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Los narcos del caso del túnel de Ceuta, sobre los guardias implicados: “Son de los que llevan 15 o 20 años aquí. Hay confianza”

Los agentes están acusados de facilitar el paso de, al menos, 6.511 kilos de hachís a la Península a dos organizaciones criminales

Los agentes del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil conducen a uno de los detenidos por la Operación Hades, durante un registro de una embarcación el pasado 30 de enero, en el puerto deportivo de Ceuta. Foto: Joaquin Sanchez

Madrugada del 8 de diciembre. A la puerta de una hamburguesería de Ceuta, dos hombres charlan antes de entrar a comer algo. Uno es Ahmed M., cabecilla de una de las organizaciones de traficantes que introducía en la Península grandes cantidades de hachís que llegaban a la ciudad autónoma desde Marruecos. Ahmed habla con su interlocutor de la “estructura de seguridad” que permite a su banda superar los controles policiales en el puerto para embarcar los camiones que ocultan los alijos en dobles fondos.

Esa “estructura” está formada presuntamente por tres guardias civiles destinados en la Compañía Fiscal y de Fronteras, que controla el tránsito de vehículos y personas en el puerto. Según las conversaciones grabadas a Ahmed y su red, estos agentes les piden 150.000 euros ―aunque luego rebajarán sus pretensiones económicas a 120.000― por garantizar que un semirremolque con la droga supere los filtros. El precio parece alto, pero Ahmed lo justifica: “Son caimanes antiguos [agentes veteranos en la jerga], los que llevan 15 años, 20 años aquí… Yo no muevo un alfiler y ya te ponen condiciones, ¿eh? Hay confianza”.

Dos de los “caimanes” a los que se refería el narcotraficante, Rubén G. y Agustín A., fueron detenidos semanas después en la Operación Hades del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil, que permitió desmantelar dos organizaciones criminales y descubrir el primer narcotúnel en España. El tercer agente, Rubén C., fue interrogado como investigado. Los agentes desempeñaban tareas distintas en el puerto: uno se encargaba de la inspección visual de los vehículos que embarcaban ―conocidos como “mecánicos”―, otro de labores de investigación y el tercero era un guía canino. Llevaban, respectivamente, 28, 22 y ocho años destinados en Ceuta, según fuentes cercanas a la investigación. La operación en la que fueron detenidos estos caimanes tuvo como colofón el descubrimiento de un narcotúnel que permitía a las bandas introducir hachís desde Marruecos a Ceuta.

Esa veteranía y los puestos que ocupaban convertían a los tres agentes en piezas clave en el traslado del hachís, lo que les permitía imponer condiciones a las tramas que contactaban con ellos, desde marcarles los tiempos a señalarles los días más propicios, aseguran las mismas fuentes. Las pesquisas han revelado que no estaban integrados en ninguna red concreta, sino que ellos formaban su propia banda, en la que se repartían los sobornos a partes iguales independientemente del papel que desempeñasen el día que salía la droga del puerto. Y podían colaborar con este delito por acción, dejando pasar, o por omisión, mirando para otro lado. De ahí la dificultad de acreditar esos supuestos cohechos. El precio variaba. Según declaró en la Audiencia Nacional, Himad. T. B., otro de los detenidos en la operación y enmarcado en otra organización, los agentes pedían entre 70.000 y 100.0000 euros, en función del volumen del alijo.

Un pinchazo telefónico reveló el supuesto pago de 100.000 euros en el parking de un centro comercial de Málaga cuando se encontraba en el lugar uno de los agentes. También se les atribuyen cobros de 10.000 euros por lo que denominaban “pruebas de seguridad”, viajes de vehículos sin carga de droga con los que las organizaciones criminales chequeaban la viabilidad de la ruta antes de enviar un cargamento. Las pesquisas no han permitido determinar cuándo comenzaron a recibir sobornos.

Hasta ahora solo se les ha podido imputar su presunta relación con tres alijos intervenidos por la Guardia Civil entre junio de 2023 y enero de 2025, un total de 6.511 kilos de hachís valorados en cerca de 13 millones de euros. En la operación han sido arrestadas otras 15 personas integradas en dos organizaciones y hay un número igual de investigados, además de dos personas que permanecen huidas y para las que se ha dictado órdenes de búsqueda y detención.

