Los tanques Leopard abren una guerra sin cuartel por el control de la industria militar española
La semipública Indra y la estadounidense GDELS se juegan su futuro en el contrato de modernización de más de 200 carros de combate


No es una guerra entre ejércitos, sino entre empresas. Pero, como en los combates más cruentos, se trata de un duelo sin cuartel en el que solo uno de los dos contendientes sobrevivirá. El contrato de modernización de los tanques Leopard del Ejército de Tierra español, por un valor estimado de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, será el campo de batalla en el que se decante la pugna por convertirse en el fabricante español de vehículos de combate. “Si no llegan a un acuerdo amistoso, el que pierda desaparecerá de este sector. En España no hay mercado para los dos”, vaticina una fuente de la industria militar.
En 2001, el Gobierno de José María Aznar vendió la Empresa Nacional Santa Bárbara (ENSB) a la multinacional estadounidense General Dynamics por 831,9 millones de pesetas (cinco millones de euros). Santa Bárbara era una empresa pública cuyas factorías han estado históricamente ligadas al Ejército de Tierra, hasta el punto de que sus instalaciones siguen siendo propiedad del Ministerio de Defensa. Hasta ahora, ha sido la principal fabricante de vehículos de combate pesados para las Fuerzas Armadas españolas, en régimen de cuasi monopolio, lo que ha generado tensiones con un cliente exigente pero cautivo.
La situación ha dado un vuelco con la irrupción de Indra, de la que el Estado posee un 28% a través de la SEPI, dispuesta a convertirse en campeona nacional de la industria de seguridad y defensa a base de actuar como contratista principal e integradora de sistemas y no como mera suministradora a terceros. General Dynamics rechazó una oferta del nuevo presidente de Indra, Ángel Escribano, para comprar su filial española por 300 millones de euros, más el pago de royalties por los vehículos fabricados y el mantenimiento del 100% del empleo, según fuentes conocedoras de la operación. Como alternativa, Indra ha comprado El Tallerón, la planta de Duró Felguera en Gijón (Asturias) con 75.000 metros cuadrados y 156 trabajadores, por 3,6 millones, con el objetivo de que su nueva planta esté operativa este mismo año. Será el mascarón de proa de Indra Land Vehicles (ILV), la nueva división de vehículos terrestres de la empresa semipública en competencia directa con GDELS (General Dynamics European Land Systems), la marca europea de la compañía norteamericana, cuya sede está en España. Los cuchillos están en alto y si Indra cuenta con el respaldo de su accionista público, la multinacional estadounidense ha contratado los servicios de influyentes lobistas, como Iván Redondo, primer jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en La Moncloa.
Indra y GDELS son socios en Tess Defence, la contratista del vehículo 8x8 sobre ruedas Dragón, del que el Ministerio de Defensa ha encargado 348 unidades por 2.000 millones. Después de sucesivos retrasos, Tess ha entregado los primeros 11 dragones, de los que siete no han superado las exigentes pruebas a las que deben someterse antes de ser aceptados por el cliente. Para desatascar un programa que ha causado múltiples quebraderos de cabeza y contar con un interlocutor único en la industria, Defensa ha propiciado que Indra se convierta en accionista mayoritario y tome el control de Tess. Más allá del Dragon, pendiente de una reprogramación de las entregas, esta compañía conjunta —en la que también están SAPA y EM&E, la empresa familiar de los Escribano— también es la adjudicataria del VAC (Vehículo de Apoyo de Cadenas), el vehículo que debe sustituir a los vetustos TOA (Transporte Oruga Acorazado) M-113 de la guerra del Vietnam.
Tanto en el Dragón como en el VAC, Indra interviene como sistemista y GDELS como plataformista, por lo que modificar el reparto de tareas obligaría a rediseñar los proyectos, según fuentes del sector. Aunque sería posible darle la vuelta al Dragón en la segunda fase del programa y el VAC está aún dando sus primeros pasos, las mismas fuentes creen que a los dos rivales les conviene mantener la cooperación en estos contratos y trasladar su batalla al programa de los Leopard.
La modernización de los carros de combate no figura en el plan que, por valor de 10.471 millones de euros, aprobó el Consejo de Ministros en abril pasado, pero forma parte de las prioridades del Estado Mayor de la Defensa y se espera que se lance el año próximo. El plan del Ejército de Tierra consiste en modernizar su flota de 239 taques Leopardo 2E (219 de línea, 16 de recuperación y cuatro de instrucción) para homologarlos con el nuevo modelo A8, del que se adquirirá un batallón completo (entre 44 y 46 unidades), lo que supondrá una renovación total del parque de carros de combate. La guerra de Ucrania ha vuelto a poner en primer plano el arma acorazada, relegada por conflictos no convencionales como los de Afganistán e Irak. España los ha desplegado por vez primera fuera de sus fronteras en el grupo de combate multinacional de Letonia, parte del refuerzo de la frontera Este de la OTAN.
Aunque no existe un presupuesto cerrado y el coste definitivo dependerá del paquete de capacidades que incluya la modernización (se quiere reforzar el blindaje, aumentar la potencia de fuego y mejorar la conciencia situacional, además de renovar las comunicaciones, instalar una estación de armas remota y un sistema de protección activa, entre otros cambios), este rondará entre 2.000 y 3.000 millones de euros, según las fuentes consultadas.
GDELS se ha aliado con Krauss-Maffei Wegmann (rebautizada como KNDS tras su unión con la francesa Dexter) para presentarse a este concurso, mientras que Indra ha buscado como socio a Rheinmetall, ya que ambas firmas alemanas comparten la licencia del Leopard. Santa Bárbara se adjudicó, bajo licencia germana, la construcción de los carros de combate Leopardo 2E (equivalentes a la versión 2A6 alemana) para el Ejército español en su planta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y también se ha encargado de mantenerlos y de reconstruir los 2A4 donados a Ucrania, por lo que quedarse al margen de su modernización sería un serio revés para sus expectativas en España.
Los dos modelos de Tess (Dragon y VAC) no son los únicos con los que Indra quiere lanzar su división de vehículos terrestres. La empresa española EM&E ha firmado con la compañía emiratí NIMR un acuerdo para fabricar en Linares (Jaén) su blindado Jais 6x6, diseñado para soportar la explosión de minas y artefactos improvisados, que podría sustituir a los vetustos BMR del Ejército de Tierra. A su vez, esta empresa familiar acabará integrándose en Indra si culminan con éxito las negociaciones en curso, de las que se han autoexcluido los hermanos Ángel y Javier Escribano, propietarios de EM&E y primeros accionistas privados de la tecnológica, de la que son presidente y consejero respectivamente. La operación cuenta con el apoyo inicial de la SEPI y de Amber Capital, el fondo de inversión de Joseph Oughourlian, presidente del grupo PRISA (editor de EL PAÍS), y los recelos de SAPA y algún consejero independiente, por lo que se ha creado una comisión independiente para estudiarla.
Como parte de su expansión en el sector de defensa, Indra está en conversaciones con el consorcio formado por la italiana Leonardo y la germana Rheinmetall para participar en la compra de la división de vehículos militares de la compañía italiana Iveco, propiedad de la familia Agnelli, mientras estudia asociarse con la firma aragonesa Instalaza para poner en marcha su nueva línea Weapons & Ammunition, centrada en la producción de munición inteligente, sistemas de guiado y antidrón, tras haber adquirido la división de vehículos no tripulados de la aeronáutica Aertec.
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