Los jueces y fiscales progresistas piden que España y la UE rompan relaciones comerciales y diplomáticas con Israel

La Asociación Progresista de Fiscales (APF), Juezas y Jueces Para la Democracia (JJPD) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España han pedido este lunes que el Gobierno y la UE implementen “un embargo integral de armas” a Israel, incluyendo “transporte, contratos tecnológicos” y la prohibición del uso de puertos y aguas de jurisdicción española. Del mismo modo, han exigido que se adopten “medidas políticas y humanitarias que garanticen la protección del pueblo palestino”.

Las asociaciones han denunciado en un comunicado “los ataques documentados contra personal médico, periodistas y defensores de derechos humanos” y han advertido del “riesgo extremo de muertes masivas de civiles palestinos”. Además, han solicitado que España se adhiera a la demanda que Sudáfrica interpuso a Israel ante la Corte Internacional de Justicia a finales de 2023 por violar sus obligaciones como firmante de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

En materia diplomática, los jueces y fiscales también han pedido que España suspenda todas sus relaciones con Israel, así como los acuerdos de “cooperación en investigación, ciencia, cultura y deporte”. Han elevado la petición a la Unión Europea, a la que instan a suprimir el Acuerdo de Asociación UE-Israel hasta “el cumplimiento del derecho internacional y las resoluciones de la ONU”.

El portavoz de APF, el fiscal Félix Martín, ha señalado que el comunicado va destinado a “todos los representantes de la clase política”, especialmente al Gobierno. “Sería muy, muy importante que España, que tiene predicamento internacional, promoviera la celebración de una conferencia internacional”, destaca Martín, aludiendo a otra de las peticiones presentes en el comunicado. Las asociaciones judiciales tienen como precedente a la Conferencia Internacional sobre Sanciones contra Sudáfrica, celebrada en París en 1981.

El portavoz ha explicado que va a poner el comunicado a disposición de la asociación europea de jueces y fiscales MEDEL (por sus siglas en francés, Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) para que las exigencias se trasladen a otros países de la Unión. “Ya no valen las declaraciones de palabras: necesitamos hechos y acciones”, ha manifestado Martín porque, de no hacerlo, “nos vamos a sentir avergonzados de lo que hemos permitido”.

El fin último, resume el fiscal, es “apelar a las conciencias” de la sociedad civil y de la clase política. Por ello, este sector de la carrera judicial lanza este pronunciamiento “desde el compromiso con el Derecho Internacional, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de resoluciones judiciales internacionales”. Por ello, llaman al Gobierno y a Bruselas a que “cesen toda cooperación activa o pasiva” con las “violaciones graves” del Derecho Internacional. Concluyen el comunicado recordando “la posible responsabilidad penal” de aquellos que “por acción u omisión consciente faciliten la comisión de crímenes internacionales”.

Desde que comenzó la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza en octubre de 2023, más de 60.000 palestinos han muerto por los ataques del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. Ramesh Rajasingham, responsable de la agencia humanitaria de Naciones Unidas (OCHA, en sus siglas en inglés), denunció el pasado domingo el agravamiento de la hambruna en Gaza. “Ya no podemos hablar de la amenaza del hambre, esto es hambruna pura y dura”, remarcó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.