La mayoría de investidura da el primer paso en el Congreso para reformar la ley del Constitucional

Pese a los continuos vaivenes, la mayoría de investidura vuelve a encontrarse. En otra tarde complicada para el Gobierno —con el rechazo a una norma clave pactada entre PSOE y Junts—, los grupos que respaldan al Ejecutivo han unido sus votos (179 a favor y 170 en contra) para dar luz verde a la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional propuesta por el PNV. La iniciativa busca, según explica la formación jeltzale, “asegurar que los tribunales ordinarios no bloqueen los acuerdos políticos sobre los traspasos de competencias” y pide que la última instancia para estas cuestiones recaiga en el TC.

El partido defiende que los acuerdos adoptados entre el Gobierno español y el Gobierno Vasco en las comisiones bilaterales deben tener posibilidad de llegar al Constitucional. “Venimos a proponer con esta reforma el establecimiento de una relación de complementariedad, de subsidiariedad, entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional cuando estén sub iudice en la ordinaria acuerdos de Comisiones Mixtas de Transferencias y otros órganos con finalidad equivalente para determinar el alcance de las competencias autonómicas”, ha defendido en pleno el diputado Mikel Legarda.

La diputada de Podemos Martina Velarde, formación que previamente se ha posicionado en contra del traspaso de las competencias en materia migratoria a Cataluña, ha anunciado en el debate su respaldo a la norma “para que no se demore ni se dejen de cumplir los acuerdos bilaterales” con las comunidades. “No será Podemos sospechoso de no defender la soberanía de los territorios y el autogobierno”, ha afirmado después de que varios grupos nacionalistas le afearan su postura en el punto anterior.

Pese a la intención de respaldar la tramitación del texto, portavoces como Jon Iñárritu, de EH Bildu, o Josep Pagès, de Junts, han volcado sus críticas contra el propio TC. “De entrada no compartimos que el Constitucional deba ser el árbitro idóneo para resolver los conflictos de competencias. La experiencia de las últimas décadas nos ha demostrado que este tribunal es un tribunal de parte, un árbitro comprado”, ha afirmado el primero.

Mientras la socialista Rafaela Romero ha abogado pro “reforzar los mecanismos que hacen realidad el autogobierno como la mejor forma de asegurarla arquitectura constitucional sobre la que se ha construido la convivencia del país”, el parlamentario de Vox Ignacio Gil Lázaro ha propuesto suprimir el Constitucional “tal y como existe ahora” y tener magistrados que no dependan “de una disciplina partidista”. Una reforma, ha dicho, que emprenderán con la “Reconquista de España” que proclama el partido ultra.

La modificación de la ley se hace a través de una nueva disposición que establece que corresponderá al Tribunal Constitucional “el conocimiento de los recursos subsidiarios de delimitación competencial frente a las resoluciones judiciales que se pronuncien sobre los acuerdos de las comisiones mixtas de transferencias y de las juntas de seguridad del artículo 50 de la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las previstas en los correspondientes Estatutos de Autonomía”.