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Las cloacas atascan la política

El Gobierno admite que la guerra de grabaciones tapa toda su agenda, y se instala la sensación de una “campaña mafiosa” contra el Ejecutivo en la que hay implicados elementos aislados de la Guardia Civil. El PP cree llegado el momento del golpe final a Sánchez o al menos un imparable desgaste hasta 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la Pascua Militar, en enero en el Palacio Real de Madrid.
Carlos E. Cué

Una de las peores cosas que le puede pasar a un Gobierno es perder el control de la agenda política. Desde hace poco más de un mes, desde el apagón del 28 de abril, el Ejecutivo no consigue introducir prácticamente ningún tema positivo en la conversación pública española. No es que no tome decisiones. No es que las cosas le vayan mal en la economía. El Ibex está en niveles de récord, todas las instituciones mejoran las previsiones de crecimiento, el empleo sigue batiendo también todas las marcas precedentes. Pero el Gobierno no logra colocar casi nada en agenda. Y la oposición vive un momento de euforia y trata de instalar la idea de que el Ejecutivo está a punto de caer.

Algunos en el PP creen que puede haber llegado el momento que llevan siete años esperando. Otros son más prudentes, y el propio José María Aznar, que siempre resume el estado de opinión de la derecha, pide “cabeza fría pero tensión vital máxima” y recomienda a Alberto Núñez Feijóo que no presente una moción de censura y que sea paciente porque las elecciones serán en 2027.

El PP recurre como siempre a una gran manifestación para tapar el espacio a Vox y animar a los suyos. “Si todo lo que tienen es una nueva foto de Colón, adelante, si quiere seguir buscando votantes en el 8 (la ultraderecha) en vez de mirar al 6 (el centroderecha) no le vamos a impedir que se equivoque”, resume un miembro del Ejecutivo.

Óscar López durante un homenaje a los fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia de covid-19 en la Comunidad de Madrid hoy.Foto: ALEJANDRO MARTÍNEZ (EUROPA PRESS)

De fondo están las cloacas del poder político y empresarial y del llamado Estado profundo, que han atascado la política hasta tener bloqueado todo el debate, y han desatado una auténtica guerra de grabaciones de uno y otro lado. Mientras el Gobierno, el PSOE y buena parte de sus socios lo viven como una especie de ataque al Ejecutivo desde esos poderes profundos de las fuerzas de seguridad del Estado, desde intereses empresariales, mediáticos y políticos, en la oposición interpretan lo contrario, que es el poder político el que trata de destruir a la Unidad Central Operativa (UCO), el buque insignia de la Guardia Civil que en la actualidad investiga los principales casos que afectan a exmiembros del Ejecutivo como José Luis Ábalos o a la familia del presidente.

La idea de conspiración, incluso de “golpe de Estado encubierto”, tal como lo definen los más envalentonados, se ha instalado en el entorno del poder socialista. “Hay un frente policial, mediático, judicial y político. Hay una mesa en Madrid formada por periodistas, jueces, policías, miembros del Ibex 35 y del PP que está trabajando para armar todo esto” resume un miembro del Ejecutivo.

La publicación de las conversaciones con un confidente de un oficial de la UCO, el capitán Juan Vicente Bonilla, que ahora trabaja en la Administración de Isabel Díaz Ayuso, en las que critica al Gobierno de Sánchez, han terminado de convencer al Ejecutivo de que hay elementos aislados de esta unidad que supuestamente trabajan para perjudicarle. No la institución en sí, pero sí hay una convicción de que algunos de sus miembros se han descontrolado por motivos políticos. Las especulaciones sobre el supuesto contenido de un informe del caso Ábalos en el que se hace referencia a Santos Cerdán y que aún no está concluido han terminado de consolidar esa idea. Y también han aumentado el malestar en el PSOE con Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, por no ser capaz de controlar esta situación.

“Son siete años desaprovechados para sanear la estructura de la Guardia Civil. No puedes permitir que crezca ese cáncer”, resume un miembro del Ejecutivo sobre unas supuestas acciones del instituto armado contra La Moncloa. “A veces parece que estamos en el Gobierno, pero no gobernamos. Hay una sensación de falta de autoridad en Interior total”, señala otro. Un tercero defiende al ministro: “Marlaska sigue siendo un gran activo, la derecha no puede con él, desautoriza cualquier discurso contra él, fue un juez durísimo contra ETA, tuvo amenazas de muerte y fue cercano al PP. Sigue siendo un valor importante”.