El principio del fin de esta trama corrupta de guardias civiles se remonta a marzo de 2023 y se sitúa a 240 kilómetros de Ceuta. Entonces, el SAI recibió una información del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) de la Guardia Civil que apuntaba a que una trama de narcotráfico en la que podía haber agentes del instituto armado utilizaba una nave en la Mairena de Alcor (Sevilla, 24.000 habitantes) para practicar dobles fondos en camiones en los que ocultar la droga.

Los agentes detectaron a un camionero que meses después, en junio de aquel año, trasladó una carga legal de alimentos hasta la ciudad autónoma. Una vez que llegó y entregó la mercancía, el vehículo, en lugar de iniciar el viaje de vuelta, quedó aparcado más de una semana en el polígono industrial de El Tajaral, muy cercano a la frontera con Marruecos. Un día, los agentes observaron como varios individuos introducían en su interior varios bultos y como, posteriormente, el camión se dirigía hacia el puerto. Cuando el vehículo fue revisado por los agentes allí destinados, los investigadores observaron desde la distancia que, aparentemente, no había nada en el interior del remolque a pesar de que habían visto cargarlo. El vehículo siguió su camino, cruzó el Estrecho en ferri y, finalmente, fue interceptado en un control de carreteras en Marbella (Málaga). En su interior se hallaron 1.977 kilos de hachís en un doble fondo. El día en que el camión salió de Ceuta, en el puerto estaba de servicio uno de los agentes investigados.

El segundo camión investigado cruzó el Estrecho el 18 de diciembre. En este caso, los narcos decidieron cambiar de estrategia. En lugar de utilizar un vehículo que volvía a la Península de vacío, camuflaron el hachís entre un cargamento de animales muertos con destino a Zaragoza, confiados en que ese tipo de carga, con riesgo biológico, no se abriría en los controles. Se equivocaron. La Guardia Civil lo interceptó en el puerto de Algeciras (Cádiz), donde lo revisaron y descubrieron 3.137 kilos de hachís. De las intervenciones telefónicas, los investigadores dedujeron que uno de los guardias civiles investigados fue el que avisó a la organización de que la droga había sido intervenida.

Las dos aprehensiones dejaron a este grupo de narcos en quiebra y meses después, en abril, una reyerta en la que uno de los cabecillas tiroteó a otro de los integrantes, hizo que tres de ellos fueran detenidos, incluido el autor de los disparos, que ingresó en prisión. En ese momento, la investigación solo había conseguido acreditar la presunta implicación en la trama de uno de los agentes del instituto armado, por lo que Asuntos Internos decidió esperar para afianzar los indicios contra él y descubrir si había más guardias implicados.

Las pesquisas se centraron en otro grupo de narcos en el que estaba presuntamente implicado el funcionario de prisiones y diputado de la Asamblea ceutí Mohamed Alí Duas, del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC). Las vigilancias e intervenciones telefónicas no solo permitieron interceptar un nuevo alijo de 1.397 kilos de hachís el pasado 30 de enero, sino identificar a otros dos guardias civiles presuntamente implicados. Se decidió entonces que era el momento de poner fin a una investigación de dos años, que estuvo bajo secreto judicial hasta comienzos de mayo, y en la que habían contado con numerosas dificultades, explican estas fuentes.

Como colofón, los agentes descubrieron en febrero el primer pasadizo subterráneo de droga en una frontera española. La construcción, oculta en el interior de una marmolería sin actividad en una nave del Polígono El Tarajal, muy cerca de la frontera, afloró cuando la Guardia Civil buscaba zulos subterráneos de almacenamiento de droga. Los informes del CRAIN apuntaban a la posible existencia de un narcotúnel que conectaba Marruecos y Ceuta, pero no dejaba de ser una suposición, explican las fuentes consultadas. El objetivo principal de las pesquisas siempre fue comprobar si los agentes colaboraban con las organizaciones de tráfico de drogas y en caso de que así fuera, lograr su expulsión del cuerpo policial, añaden. El narcotúnel fue la guinda de la operación contra los tres caimanes corruptos.

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