Menos fieles y récord de fondos públicos: la Iglesia española que encontrará León XIV

Cuando León XIV mire a España, ¿qué verá? Una paradoja. Por un lado, una sociedad en galopante descatolización. Por otro, una Iglesia que, pese a la sangría de fieles, disfruta de una posición de gran influencia, ahora sobre todo en el terreno educativo, y que mantiene su proverbial capacidad de salir ganando de las negociaciones políticas, virtud nuevamente probada durante el papado de Francisco.

Así lo sintetiza el historiador Carlos Rodríguez López-Brea, autor de Los pasos perdidos del catolicismo español. Los católicos y la política española del siglo XX (Tirant, 2022): “Mientras espera una nueva ola de espiritualidad para recuperar fuerza, la Iglesia española está gestionando su decadencia con eficacia refugiándose en la educación, donde disfruta de una legislación favorable, y haciendo valer su habilidad para sacar lo máximo posible de la política, gobierne la derecha o la izquierda”.

“La mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica”. La afirmación sigue ahí, cincelada en el BOE. En concreto, en el acuerdo entre España y el Vaticano de 1976, del que cuelgan los cuatro pactos temáticos de 1979: económico, educativo, jurídico y sobre presencia de la Iglesia en el Ejército. Pero, datos en mano, la frase tiene ya un punto dudoso. En el CIS de abril, el porcentaje de católicos supera por poco la mitad, el 55,4%, si bien solo un 18,8% son practicantes. Hace 40 años, se decían católicos el 90,2%. Y hace solo diez, el 68,8%. Entre los menores de 24 años, los católicos superan por poco un tercio.

En 15 años, el número de curas ha caído de 20.390 a 15.285, un 25%; el de seminaristas, de 1.387 a 965, un 30,4%, según las memorias de la Conferencia Episcopal (CEE), la última de 2023. El número de bodas católicas también ha descendido. En 2023, de los más 172.000 matrimonios celebrados, poco más de 30.600 fueron religiosos, un 17,7%. En solo diez años, han caído casi un 39%, según el INE. De los hijos de madre española, en 2023 nacieron más fuera del matrimonio, 52,7%, que dentro. Algo impensable 20 años atrás, cuando los críos extramatrimoniales no alcanzaban el 21%. Es un cambio profundo y rápido.

Si repasa el BOE, el nuevo papa comprobará que lleva más de cuatro décadas adaptándose a la secularización. Las leyes del divorcio de 1981, del aborto de 1985, 2010 y 2023, del matrimonio homosexual de 2005, de eutanasia de 2020 o de derechos trans en 2023 se han aprobado con la oposición del alto clero. “Si les preguntaras a los obispos si están contentos con estos 40 años y solo pudieran mirar estas leyes, te dirían que no”, afirma Rodríguez López. “Ahora bien”, añade, “si miras cómo les ha ido en su reconocimiento por parte del Estado, la cosa cambia”.

Acuerdos intocables

¿Por qué cambia? Porque hay un abanico de aspectos en los que, lejos de evolucionar contra los deseos del alto clero, la normativa lo ha hecho respetando sus intereses. O incluso mejorando su estatus. Es todo lo que afecta a su posición como institución, anclada en los acuerdos de 1976-1979. A pesar de los diversos amagos del PSOE, ningún gobierno socialista los ha tocado, por lo que siguen idénticos pese al cambio social.

He aquí algunos ejemplos de lo que implican. El Estado paga asistencia religiosa en cárceles, hospitales y cuarteles. Garantiza que la educación pública sea “respetuosa con los valores de la ética cristiana”. Obliga a los centros públicos a ofertar la asignatura de Religión, para la que los obispos eligen libros y docentes. Establece múltiples exenciones fiscales. Compromete al Estado a “colaborar” en el “sostenimiento económico” de la Iglesia. “Los acuerdos conforman un modelo de aconfesionalidad privilegiada que la Iglesia ha logrado mantener intacto”, señala el historiador Ángel Luis López Villaverde, autor de El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata, 2013).

“A [Vicente Enrique y] Tarancón se lo recuerda sobre todo como un cardenal progresista. Pero, en perspectiva, es sobre todo quien logró, aprovechando su feeling con Adolfo Suárez, unos acuerdos que han permitido a la Iglesia, a pesar de su decadencia, mantener un excelente estatus y un sostenimiento garantizado, un régimen similar al italiano o el portugués“, señala Rodríguez López-Brea.

La principal tarea que los acuerdos asignan a la Iglesia sigue pendiente. El “propósito” de la Iglesia de autofinanciarse ha quedado en mera declaración. Sucesivas normas han ido dando forma a una financiación pública estable. En 1988, con Felipe González, se fijó el sistema de asignación anual vía IRPF, con el 0,5239% de cada equis. No impone un recargo a quien marca la cruz —como en Alemania—, sino que el dinero se detrae del total recaudado, calculado en función del número de cruces. Conclusión: pagan todos, marquen o no.

