La decisión del Constitucional permite agilizar medio millar de amnistías pendientes

Hace justo un año y un día que Miquel Buch se convertía en el primer beneficiario de la Ley de Amnistía. Consejero de Interior durante la época de las protestas contra las sentencias del procés, fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y a 20 de inhabilitación por haber malversado y prevaricado al permitir que un mosso d’Esquadra hiciera de escolta de Carles Puigdemont durante su permanencia en Bélgica. El 25 de junio de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le aplicaba la ley del olvido penal, lo que suponía hacer borrón de “cuantos registros, anotaciones y antecedentes, incluidos los policiales, se hayan llevado a cabo exclusivamente en virtud de los actos expresamente amnistiados”. Como él, el escolta Lluís Escolà disfrutó de la misma medida. Y, como un cuentagotas, fueron cayendo decisiones judiciales en el mismo sentido.

Según la asociación independentista Òmnium, desde entonces la ley de amnistía ha servido para perdonar a unos 210 políticos y ciudadanos que fueron condenados por su participación en acciones independentistas y a 164 agentes policiales que intentaron frenarlas propasándose en la aplicación de la ley.

Quedan muchos más. Entre ellos el mismo expresident Puigdemont (líder de Junts), su vicepresidente Oriol Junqueras (jefe de ERC) y buena parte de los consellers condenados que estuvieron a su cargo. El propio Josep Rull, condenado por el Tribunal Supremo a 10 años de prisión por ser uno de quienes orquestaron el referéndum del 1-0 y hoy presidente del Parlament y segunda figura institucional de Cataluña gracias al indulto de 2021, se cuenta entre los que esperan la amnistía. Òmnium, la única institución que ha tratado de llevar al detalle la evolución de la aplicación de la ley, cifra en unas 1.400 personas las que podrían beneficiarse de la medida una vez.

Aunque esa cifra a la práctica se reduce a unas 500 (sin contar policías o guardia civiles) que afrontan causas penales y del Tribunal de Cuentas (35), de las que 300 no consta su tramitación. El resto son ciudadanos con sanciones administrativas impuestas por la Generalitat, aunque en esos casos apenas ha habido cuatro decenas de peticiones de perdón por el desconocimiento existente acerca de la posibilidad de hacerlo.

En esos casos pendientes, la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve algunos de los recursos de inconstitucionalidad de la ley de amnistía debería facilitar la resolución de múltiples casos que están pendientes de respuesta o en suspensión. Algunas resoluciones, de hecho, estaban a la espera de que se resolviera la cuestión de constitucionalidad, por lo que la decisión tomada hoy podría impulsar un nuevo goteo de amnistías, ya que algunos procesos se quedaron sin respuesta a falta de una decisión marco sobre la última ley del olvido penal aprobada por un gobierno español.

No todos, en todo caso. Porque la controvertida medida de gracia, que ha dividido a partidos políticos (PP y Vox están detrás de la mayoría de recursos) y jueces, se ha envenenado tanto durante el último año que ahora mismo tiene múltiples pistas de aterrizaje en las que se tendrá que decidir. El dictamen definitivo del Tribunal Constitucional podrá ser una guía de aplicación, pero no la única. Aunque la sentencia servirá al menos para que quienes esperan la resolución de sus casos puedan esgrimir el fallo para darles más mayor celeridad.

Este mismo miércoles, el Tribunal Supremo comunicó su decisión definitiva de no amnistiar el delito de malversación del que se acusa a Puigdemont y Toni Comín, lo que abre la puerta a que intenten buscar amparo en el Tribunal Constitucional. Una de las cuestiones pendientes es saber cuál será la respuesta del tribunal de garantías al criterio del Supremo sobre el supuesto enriquecimiento de los líderes del procés al haber utilizado recursos públicos para financiar la consulta de otoño de 2017. Esa decisión también se encuentra en forma de cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deliberará sobre el asunto el próximo 15 de julio. La Audiencia de Barcelona, escuchando los argumentos de la Fiscalía sobre el asunto, sí ha aplicado la amnistía en algunos de esos casos.