El Supremo ve indicios de delito en la expresidenta de Adif por la contratación de la expareja de Ábalos

El magistrado Leopoldo Puente, instructor de la investigación abierta a José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, considera que existen “indicios bastantes” de que la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, “habría podido tener una relevante participación” en la contratación de Jessica R., expareja del exministro de Transportes, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. En un auto notificado este miércoles, Puente advierte de que esa contratación fue “posiblemente irregular y caprichosa”, pero deja la decisión de si se imputa a Pardo de Vera en manos del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye la parte del caso Koldo que no está directamente vinculada a Ábalos. El magistrado del Supremo, además, ordena a la Guardia Civil que investigue la adjudicación de obras que aparecen en documentos aportados por el comisionista Víctor de Aldama y cita como testigo a otra mujer vinculada a Ábalos, Claudia M. El juez rechaza, sin embargo, interrogar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuyo testimonio había reclamado la defensa del extitular de Transportes.

El magistrado Puente sigue dando pasos en la investigación que amplían el radio de la influencia que supuestamente ejerció Ábalos para obtener beneficios ilícitos para él y su entorno. La expresidenta de Adif declaró en el Supremo como testigo el pasado 5 de marzo. En su comparecencia, Pardo de Vera se desvinculó de la contratación de Jessica R. en Ineco, la empresa pública de la que la expareja del exministro estuvo cobrando durante dos años sin ir a trabajar. Pardo de Vera solo refirió un par de conversaciones aisladas con el entonces titular de Transportes y su asesor, Koldo García, en las que ambos le preguntaron por cómo se podía contratar personal administrativo en Ineco y se interesaron personalmente por dos obras públicas adjudicadas por esa empresa.

Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha revelado, sin embargo, que García y Pardo de Vera se cruzaron mensajes en los que el primero apremió a la entonces presidenta de Adif para que se cerrara rápidamente la contratación de Jessica R. “Sólo una cosa, que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Joseba [García, hermano de Koldo y empleado en Ineco], que, si no, José me corta los huevos”, le dijo el que fuera asesor de Ábalos.

El instructor del Supremo cree que esas conversaciones son “particularmente reveladoras” y apuntan a que Pardo de Vera “habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación (...) de una persona escogida libérrimamente” por Ábalos, “quien habría contado para ello con la relevante participación” de su entonces asesor. Según el juez, hay “indicios bastantes” de que Pardo de Vera influyó no solo para que, en marzo de 2019, contrataran a Jessica R. en Ineco (dependiente de Transportes) en el marco de un proyecto vinculado a Adif, sino también para que la entonces pareja de Ábalos fuera contratada dos años más tarde en la empresa Tragsatec en un puesto adscrito a la presidencia de Adif.

El instructor envía el caso al Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional para que valore la actuación de Pardo de Vera y decida si la cita como investigada. Puente renuncia a ser él quien la impute porque la doctrina de la Sala Segunda del Supremo establece que el alto tribunal solo debe asumir la investigación de los aforados (Ábalos lo es por ser diputado del Grupo Mixto del Congreso) y de aquellos hechos en los que se aprecie “una conexión material inescindible”, algo que el instructor considera que no se da en este caso.

Adjudicación de obras

En el mismo auto, el juez ordena a la UCO que investigue la adjudicación de las obras públicas y los supuestos rectificados que aparecen destacados en fluorescente en los documentos aportados por Aldama y cuya adjudicación, según el empresario, se había pactado con Ábalos a cambio de comisiones ilegales. El juez reclama a la Guardia Civil que identifique a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de esas obras y fiscalice el procedimiento de adjudicación. El magistrado adopta esta decisión después de que el informe pericial realizado en el Supremo con una prueba caligráfica de Koldo García concluyera que era suya la letra de las anotaciones aportadas por Aldama sobre los contratos de obras públicas supuestamente adjudicados a cambio de mordidas.

Los indicios contra Ábalos se extienden también a otra mujer con la que, según la UCO, tuvo una relación, la asturiana Claudia M., a la que el juez cita como testigo el próximo 6 de mayo. Un reciente informe de la Guardia Civil recoge “evidencias digitales” de que esta mujer fue contratada por la empresa pública Logirail SME, cuyo único accionista es Renfe (dependiente de Transportes) gracias a la influencia del entonces ministro y su asesor.

Los agentes han encontrado varios mensajes que revelan que Ábalos pidió a García que mediara para conseguir un contrato para ella a finales de 2019, y que ambos estuvieron pendientes de que el fichaje se formalizara y mediaron para que no se rescindiera cuando Claudia M. les contó que la querían despedir. “No tengo palabras de agradecimiento (...) por todo lo que estáis haciendo. Agradecerte a ti personalmente (...) no te voy a defraudar ni a Jose en nada”, le dijo luego ella a García, según un whatsapp hallado por la UCO en el móvil del entonces asesor del ministro.

Rechaza citar a Marlaska

El instructor cita también como testigo para el mismo día a César Moreno, socio de Aldama, para preguntarle sobre “las pretendidas entregas periódicas de diez mil euros mensuales” del empresario, o personas que actuaban por su encargo, a Koldo García. El magistrado explica que, aunque es citado como testigo, deberá comparecer con abogado al figurar como investigado en la causa que instruye el juez Moreno en la Audiencia Nacional.

En cambio, el juez rechaza porque no resultan “pertinentes, útiles ni necesarias a los fines de la investigación” todas las diligencias solicitadas por la defensa de Ábalos, entre ellas la citación como testigos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del secretario de Estado de este Ministerio, Rafael Pérez Ruiz. El exministro de Transportes había solicitado estas declaraciones porque el informe de la UCO reseñaba que Interior también adquirió durante la pandemia una importante cantidad de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, que se encuentra investigada en el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, donde se instruye el llamado caso Koldo. Respecto a esta adjudicación, Puente señala que no se ha identificado “en el presente procedimiento irregularidad alguna determinante de la incoación de diligencias de investigación orientadas a esclarecer sus circunstancias”.