior. Poco después, el BBVA certificó que aquellas acciones tenían a finales de junio de 2023 un valor real de 71.411 euros, muy lejos del que se les atribuía en la denuncia. Tras ello, la magistrada dio carpetazo a esta parte de las pesquisas.

El testigo sorpresa. Durante la investigación, el propietario de un apartamento de Badajoz en alquiler acudió a la Guardia Civil para aportar una información que este martes la Audiencia Provincial ha calificado como “de gran relevancia”. Esta persona aseguró que, en el verano de 2017, cuando aún no se había adjudicado el puesto bajo sospecha, contactó con él a través de una plataforma de pisos turísticos una persona que, utilizando un perfil con el nombre de Hermit, se mostró interesado en arrendárselo por un periodo de 3 o 4 meses. Hermit era el hermano del presidente. El testigo aseguró a la jueza que, al hacerse pública la investigación recordó aquel contacto y revisó los mensajes que intercambiaron. Los mismos se remontaban al 26 de junio de aquel año, “el día justo anterior a la entrevista que se le realizó a David Sánchez” para optar al puesto que finalmente se le adjudicó. En su declaración, el hermano del presidente explicó que contactó únicamente para obtener información sobre precios de alquiler en la ciudad y que no firmó nada. No obstante, la jueza concluyó que “en dicha fecha, parece ser que [el hermano del presidente] ya sabía que el puesto iba a ser para él, antes de que ni siquiera se hubiera entrevistado a todos los candidatos ni se hubiera propuesto a ninguno para la adjudicación del puesto, lo que no hace sino reforzar la tesis (…) de que el puesto fue creado para esta persona determinada”.

El amigo de La Moncloa. La causa, inicialmente abierta para investigar la supuesta adjudicación a dedo del trabajo a David Sánchez, se amplió después de que, al analizar los correos electrónicos intervenidos, la Guardia Civil encontrase un cruce de correos de él con Luis Carrero, un empleado del Palacio de la Moncloa que, en 2023, consiguió el puesto de jefe de la Sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas de la diputación pacense. Según esos mensajes, en 2022, mientras trabajaba en La Moncloa, Carrero pidió trabajo en Badajoz a David Sánchez con un correo electrónico que empezaba con un afectuoso “hermanito”. El familiar del presidente ha negado ante la jueza que él interviniera en la adjudicación del empleo a su amigo y ha justificado el cruce de mensajes que mantuvieron ambos ―y el tono de los mismos― en una relación personal de “más de 20 años” que hacía que entre ambos hubiera “un gran cariño”. En el auto en el que citó a ambos a declarar el pasado abril, la magistrada señalaba que la relación personal “muy cercana” entre ambos despertaba dudas en torno a la contratación del extrabajador de La Moncloa por el gobierno provincial pacense.

El aforado. La decisión de la jueza de mandar al banquillo al hermano de Sánchez se produjo solo unos días después de que el también procesado líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo ―que además de secretario general de los socialistas en la región era presidente de este órgano cuando se produjeron los hechos investigados― anunciase su decisión de abandonar este puesto e incorporarse como diputado a la Asamblea de Extremadura, lo que le otorgaba la condición de aforado. Ante las críticas, incluso desde su propio partido, Gallardo negó entonces que con esta maniobra quisiera conseguir este fuero especial e insistió en que daba ese paso porque la Cámara regional era el mejor lugar “para combatir al Gobierno” de la presidenta autonómica, la popular María Guardiola. La respuesta judicial fue un auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el que se rechazaba la posibilidad de que, como aforado, fuera juzgado por un tribunal distinto que el resto de procesados y en el que acusaba al político de intentar cometer un “fraude de ley o abuso del derecho” con su maniobra “apresurada y torticera”.

La exmilitante. La causa tuvo un último giro el pasado junio, cuando un juez de Badajoz ordenó abrir diligencias previas para investigar si había intentado influir en la causa contra David Sanchez la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, de la que semanas antes se había difundido un vídeo en el que intentaba convencer a un investigado por la Guardia Civil para que les pasara información comprometedora contra un alto mando de la UCO, unidad encargada de las pesquisas de cuatro casos que afectan al Gobierno y el PSOE. La decisión del juez se producía en respuesta a una querella presentada por la asociación ultracatólica Hazte Oír contra la exmilitante socialista y un exmagistrado, a los que acusaba de “sabotear” la causa contra el hermano del presidente. Tras la apertura de las diligencias, el magistrado acordó inhibirse en un juzgado de Madrid que había recibido otra denuncia contra Díez.