El Memorial del Gobierno vasco, dirigido por el PSE, lanza una campaña de reconocimiento de las víctimas del GAL y de la violencia policial ilícita

“El terrorismo de ETA desapareció hace 13 años. Sus víctimas son reconocidas social e institucionalmente. Las del franquismo también lo son en Euskadi. No sucede igual con las víctimas de la guerra sucia y la violencia policial ilícita. Están peor tratadas. Es el momento de reconocerlas e integrarlas para construir la convivencia”. Con este planteamiento, Alberto Alonso, director de Gogora, instituto dependiente de la Consejería socialista de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, anuncia para el próximo curso una exposición sobre el atentado del hotel Monbar de Bayona (Francia), en septiembre de 1985, la mayor matanza de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), en la que fueron asesinados cuatro presuntos miembros de ETA.

A esta exposición seguirá otra sobre la emboscada policial a cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que también resultaron muertos, en el puerto de Pasaia (Gipuzkoa), en marzo 1984. Ambos sucesos tienen sentencias judiciales condenatorias para sus autores.

La iniciativa de Gogora tiene como referente el seminario impulsado por la Fundación Fernando Buesa y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda sobre las herencias del franquismo y del terrorismo con la participación de relevantes historiadores y expertos en memoria, pertenecientes a una nueva generación —Sophie Baby, Eduardo González Calleja, Javier Gómez, Joseba Ezeolaza...— cuya conclusión fue: “No todas las víctimas están bien tratadas; estamos en una situación injusta, de pésimas consecuencias”.

Los coordinadores del seminario, Antonio Rivera y Eduardo Mateo, que han trabajado durante años el terrorismo etarra y el reconocimiento de sus víctimas, consideran que “mientras ETA mataba era muy difícil tratar a las víctimas de la guerra sucia”. “La actividad mortífera de ETA y su impacto sociopolítico lo impedían. La urgencia era combatirla y deslegitimar su influencia”.

ETA mató, entre 1968 y 2010, a 853 personas. La ultraderecha parapolicial a 62, entre 1976 y 1982, a las que se añaden las 27 de los GAL entre 1983 y 1987, en que desapareció la guerra sucia. Asimismo, la violencia policial ilícita arrojó 128 víctimas en toda España, básicamente en la Transición, como las matanzas del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando la policía armada mató a cinco obreros en huelga, y la romería de Montejurra (Navarra), dos meses más tarde, en los que neofascistas partidarios del pretendiente tradicionalista carlista Sixto de Borbón abrieron fuego contra los defensores del otro pretendiente, el demócrata Carlos Hugo, causando dos muertos ante la pasividad de las fuerzas del orden. Ambos casos quedaron bajo el paraguas de la Ley de Amnistía de 1977.

Rivera y Mateo concluyen que “estamos en otro tiempo”. “No tenemos el agobio etarra ni el de la Transición. El reconocimiento de las víctimas de ETA está muy trabajado. Toca reconocer a las víctimas del terrorismo ultra y de la violencia policial ilícita. Hay que evitar agravios. Son semilla de odio. Con esta iniciativa, España se inserta en el tiempo memorial internacional que aboga por una justicia restaurativa, impulsada por la ONU en 2005, a la que apela la Ley de Memoria Democrática española. Donde no ha llegado la justicia, con sentencias, deben llegar la verdad y la memoria. Deben reducirse a cero las diferencias entre víctimas”.

Alonso añade que “el reconocimiento de las víctimas de la guerra sucia y del terrorismo ultra no va en detrimento de las víctimas de ETA; las más concienciadas, como la Fundación Fernando Buesa, defienden reconocer a todas al margen de sus victimarios”.

Con la exposición sobre el atentado del hotel Monbar, la mayor matanza de los GAL, la Consejería socialista de Derechos Humanos pretende materializar un ejercicio de justicia restaurativa. “El Estado obró al margen de la legalidad con los GAL y eso obliga a reconocer su culpa si quiere contribuir a una igualdad reparadora”, señala el historiador Rivera.

