El PSOE pide imputar a Cospedal y al PP en la causa pendiente por la guerra sucia de Interior

El PSOE, personado como acusación popular en varias piezas separadas del caso Villarejo —las actividades ilegales del comisario José Manuel Villarejo durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2017)—, pidió el pasado 11 de abril a través de un extenso escrito la imputación de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP; su exmarido, Ignacio López del Hierro; el representante legal del PP, y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, por su supuesta relación con la guerra sucia policial urdida contra los adversarios políticos de la formación conservadora pagada con fondos públicos entre 2011 y 2018. El escrito de la acusación popular justifica la necesidad de adoptar estas medidas por “la aparición de nuevos hechos incriminatorios y fuentes de prueba recientemente conocidos a través de diversos medios de comunicación, que no constaban en las actuaciones al momento de dictarse el auto de archivo [contra Cospedal]”.

Ni el juez instructor Manuel García Castellón (ahora jubilado) ni la Fiscalía Anticorrupción han impulsado en los dos últimos años la investigación abierta (pieza 34) a raíz de la publicación en EL PAÍS de los denominados audios de la corrupción, que acreditaban numerosas maniobras ilegales de dirigentes del PP y de la cúpula del Ministerio del Interior dirigida por Jorge Fernández Díaz. Durante la escasa investigación del caso, el magistrado ni siquiera llegó a citar al comisario José Manuel Villarejo, ni analizó muchas de las pruebas (grabaciones) que algunas de las víctimas de las operaciones policiales ilegales pusieron a disposición del juzgado.

Según las grabaciones destapadas por EL PAÍS, Villarejo planificó con el ministro del Interior, Jorge Fernández; con el secretario de Estado, Francisco Martínez; o con la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, distintas operaciones contra los adversarios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy: independentistas catalanes, Podemos e incluso el entonces líder del PSOE, Pedro Sánchez. Ni el juez ni la Fiscalía encontraron relación entre estos hechos y lo investigado en el caso Villarejo, e incorporaron la documentación de esta causa a la pieza principal (número 31), donde ahora el PSOE quiere que se impute a la ex secretaria general del PP y se investiguen todos los hechos.

La ex secretaria general del PP, informada por Villarejo del caso Kitchen, la operación de espionaje al extesorero Luis Bárcenas para hacer desaparecer pruebas de la financiación ilegal del PP, respondió que estaba al tanto de esos trabajos: “A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más. El presidente me ha dicho que ya nos lo hemos llevado todo”, según se escucha en las nuevas grabaciones adelantadas por RAC1.

No es la primera vez que se solicita la imputación de Cospedal en estos hechos, pero el juez instructor lo desestimó hace varios años con el siguiente argumento: “Debemos recordar que el hecho de que la señora Cospedal se reuniese con el señor Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna. Ni el señor Villarejo, ni nadie que se hubiera reunido con él debe responder penalmente por ello, en la medida que supone ejercicio de un derecho fundamental de protección constitucional, el derecho de reunión”.

La Fiscalía no lo vio así en 2022 cuando apuntó a la supuesta responsabilidad penal de la exsecretaria general del PP: “El contenido de los nuevos audios publicados [en EL PAÍS y en el diario digital Fuentes Informadas] no se compadece con lo declarado en la instrucción por la inicialmente investigada María Dolores De Cospedal, pues las grabaciones de sus encuentros reflejan que su auténtica finalidad de esas reuniones con el por entonces comisario Villarejo era el seguimiento de las novedades y avances de la investigación del caso Gürtel, llegando a dar al policía en el curso de una de esas reuniones indicaciones para recuperar y que desaparezca la libretita de Luis Bárcenas, cuyas anotaciones pudieran afectar a una financiación irregular del Partido Popular. Por lo tanto, los nuevos elementos indiciarios que contienen las grabaciones ahora publicadas ponen de manifiesto el contenido real de las reuniones entre María Dolores De Cospedal y el comisario Villarejo, que no era otro que poner en marcha una estrategia para hacer desaparecer parte de las pruebas que pudieran afectar al Partido Popular [...] La relevancia, pues, de estos nuevos elementos indiciarios es indudable, y justifica la reapertura de la investigación provisionalmente sobreseída”.

El escrito del PSOE solicita ahora al juez que ordene una nueva declaración judicial de Villarejo, en relación a la participación “de miembros de la dirección del PP en actividades ilícitas desplegadas en el seno del Ministerio del Interior y los encargos privados”. La acusación popular compara los encargos que Villarejo recibía de empresas privadas —por los que cobraba grandes cantidades de dinero y por los que ya ha sido condenado a altas penas de cárcel que tiene recurridas ante el Supremo— con los que ejecutaba por las supuestas órdenes del PP o del Ministerio del Interior, entre los que cita “Kitchen” (el espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas), “Cataluña” (las operaciones contra independentistas catalanes), “Podemos” (fabricación de pruebas falsas para desacreditar a los dirigentes de esta formación); o “Pedro Sánchez” (en relación a la supuesta filtración desde el Ministerio del Interior de los negocios del suegro del entonces líder del PSOE).

“Las actuaciones se canalizaban desde el entramado privado del señor Villarejo y sus relaciones dentro del Cuerpo Nacional de Policía. La llegada al poder [del PP] permitió utilizar medios públicos —fondos reservados, agentes y recursos del Ministerio del Interior— al servicio de fines ilícitos”, señala el escrito de los socialistas.

La acusación popular reclama al juez hasta 12 diligencias de investigación relacionadas con estos hechos. Entre ellas, además de la imputación de Cospedal y su expareja, las que siguen:

—Que se requiera a RAC1 para que aporte al Juzgado todas las grabaciones de que disponen o les han sido facilitadas, para que el Juzgado pueda saber si existen otros indicios o datos relevantes para la causa.

—La declaración como investigado del representante legal del Partido Popular. Que se requieran los estatutos del PP formalizados ante notario y depositados en el Registro de Partidos Políticos, entre los años 2009 (con la llegada de la señora Cospedal a la secretaria general) y enero de 2016.

—Que se requiera al Partido Popular para que facilite los mecanismos de prevención y control (compliance), respecto de los delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho y revelación de secretos, el código de buenas conductas, exigible a partir del 17 de enero de 2013, el organigrama de los miembros de la dirección nacional desde el 17 de enero de 2013 a enero de 2016.