Desde 2000, con José María Aznar, se permite además compatibilizar la cruz de la Iglesia con la de fines sociales, evitando una disyuntiva que desagradaba a los obispos. La serie de acuerdos favorables a la Iglesia culminó en 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero, cuando cada equis pasó al 0,7%. La contrapartida era la “renuncia” de la Iglesia a la exención del IVA, en realidad una exigencia europea. En 10 años, la institución ha recibido casi 3.000 millones de euros. La última memoria, de 2023, recoge una asignación récord: 382,4.

Menos púlpito, más pizarra

López-Villaverde señala que más incluso que en el terreno económico-fiscal, la Iglesia se ha beneficiado de un trato político “excelente” en la educación. El acuerdo de 1979, además de garantizar su presencia en las aulas públicas, sentaba las bases para la financiación pública de las privadas, consolidada en 1985 con la LODE, origen del actual sistema de conciertos.

Los números ilustran cómo, en paralelo a su retroceso en el púlpito, la Iglesia se ha hecho fuerte en la pizarra. Los alumnos en centros católicos concertados se sitúan en torno al millón y medio. Entre 2013 y 2023, los profesores de Religión han pasado de 25.660 a 36.686, casi un 43% más. Las universidades católicas han aumentado de 14 a 17, y sus alumnos de 83.279 a 148.350, un 78,1%, todo ello según la Conferencia Episcopal, que preside Luis Argüello.

Otra vigorosa pata de la Iglesia es la festiva. En 2023 hubo 418 fiestas religiosas, 97 reconocidas oficialmente de interés turístico nacional y 46 internacional. López-Villaverde señala que el grueso de las administraciones —en coherencia con su ímpetu en la promoción turística— han ofrecido tanto ayudas públicas como respaldo simbólico a una “religiosidad popular” que ha facilitado a la Iglesia mantener un “catolicismo banal” de fuerte arraigo cultural. “Es, junto a las aulas, su gran foco de influencia”, dice.

La etapa de Sánchez

La actual etapa socialista en el Gobierno, desde 2018, es la única en la que la jerarquía católica no ha ampliado sus beneficios. A ello se añade la presión gubernamental para que la Iglesia asuma responsabilidades por los abusos sexuales. No obstante, al mismo tiempo, Pedro Sánchez se ha quedado lejos del listón laicista colocado por él mismo, que en su etapa de candidato llegó a defender la derogación de los acuerdos con la Santa Sede. Nunca ha tenido mayoría suficiente para aprobarla en el Congreso, por lo que esa idea ni ha estado en la mesa.

Lo que sí pretendió el Gobierno, desde la etapa de Carmen Calvo como vicepresidenta, fue eliminar la exención del IBI para edificios no dedicados al culto ni a fines sociales, que finalmente no se produjo. El acuerdo con la Iglesia se limitó a poner fin a dos exenciones de gravámenes menores, lo que permitiría recaudar, según cálculos del Gobierno, 16 millones al año.

El Ejecutivo no ha llegó a aprobar, pese a que estaba en el acuerdo de gobierno del PSOE y Unidas Podemos, la reforma legal para revertir las inmatriculaciones “indebidas”, aunque en 2021 sí logró imponer a la Iglesia una mayor transparencia sobre los bienes registrados. El guion se repetía. Al igual que en el caso de la fiscalidad, la Iglesia preservaba con matices su posición previa en un tema clave. En el caso de las inmatriculaciones, la reforma hipotecaria de 1998, con Aznar, le había puesto alfombra roja para inscribir más de 20.000 templos y casi 15.000 fincas.

Es una incógnita si el Gobierno retomará la Ley de Libertad de Conciencia para garantizar la “laicidad del Estado”, compromiso del acuerdo del PSOE y Unidas Podemos que no entró en el del PSOE con Sumar. Sigue pendiente la reforma o supresión del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, anunciada por primera vez en 2021 y otra vez el año pasado. La CEE ya ha expresado su desagrado con la idea. “Hay una proposición de ley orgánica en el Congreso y estamos hablando con los grupos para recabar su apoyo. El compromiso es firme”, señala un portavoz del Ministerio de Presidencia. También está por ver en qué queda el acuerdo del último congreso del PSOE, celebrado en noviembre del año pasado, para derogar el pacto educativo con el Vaticano de 1979. Tras la resolución socialista, el Gobierno de momento no ha recogido el guante.

“Negociando, los obispos siempre ganan. La Iglesia tiene 2.000 años de experiencia y la ventaja de poder pensar a largo plazo”, señala López-Villaverde. “Sánchez ha renunciado a reformar la relación Iglesia-Estado y se ha limitado a gestos simbólicos”, añade, en referencia al escrúpulo laicista de las tomas de posesión, al funeral aconfesional por las víctimas de la covid y a las dos grandes negociaciones que abrió con la Iglesia sobre el antes llamado Valle de los Caídos. La primera, en 2019, para la exhumación de Franco, levantó ampollas en el alto clero, que acabó conformándose. La segunda, para la resignificación de Cuelgamuros, también ha causado malestar en parte del episcopado, aunque el Gobierno ha cedido al permitir la permanencia allí de los benedictinos. En ambas negociaciones —exhumación y resignificación— se implicó el Vaticano. Sin su participación, sostiene Rodríguez López-Brea, la Iglesia española hubiera mantenido posturas aún más duras. “Los obispos españoles son muy peculiares. Ni Francisco ha podido con ellos”, afirma.