La UCO constata irregularidades en la contratación de 85 personas por una fundación de empleo en Andalucía

La Guardia Civil ha concluido que el proceso de contratación de 85 personas por la extinta Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) —un ente público de la Junta creado por los anteriores Gobiernos socialistas y que está siendo investigado en los juzgados por enchufismo y uso fraudulento de dinero público— fue irregular. La mayoría de esos trabajadores eran familiares de miembros del PSOE, de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, sindicalistas o integrantes de organizaciones empresariales, entre los que se encuentra la mujer del portavoz del PSOE en el Senado y ex secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas.

En su informe, elaborado a petición del juez José Ignacio Vilaplana que investiga la causa y que ha sido adelantado por Diario de Sevilla, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que esas 85 contrataciones “se habrían llevado a cabo sin ajustarse a la normativa vigente en el momento de su formalización, conculcando los principios normativos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir en la contratación pública, pudiéndose inferir que han sido llevadas a cabo de manera arbitraria”.

Los investigadores señalan cómo algunos de esos contratos se suscribieron sin ningún proceso de selección y otros, pese a que sí se inició el trámite fijado, se desarrollaron sin “ajustarse a la normativa vigente en el momento de su formalización, presentando varias irregularidades en las diferentes fases”. Así, en la mayoría de las contrataciones se utilizó la base interna de la fundación “en detrimento del requisito de publicidad marcado legalmente, ya que al utilizar únicamente esa base interna se podría estar reduciendo enormemente el alcance de la oferta de empleo”. La UCO también destaca la ausencia de criterios de baremación con los que se realizaba la preselección de los candidatos, un trámite, no obstante, que también se omitió en alguno de los casos analizados.

En los casos en los que sí se realizaba ese baremo previo, los agentes destacan que, finalmente, solo era determinante la entrevista personal “a la que se llamaba a la persona que a la postre resultaría contratada”. Una entrevista personal que, en general, era “la única prueba a la que se sometía al futuro trabajador, prueba a la que solo acudía la persona que posteriormente resultaba contratada”, de acuerdo con el informe.

Entre las contrataciones investigadas figura la de Carmen Ibanco, la mujer de Espadas, que se acogió a su derecho a no declarar cuando fue interrogada por la UCO. Los investigadores sostienen que “no solo habría sido beneficiaria de una contratación que no se habría ajustado a la normativa vigente, sino que también se habría beneficiado de un ascenso en su categoría laboral, con la correspondiente mejora salarial, sin haberse llevado a cabo el proceso de selección correspondiente”.

Así, en el informe se constata que, pese a que el 21 de enero de 2007 se había realizado un anuncio en prensa ofertando la plaza que obtuvo, ella remitió su currículum directamente al director de Recursos Humanos de la Faffe seis días después, cuando en la publicación no se recogía esta vía para hacer llegar las solicitudes. Una forma de actuar que “pondría de manifiesto la posición ventajosa con la que partía la investigada, respecto del resto de candidatos, al tener acceso directo al responsable de personal de la Fundación”. En ese proceso de selección hubo “numerosas deficiencias” más, puesto que de las 13 fases de las que constaba, solo se llevaron a cabo las cuatro primeras, sin que quedara constancia de la “baremación curricular ni la estructura de la entrevista a desarrollar”.

Al puesto que obtuvo Ibanco, gracias a la valoración de idoneidad de la entrevista personal, se presentaron otros cinco candidatos, si bien todos acabaron contratados. La mujer de Espadas entró a trabajar en la Faffe el 1 de febrero de 2007 en calidad de técnico de nivel E, categoría por la que percibía un sueldo bruto de 1.783,81 euros. Casi dos años después “se produjo una promoción interna de la que documentalmente no existe constancia alguna, ni de la convocatoria ni del proceso de selección”, por la que ascendió al nivel D, pasando a cobrar 8.693,09 euros de más, entre 2009 y 2011, de acuerdo con la UCO. “No solo habría sido beneficiaria de una contratación que no se habría ajustado a la normativa vigente, sino que también se habría beneficiado de un ascenso en su categoría laboral”, se indica en el informe.

Esas promociones profesionales sin llevar aparejado un proceso de selección es una irregularidad que los investigadores aprecian en otras de las contrataciones investigadas. Otros de los hechos que no se ajustan a derecho son los contratos de cuatro trabajadores que desarrollaron sus funciones no en la Faffe, sino como asesores internos del consejero de Empleo de la Junta; los trabajadores que percibieron complementos salariales mensuales de entre 193 a 440 euros, sin estar contemplados en el convenio; o la perpetuación en el tiempo, sin modificación o prórroga, de contratos por obra o servicio con una duración, en la mayoría de los casos, inferior a los seis meses.

El juez que instruye la causa ya ha imputado a 21 ex altos cargos de la Junta durante la etapa socialista por un supuesto fraccionamiento ilícito de contratos por un total de 9,4 millones de euros entre 2008 y 2010 por malversación y prevaricación, entre ellos el exdirector de la Faffe, Fernando Villén, que ya fue condenado en 2023 a seis años de prisión por gastar en prostíbulos 32.556 euros de fondos públicos de la fundación, en otra pieza que investigaba a la entidad. Villén también ha sido condenado en el marco de la Faffe a otros tres años de prisión por contratar ilegalmente al exalcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres, que cobró 359.973 euros por acudir a trabajar a un puesto que nunca existió y por el que el antiguo regidor también ha sido sentenciado a dos años y tres meses de cárcel.