De los 27 asesinados de los GAL, entre 1983 y 1987, 11 no tenían vinculación ni con ETA ni su entorno. “Al principio se interpretaron como chapuzas. Pero cuando atentaron en locales llenos de gente, se vio que respondían a una estrategia. El subcomisario José Amedo, condenado por los GAL, reconoció que les venía mejor atentar contra ciudadanos franceses para presionar más sobre el Gobierno de París para que colaborara con el español contra ETA”, destaca Gogora.

El caso del Monbar tiene la singularidad de que las víctimas también fueron victimarios. Los GAL asesinaron a cuatro etarras: Agustín Irazustabarrena, Iñaki Astiasuinzarra, Sabin Etxaide y José María Etxaniz. “Están reconocidos legalmente como víctimas del terrorismo, pero como victimarios no son homenajeados como el común de las víctimas. Su reconocimiento como víctimas deslegitima el discurso de la izquierda abertzale y la pone frente al espejo”, aclara Alonso.

El memorial dirigido por el PSE subraya que “en la organización y financiación de los GAL participaron altos cargos policiales, militares y políticos del primer Gobierno socialista” y denuncia que “la justicia fue limitada” porque “las penas fueron muy reducidas, con indultos, con ocho asesinatos archivados y uno sobreseído”. Su conclusión es que “toda sociedad que aspire a ser justa y digna debe enfrentarse a su pasado, no olvidar sus episodios sucios porque ese olvido termina anidando el odio, rencor e impotencia”.

La matanza del puerto de Pasaia (Gipuzkoa) fue una modalidad de violencia policial ilícita, que abordará Gogora. Cuatro militantes de los comandos autónomos, escisión de ETA, —José María Izura, Peio Isart, Rafael Delas y Dionisio Aizpurua— fueron acribillados a tiros por policías nacionales que les esperaban cuando desembarcaban en una zódiac en el puerto pasaitarra la noche del 22 de marzo de 1984. Les contaron 113 impactos de bala en sus cuerpos.

Un informe encargado por el Gobierno vasco a una comisión de Derechos Humanos, publicado en 2023, calificó a dicha matanza de “ejecución extrajudicial” y de “paradigma de violación grave de los derechos humanos”. La Comisión de valoración de víctimas de la violencia policial ilícita, elegida por el Parlamento y Gobierno vascos tras la ley de 2016, calificó como víctimas a los cuatro asesinados. Pero, al ser también victimarios, por pertenecer a una organización terrorista, no fueron homenajeados.

Esta comisión dedica buena parte de su actividad a valorar las denuncias de torturas que, en su momento, no tuvieron respuesta. España tuvo siete condenas del Tribunal de Estrasburgo. De 2020 a 2025, la comisión ha reconocido 245 expedientes de violación de derechos humanos.

Gogora alienta la investigación de las bandas terroristas que precedieron a los GAL, en la Transición, y de las que se sabe muy poco. La más conocida fue el Batallón Vasco Español. “Eran organizaciones poco estructuradas, formadas por ultras y policías en connivencia con las autoridades. Asesinaron a 37 personas durante la Transición”, señala Alonso.

La polarización política en España complica esta tarea, señala María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. “Bildu nos exige firmeza en la recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo mientras se evade en la vinculada a los crímenes de ETA. PP y Vox, al revés. Quieren derogar la Ley de Memoria, de reconocimiento a las víctimas del franquismo, y solo reivindican las de ETA, a las que utilizan políticamente”. Alonso matiza que “mientras el PP nacional cuestiona las víctimas del franquismo, Bildu, aunque falta su autocrítica, sí reconoce a las víctimas de ETA”. San José precisa: “Nuestro objetivo es reconocer a todas las víctimas. Lo fueron de proyectos totalitarios y ningún asesinato justifica otro asesinato”.

Pese a los avances en el reconocimiento de las víctimas de ETA y del franquismo, Alonso contempla déficits. “Las víctimas del franquismo no tienen una fecha ni un punto simbólico como Ermua para las de ETA. Y en el caso de estas últimas, hay una desmesura en el reconocimiento de unas y el olvido de otras. Muchos familiares de guardias asesinados por ETA en Euskadi no han regresado hasta que las instituciones vascas les han convocado para reconocerles como víctimas del terrorismo. Lo que menos les importa es el diploma. Lo que quieren es que se acuerden de ellas”, señala el director de Gogora.