Ahora algunos confían en que el cambio en la cúpula de Interior y la entrada en la Secretaría de Estado de Seguridad de Aina Calvo, exalcaldesa de Mallorca y de claro perfil político, pueda mejorar algo la situación. Sánchez mantiene su apoyo incondicional a Marlaska, pero el nombramiento de alguien con conexión directa con el PSOE es un gesto claro de intentar hacer más política en un Ministerio muy sensible y que casi siempre estuvo en manos de políticos de máxima confianza del partido y no de independientes como Marlaska.

Mientras, el PP está cada vez más crecido, tanto como para cruzar de nuevo más líneas rojas hasta ahora inexploradas, como el mensaje en redes de Alberto Núñez Feijóo el miércoles en el que llamó “capo de la mafia” al presidente del Gobierno. Sánchez ha decidido no entrar a ese trapo y, de hecho, lleva semanas, precisamente desde el apagón, sin contestar preguntas; pero el presidente está indignado, según su entorno, y lo atribuye a una ansiedad del líder de la oposición por el congreso del PP en julio y por su batalla feroz con Vox, que sigue comiéndole terreno y marcándole la línea.

En el PP se ha instalado la idea de que Sánchez podría llegar a caer y en cualquier caso creen que el desgaste ya va a ser creciente hasta 2027 o cuando convoque. “Creemos que cada mes hasta 2027 ya será de desgaste. Esta semana ha habido un cambio sustancial, pero a partir de ahora será peor. La potencia de los audios no la tiene nada más”, señala un dirigente del partido de Feijóo.

Se refiere a los audios en los que se escucha a una militante socialista, Leire Díez, maniobrando contra uno de los máximos responsables de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción; y a otro en los que un empresario, Javier Pérez Dolset, viene a decir que detrás de todo ―solo se han difundido unos segundos sin contexto de una conversación, protesta el empresario― estaría Sánchez y Cerdán. Pérez Dolset ha explicado en varios medios que esos audios están manipulados y sacados de contexto, y que él no trabaja para el PSOE, sino para sí mismo, porque se considera una víctima de una conspiración policial y fiscal para perjudicarle. De hecho, ha explicado que él tiene a 17 personas trabajando para desencriptar los famosos audios de Villarejo y lograr más información sobre las cloacas del Estado.

En el PSOE se han desvinculado de Díez y le han abierto un expediente informativo. Pero al margen de eso, en el Gobierno insisten en que en el peor de los casos, lo que estaban haciendo Díez y Pérez Dolset era intentar obtener información para buscar una supuesta trama corrupta dentro de la UCO. Y eso, si fuera cierto, insisten, merece una investigación. Aunque lo cierto es que Díez fracasó rotundamente en su intento, porque nunca apareció ninguna información perjudicial para la UCO ni indicios de que esta unidad esté maniobrando contra el Gobierno. Tampoco se concedieron ninguno de los beneficios que ella ofrecía a los empresarios por esa información.

¿Y a partir de ahora? “Todos nos están pidiendo que hagamos algo, no basta con denunciar que hay una campaña mafiosa contra nosotros, tenemos que hacer algo para frenarla”, dice un miembro del Gobierno. Otros hablan de formar un equipo en el PSOE o en el Ejecutivo para enfrentarse con una estrategia definida ante esta ofensiva. Pero Sánchez ha dado instrucciones claras estos días: “Hay mucha gente nerviosa, pero Sánchez pide tranquilidad. Sabemos que no hay nada. Es como los whatsapps [entre el líder del PSOE y Ábalos], pueden sacar los que quieran, pero no habrá nada raro porque no se ha hecho nada raro. Hay que mantener la calma. Todo pasa y se diluye porque no hay nada concreto que pueda acabar en un juzgado”, señalan desde el entorno del presidente. Él parece apostar por seguir como si nada con la agenda del Gobierno, y confiar en que en algún momento vuelva a entrar en la conversación. “Ante la política de subir los decibelios, tú tienes que reaccionar con buenas propuestas y hablar de las cosas que preocupan a la gente. Hay veces que se escucha y otras que no. Pero vamos a seguir”, resumen desde La Moncloa.

La tensión seguirá y es probable que crezca camino del congreso del PP, pero pronto habrá otros asuntos delicados, como el aumento del gasto en defensa, con la cumbre de la OTAN a finales de mes, o la decisión del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, que es inminente. Y las nuevas polémicas taparán a las anteriores.

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Sobre la firma

Carlos E. Cué
Es corresponsal político de EL PAÍS, encargado de la información del Gobierno y de los viajes del presidente. Antes fue corresponsal en Buenos Aires y está especializado en información política, siguiendo a distintos gobiernos y a varios partidos. Ex alumno del Liceo Italiano de Madrid, se licenció en Economía y cursó el máster de EL PAÍS.
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