La defensa de Begoña Gómez pide suspender su declaración del 11 de septiembre por motivos de agenda

La defensa de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que suspenda la declaración como investigada de la esposa del presidente del Gobierno prevista para el próximo 11 de septiembre y fije una nueva fecha, ya que ese día tiene fijado otro señalamiento en Arona (Tenerife).

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que la defensa envió el pasado 21 de agosto al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, después de que este acordara imputar a Gómez un presunto delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez como su asesora personal en La Moncloa. “Este letrado tiene señalada, con anterioridad al señalamiento efectuado por el citado auto de 18 de agosto, declaración el día 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona”, precisa Camacho. Por ello, solicita que “se acuerde la suspensión de las declaraciones testificales señaladas para el próximo 11 de septiembre, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica”. Al escrito de petición, Camacho adjunta el auto dictado por el juzgado canario en el que consta que está citado como letrado para unas declaraciones que se celebrarán el 11 de septiembre, a las 10.30 horas.

La citación de Begoña Gómez

El pasado 18 de agosto, el juez Peinado imputó a Begoña Gómez por un delito de malversación y la citó a comparecer de nuevo tras el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que le emplazó a centrar la investigación e instó a fijar los indicios de responsabilidad que se le podrían imputar su asesora —aunque descartó que malversación fuese uno de delitos que se le podía imputar—.

La decisión de imputar a Gómez y su asistente, según argumentaba Peinado, se apoya en el auto de la Audiencia Provincial del pasado junio en el que avalaba la investigación de Peinado sobre un posible delito de malversación de fondos públicos. De hecho, estos magistrados apuntaron también a La Moncloa y, en concreto, a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno como una “estructura institucionalizada de poder” que permitió “una clara y palmaria desviación” del trabajo que debía realizar Álvarez como asistente de la mujer del jefe del Ejecutivo, que consistía en acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo.

La esposa de Pedro Sánchez ya figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo dentro de su trabajo como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Peinado lleva instruyendo esta causa desde hace más de un año.

La decisión de Peinado de imputar malversación a Gómez supone un cambio de criterio respecto a lo que concluyó el pasado mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, un delito de malversación por la contratación de la asesora durante su etapa en Moncloa y descartó investigar a Gómez y Álvarez por dicho delito al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.