El Gobierno saca dos leyes en un pleno enrarecido por la crisis

Tras dos días de bronca, insultos y desplantes, el pleno semanal del Congreso se cerró este jueves en un clima mucho más sosegado. La otra buena noticia para el Gobierno fue que, pese a la sacudida en su base parlamentaria por el caso Cerdán, consiguió aprobar definitivamente una ley, la 20ª de esta legislatura, y despejar el camino para otra más. En el capítulo de lo inquietante para el Ejecutivo, más allá del ambiente enrarecido que se respira en la Cámara, PNV y Coalición Canaria (CC) se desmarcaron de la mayoría de investidura en una moción del PP que pedía la comparecencia inmediata de Pedro Sánchez. No fue el único contratiempo. Fuera del pleno, La Moncloa irritó a algunos de sus socios principales al dar a conocer la solicitud de comparecencia del presidente prevista para el 9 de julio. La petición enviada al Congreso diluye el debate sobre la corrupción destapada en el PSOE al incluir también asuntos de política internacional.

Los caminos de Sánchez y de la vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, volvieron a bifurcarse este jueves en el Congreso. Esta vez, Díaz sí acudió a votar, después de su comentada ausencia la víspera en la sesión de control. Quien no se presentó fue el presidente, con su agenda pública suspendida, una incomparecencia que arrastró la de María Jesús Montero. La vicepresidenta primera sí estuvo al inicio y participó en una de las votaciones, la que derrotó las enmiendas introducidas por la derecha en el Senado a la reforma del Código Penal para facilitar la ilegalización de entidades que exalten el franquismo. Luego abandonó el pleno para cubrir la baja del presidente en el congreso de CC OO, una cita que La Moncloa había cancelado a última hora del miércoles.

La condena del franquismo y la memoria histórica siempre han sido un buen pegamento para el heterogéneo combinado que revalidó la presidencia de Sánchez tras las últimas elecciones. La reforma que permitirá ilegalizar entidades que exalten la dictadura quedó definitivamente lista para su publicación en el BOE con el apoyo de todas y cada una de las formaciones que en su día invistieron al presidente: PSOE, Sumar, Podemos y las fuerzas nacionalistas catalanas, vascas, gallegas y canarias. Esos grupos rechazaron las enmiendas introducidas en el Senado, con mayoría absoluta del PP, que diluían las referencias específicas al franquismo en otras más amplias sobre los regímenes totalitarios en general y el terrorismo de ETA.

Tampoco pasó apuros el grupo socialista para derrotar la enmienda a la totalidad de Vox a una proposición de ley suya que pretende incorporar al régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social a profesionales colegiados que han cotizado a través de mutuas. Los ultras ni siquiera lograron el apoyo del PP, que se abstuvo. Así quedaba el campo expedito para abrir el trámite de redacción de la norma.

Los populares sí se anotaron un triunfo, como suele ser habitual sin ningún efecto vinculante, pero con su carga política. La Cámara aprobó los tres puntos de una moción del PP en apoyo del trabajo de la UCO de la Guardia Civil. En uno de ellos se insta al presidente a que “dé explicaciones urgentes y asuma su responsabilidad en relación con las diferentes tramas de corrupción destapadas por la UCO”. Ahí se encontró con que PNV y CC se desmarcaron del Ejecutivo y se refugiaron en la abstención. Junts, en cambio, engrosó el voto negativo del bloque progubernamental.

La declaración salió aprobada por un solo voto, 170 a 169, gracias a las ausencias en la bancada socialista y a pesar de que tampoco acudió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Faltaron Sánchez, Montero y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. José Luis Ábalos, que normalmente seguía votando con el Gobierno, lleva semanas sin dejarse ver por el Congreso, a medida que han ido trascendiendo nuevos indicios de su comportamiento presuntamente corrupto.

Más tarde, tanto el PNV como ERC mostraron su irritación con La Moncloa al conocer el contenido del escrito con que el presidente solicita su comparecencia a iniciativa propia. En él, aparte de la corrupción, incluye como temas a tratar la próxima cumbre de la OTAN, el Consejo Europeo y una conferencia de la ONU a celebrar en Sevilla. Los portavoces de ambos grupos saltaron en X con metáforas gastronómicas: un “gazpacho”, según el republicano Gabriel Rufián, o una “porrusalda”, según la peneuvista Maribel Vaquero. Ambos exigen un debate monográfico. El portavoz de ERC dirigió un duro mensaje a La Moncloa: “Dejad de cavar, por favor”.

Los populares también llevaron al pleno una proposición no de ley que en este caso sí logró cohesionar a la base aliada de Sánchez. La iniciativa estaba repleta de temas sobre los que existe consenso en la mayoría de investidura. Entre otras cosas, pedía la derogación de la ley de amnistía, el cese del fiscal general del Estado y una condena a los “ataques a los jueces”. El único desmarque que arrancó el PP fue el de CC. Y para eso sin ir más allá de la abstención.

Pese al ambiente más distendido, algunos momentos del debate final del pleno tradujeron la tensión que se vive entre el PSOE y sus socios. Muy singularmente en una intervención del diputado de Sumar Nahuel González. El también miembro de IU en la Comunidad Valenciana clamó desde la tribuna de oradores, en un inflamado mensaje con el PSOE como destinatario: “La corrupción es fallarle a la clase trabajadora que confió en un Gobierno de progreso ¿Saben lo duro que es ver la decepción en las caras de la gente?”. Y, entre murmullos de censura en la bancada popular, prometió: “Nosotros venimos a limpiar estos pasillos con lejía y matarratas, y lo vamos a hacer hasta el final. Señores del PSOE, que no les tiemble el pulso. ¡Patada en el culo al corrupto!”.