El juez consulta a las partes sobre la petición de suspensión del fiscal general presentada por una asociación

El juez Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo que ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado tres días a las defensas y al resto de acusaciones personadas para que se pronuncien respecto a la petición de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) de que se le aparte de forma cautelar del cargo una vez que se dicte auto de apertura de juicio oral. Esta es la tercera vez que la asociación reclama la suspensión de García Ortiz desde que se le encausó por un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En las dos anteriores, el instructor ha rechazado la solicitud y ha explicado que él carece de competencias para suspender al fiscal general.

La APIF, que está personada como acusación popular en la causa contra el jefe del ministerio público, pidió al juez por tercera vez la suspensión de García Ortiz este miércoles, un día después de que la Sala de Apelación confirmara su procesamiento. La asociación apoya su solicitud en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) prevé la suspensión de empleo y sueldo para los fiscales contra los que se abra juicio, un paso que el instructor dará, previsiblemente, en septiembre, según las fuentes consultadas. Según la APIF, aunque García Ortiz esté fuera de la carrera mientras sea fiscal general (está en servicios especiales) se le tiene que aplicar esa norma, un extremo que rechazan fuentes de la Fiscalía General.

Asimismo, la asociación reinterpreta el estatuto fiscal respecto a quién es el competente para suspender al fiscal general. Aunque el competente para apartar a los fiscales contra los que se abra juicio es el fiscal general, la APIF sostiene que a García Ortiz tiene que apartarlo el juez. A esa conclusión llega la asociación tras determinar que los altos cargos de la Fiscalía General que deben sustituir al jefe del ministerio público en casos de ausencia, imposibilidad o vacante, la teniente fiscal y la jefa de la Inspección, “no son independientes”. “Ante la inoperancia de los mecanismos previstos reglamentariamente, corresponde al juez instructor adoptar medidas cautelares que resulten necesarias para preservar el buen desarrollo del proceso”, argumentan.

Tras esa petición, el magistrado ha dictado este jueves una providencia en la que da tres días a las partes para que se pronuncien. En las dos ocasiones anteriores en las que APIF reclamó la suspensión del jefe del ministerio público, Hurtado lo rechazó con argumentos que, en principio, siguen vigentes y no cambiarán cuando se abra juicio contra García Ortiz.

En la primera ocasión, en noviembre pasado, la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, presentó por iniciativa propia un escrito oponiéndose a la petición cuando el juez no había todavía dado traslado a las defensas y el resto de acusaciones. En un auto dictado el 25 de noviembre, Hurtado explicó que las partes tenían conocimiento de la petición porque se les había notificado aunque no les había pedido expresamente que se pronunciaran, pero que como el abogado de García Ortiz había dado una respuesta “extensa y fundada” oponiéndose, el juez iba a responder directamente en el mismo sentido que la defensa.

Hurtado argumentó su decisión en razones tanto “de fondo” como de “procedimiento”. Respecto a las primeras, señaló que una medida cautelar “nunca” puede ser la “anticipación de una condena”. “Si toda medida cautelar tiene como finalidad asegurar la efectividad de la sentencia, no hay razón, para, en este caso concreto, anticipar lo que, llegado su momento, pudiera ser un pronunciamiento de sentencia”, advirtió el juez. El instructor descartó también que el hecho de que García Ortiz sea el superior jerárquico de todos los fiscales, incluido el que tenía que actuar como fiscal en la causa abierta contra él, pudiera “poner en quiebra la imparcialidad del que interviniese en la causa”.

Respecto al procedimiento, Hurtado expuso que el artículo 145 del estatuto fiscal, donde se regula la suspensión cautelar de los fiscales contra los que se abra juicio, deja esa decisión en manos del fiscal general. “Lo que lleva a considerar que no corresponde a este instructor acordar la suspensión”, argumentó.

La APIF recurrió esa resolución del juez que, en esta ocasión, sí dio traslado a las partes. En un auto dictado el 12 de febrero, el instructor rechazó de nuevo rechazó la petición. “La peculiaridad del caso estriba en que [...] quien se encuentra encausado es el fiscal general del Estado, y, ciertamente, como se alega en el recurso, no puede ser él la persona que resuelva sobre su propia suspensión cautelar”, señaló Hurtado, pero añadió: “Ahora bien, que así sea no debe servir para dar el salto de desviar la suspensión del trámite establecido y, funcionalmente, derivar la competencia para decidir sobre ella al juez de instrucción”. “Entiendo que esa vía administrativa es la adecuada, y si el problema es que en ella no ha de ser el fiscal general quien resuelva, por estar siendo investigado en la presente causa, en ella debieran articularse los mecanismos para que se encargue de hacerlo quien le sustituya”.

El magistrado también ha acordado levantar la suspensión de la tramitación de la causa que acordó el pasado 14 de junio. Tomó esa decisión hasta la resolución de los recursos de apelación interpuestos contra el auto por el que se acordó el procesamiento de García Ortiz y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, cuyo caso finalmente archivó la Sala de Apelación.