Lucha laboral eterna en la base militar de Rota: una empresa non grata, 50 despidos y siete años de huelga

David Real es plenamente consciente de que su trabajo no tiene nada de normal. Porque trabaja en un aeropuerto militar en una base militar española, la de Rota, para una compañía americana. Porque el equipaje especial que para cualquier colega de un aeródromo civil puede ser una bicicleta, para él es un misil. Pero sobre todo porque se siente víctima de una lucha laboral tan enrocada que ya lleva siete años en huelga contra una empresa que ya acumula unos 50 despidos y una declaración de non grata del municipio de Rota a la que pronto se sumará otra reprobación. “No hay día que no entre por la puerta del trabajo, que no sienta que pueda ser mi último día. Somos como trofeos de caza”, denuncia Real con una pasmosa resignación.

En cualquier empresa que cumpla la legislación laboral española más básica, Real difícilmente podría estar en una lista de despedidos porque es miembro del comité laboral. Pero en Louis Berger Aircraft Services Inc. (LBAS), la concesionaria del aeropuerto de la base desde 2013, el contexto es tan distinto que uno de los últimos destituidos, el pasado mes de julio, fue el presidente del comité (con mayoría de CC OO). “Han alegado uso fraudulento de horas sindicales. Me lo veía venir porque mi persecución venía de lejos. En estos años ya han despedido a cuatro miembros del comité”, explica el ya extrabajador, que pide anonimato por ahora mientras resuelve judicialmente su situación con la esperanza de que el cese se declare nulo.

“Las circunstancias que se están dando ahí en cualquier empresa de este país serían una barbaridad. No han tenido ni la más mínima consideración en cumplir las normas españolas”, denuncia Javier Arana, alcalde de Rota (PSOE), que ya en diciembre de 2020 auspició que el pleno del Ayuntamiento declarase non grata —con el apoyo de todos los grupos, salvo Vox— a la compañía. Cinco años después, el Ayuntamiento está a punto de renovar su veto, en el pleno del próximo 17 de septiembre, después de comprobar que la compra de Louis Berger por la firma estadounidense Versar no ha servido para resolver el conflicto laboral. EL PAÍS envió a la empresa el pasado 8 de septiembre, vía correo electrónico, un cuestionario de preguntas que no ha respondido. Este medio también se ha puesto en contacto con el despacho de abogados que le representa en España, que ha alegado no hacer comentarios como portavoz de sus clientes.

“Debemos ser una de las huelgas más largas del país, aunque tampoco se nota porque tenemos unos servicios mínimos abusivos del 90% por ser aeropuerto militar y porque la compañía tira personal de confianza y hasta de exmilitares norteamericanos para cubrirla”, explica expresidente del comité en referencia a los casi siete años de paros diarios de cuatro horas por turnos, a los que está llamada la actual plantilla de 190 trabajadores. Los sindicalistas denuncian que la Inspección de Trabajo ya ha levantado 30 actas de infracción por vulneración del derecho a la huelga. “Somos españoles de segunda y no podemos hacerla”, explica Jasson Berrios, otro de los empleados y secretario del comité.

Difícilmente los empleados podían imaginarse que iban a llegar a esta situación cuando, después de estar durante años bajo el mando de pequeñas empresas españolas, comenzara la negociación de un nuevo convenio en 2015, ya de la mano de la concesionaria norteamericana LBAS, contratada por la Armada de los Estados Unidos. Pero todo se torció cuando el comité rechazó la propuesta de máximos de la empresa: que la plantilla asumiese 45 despidos o se quedase en 15 cesados, siempre que la plantilla restante asumiese una reducción salarial equivalente al sueldo de los 30 que no se iban a despedir. “Ahí comenzó el acoso y hostigamiento que sigue hasta la fecha”, tal y como explica un detallado informe que los trabajadores han entregado al Ministerio de Trabajo español.

En estos años, el conflicto se ha ido enrareciendo a la par que el goteo de despidos no ha cesado. El comité estima que ya son casi 50 los contratos rescindidos, 25 de ellos por causas objetivas y, al menos, 13 por causas disciplinarias que han acabado en una amalgama de rescisiones procedentes, improcedentes o que han acabado en acuerdos extrajudiciales, además de dos más que la Justicia acabó declarando nulos. “Lo llamativo —explica Berrios— es que hoy en día somos hasta más que cuando ellos llegaron y eso que al principio argumentaron que la plantilla estaba sobredimensionada, pero han ido contratando a nuevo personal con el salario mínimo”.

Sin un nuevo convenio negociado sobre la mesa, en agosto de 2020 LBAS tomó por la calle de en medio y unilateralmente decidió comenzar a aplicar a los trabajadores el convenio marco estatal de handling de los trabajadores de aeropuertos civiles, pese a tratarse de uno militar. Eso supuso que la plantilla experimentase una merma salarial de más del 30% y que en torno a un centenar de empleados abriese una pugna en los tribunales aún no resuelta. “El camino del diálogo no lo entienden. En este tiempo, tenemos compañeros que se han divorciado, que han perdido custodias de sus hijos… El clima de laboral es de tensión, no conozco a ningún compañero que no esté en búsqueda activa de empleo para irse”, explica Real.

“Es una estrategia de desgaste a la plantilla, utilizando a su favor los plazos que les da la lentitud de la Justicia en España”, censura el comité en el mismo informe entregado a Trabajo. Es precisamente tanto a este Ministerio como al de Defensa —que, en su día, decretó los servicios mínimos de la huelga— a quienes los trabajadores llevan años pidiendo auxilio, sin aparente éxito, pese a haber mantenido reuniones con ambas instituciones. “Estamos hartos de que nos comprendan. Trabajo y Defensa se tiran la pelota. Parece como si la base no fuese española, pero lo es, o que nuestros derechos no existiesen ahí dentro”, apunta Berrios. Pese a no haber respondido a las preguntas de EL PAÍS, Defensa aseguró el pasado mes de diciembre ser “conocedor de la situación existente” y haber planteado a las autoridades estadounidenses “su preocupación siempre que ha tenido la oportunidad”, tal y como quedó recogido en la respuesta del Gobierno a la pregunta escrita realizada por Esther Gil de Reboleño, diputada por Cádiz de Sumar.

Arana les da la razón punto por punto. Tanto que en la última visita de verano de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, el pasado mes de agosto, medió para que tuviese un encuentro con los empleados. “Aquí no entendemos de colores políticos, unos dicen que es algo laboral, pero es muy complejo y concreto y que afecta a la Defensa nacional. Que por lo menos el Gobierno haga las gestiones necesarias”, apunta el alcalde. Mientras él hará su parte simbólica y, salvo sobresaltos, LBAS, ahora bajo el nombre de Versar, volverá a ser declarada non grata en el próximo pleno del Ayuntamiento de Rota, a la par del enésimo calendario de movilizaciones que plantea el comité. “Estamos agotados, ya como anestesiados, pero no vamos a rendirnos”, avanza David Real combativo.