España deja fuera del sistema de acogida a afganas a quienes concedió un visado humanitario

Hamida Sultani es una afgana de 31 años, amenazada de muerte por los talibanes que gobiernan su país. El 13 de abril, esta mujer llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas con un visado humanitario de la Embajada de España en Pakistán, pero sin que esa legación le entregara una copia de la resolución que establece que el Gobierno patrocina el traslado de su titular a España. Ese papel, que se suele entregar con el visado, permite la inclusión inmediata de su beneficiario en el sistema de acogida al llegar a España y le permite acceder a alojamiento y manutención mientras se resuelve su solicitud de asilo. Sin ese documento, Sultani quedó abandonada a su suerte en Barajas. De no haber sido por la periodista afgana Khadija Amin —que la ha acogido en su casa 24 días—, se habría quedado en la calle. Este diario preguntó el lunes por este caso al Ministerio de Exteriores. Horas después, a Amin le comunicaron que su compatriota tenía una plaza asignada en un centro de acogida, en el que ingresó este martes.

Esta afgana no ha sido la única a la que España ha autorizado viajar a su territorio sin integrarla luego en su sistema de acogida, de por sí modesto en comparación con el de otros países europeos. Solo a dos de las organizaciones que apoyan a las afganas que tratan de obtener protección internacional —la que preside Amin, Esperanza de Libertad, y Netwomening— les constan al menos siete casos similares solo en las últimas tres semanas. Ambas ONG suponen que pueden ser muchos más.

Al día siguiente de la llegada de Sultani, otras dos afganas arribaron a Barajas en idénticas circunstancias y acabaron también alojadas por Amin, ella misma una refugiada a quien tampoco le sobran los recursos.

El 27 de abril, aterrizaron otras cuatro, también sin protección automática, aunque su caso es algo diferente. A esas cuatro mujeres —una parlamentaria del anterior régimen afgano y tres familiares— la Embajada de España en Irán les denegó el visado. Después tuvo que rectificar por decisión de la Audiencia Nacional, en el marco de un recurso contencioso-administrativo contra esa decisión presentado con ayuda de Netwomening. El tribunal dictó entonces unas medidas cautelares por las que ordenó a la legación española que trasladara a esas cuatro mujeres a España.

Aunque esas cuatro afganas informaron a la Embajada de su viaje, destaca María López, vicepresidenta de Netwomening, no “se ha gestionado su acogida en el programa de protección internacional” y han acabado en casa de un familiar.

Como a las otras tres afganas, tampoco se “les ha dado una cita para solicitar asilo”. El argumento oficial es que estas personas que llegan a España sin la copia de la resolución de traslado o gracias a medidas cautelares, tienen que entrar en el país y luego pedir cita para solicitar protección internacional en los números de teléfono destinados para ello de las oficinas de Extranjería.

Ese trámite sería sencillo si no fuera porque esos números están colapsados y es prácticamente imposible contactar con ellos. En el improbable caso de que alguien responda —hay solicitantes que han llamado 8.000 veces en un día—, las citas se demoran meses. Mientras, el aspirante queda fuera del sistema de acogida y corre el riesgo de que su visado —el de las afganas suele ser de 90 días— expire, lo que le dejaría en situación irregular. Según la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), 167.366 personas solicitaron protección internacional en España en 2024.

María López teme que las sucesivas trabas que afrontan estas mujeres “las desincentiven a pedir protección en España y a ver garantizados sus derechos”. Al denegarles los visados a ellas o a sus familiares, o bien al dejar fuera del sistema de acogida a afganas a quienes sí les han concedido el traslado a España.

Esta abogada recuerda la historia de una viuda hazara —una etnia perseguida por los talibanes— con dos hijos, cuyo marido fue asesinado y a quien la legación española en Pakistán “le negó el visado porque no había presentado aún el certificado de defunción del esposo”. Un despacho de abogados que colabora con Netwomening recurrió la decisión y presentó ese documento, pero la Embajada “no ha respondido aún”.

López cita otra situación. La de mujeres afganas que llevan años esperando cita en las sedes diplomáticas españolas. Y cita otro caso; el de una fiscal ciega que lleva tres años esperando para ello. Esta mujer subsiste ahora “en una tienda de campaña en Islamabad. Pakistán está ahora mismo deportando a afganas, con el consiguiente riesgo de que sean asesinadas por los talibanes en su país. Especialmente si han ejercido un cargo de poder o en el sistema judicial.

“Las embajadas deniegan visados a las mujeres o a sus familiares, a veces sin explicar los motivos, como sucede en la Embajada española en Irán. Luego no responden a los recursos de reposición, como en la legación en Pakistán, y fuerzan a las mujeres a recurrir a costosos recursos en la Audiencia Nacional”, continúa esta jurista. Ello requiere “encontrar a un despacho [de abogados] y un servicio de procura, lo que está fuera del alcance de la mayoría de ellas. Si esos profesionales no trabajan pro bono [gratis], como hacemos en Netwomening y en algunos bufetes, se quedan indefensas”, subraya. “Luego al Gobierno se le llena la boca diciendo que estamos junto a las mujeres afganas”, critica María López.

Fuentes del Ministerio de Exteriores respondieron a este diario señalando que “el Gobierno de España ha apoyado de manera continua a las mujeres afganas desde la caída del gobierno legal de Kabul en agosto de 2021, apoyando y promoviendo resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos, aumentando la ayuda humanitaria, y el mandato del Relator Especial sobre Afganistán de la ONU, entre otros”

Además “de la evacuación de más de 4.000 funcionarios y sus familias, las embajadas españolas en Pakistán, Irán y Turquía han autorizado el traslado a España de hasta 2.000 personas en busca de protección internacional. Más de 700 de ellas son juezas, fiscales, defensoras de los derechos humanos o periodistas, cuya integridad física corría peligro en Afganistán”, reza la respuesta remitida a EL PAÍS.

Persecución solo por ser mujer

Las fuentes subrayaron otras iniciativas del Gobierno ante el Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional para que los talibanes rindan cuentas. No explicaron, sin embargo, por qué la Administración está dejando fuera del sistema de acogida a algunas afganas, ni por qué se deniega el traslado a España a mujeres de esa nacionalidad que lo solicitan en Pakistán e Irán.

Una sentencia del pasado 4 de octubre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que cualquier afgana, solo por su sexo, debería beneficiarse de protección internacional por estar sometida a “actos de persecución” por parte de los talibanes. El tribunal mencionaba algunos del más de centenar de edictos aprobados por los fundamentalistas desde su retorno al poder en agosto de 2021, que prohíben a las afganas estudiar a partir de los 12 años, trabajar, viajar solas, obtener documentos sin permiso de un varón, elegir su ropa o incluso asomarse a las ventanas.

Netwomening, precisa su vicepresidenta, ha ayudado al menos a diez afganas a recurrir en vía administrativa la denegación de sus visados para España. Si estos recursos no se resuelven en breve, se verán obligadas a acudir a la Audiencia Nacional. De ellos, subraya López, tres son posteriores a esa sentencia del TJUE. Esta jurista asegura que conoce otros casos.

De los siete casos de afganas ya en España citados, de los que ha tenido conocimiento este diario, solo se ha resuelto el de Hamida Sultani. De las seis mujeres restantes que no han sido incluidas en el sistema de acogida, dos se han marchado a Francia, explica Amin —donde no pueden solicitar asilo pues deben hacerlo en el país de llegada, España— y las otras cuatro siguen sin cita para solicitar asilo.