El Gobierno prorroga la moratoria contable de la covid para evitar quiebras ante la guerra arancelaria

El Gobierno de Pedro Sánchez extenderá la moratoria contable por la que las empresas que sufrieron pérdidas por la crisis de la covid-19 no tuvieron que anotárselas. Eso evitó que muchas compañías acabaran quebrando. La guerra comercial iniciada por la Administración Trump contra el resto del planeta añade más incertidumbre al contexto económico, por lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido en ese decreto extender la medida hasta el 31 de diciembre de 2026. El borrador del real decreto ley de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes tiene entre sus principales novedades la ampliación de la moratoria contable que se aprobó en la pandemia y se ha mantenido para las sucesivas crisis, incluyendo la dana de Valencia, según el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS. El PP no apoya esta medida. “No tiene ninguna relación con la situación de los aranceles en los Estados Unidos”, apuntan en un comunicado. El plan recoge también la movilización de 14.100 millones de euros, de los que 7.400 son de nueva financiación y otros 6.700 se van a emplear procedentes de instrumentos ya existentes tanto financieros como comerciales.

El Gobierno ya acordó a finales del año pasado prorrogar a 2025 y 2026 la moratoria contable establecida para evitar que las empresas tuvieran que disolverse a causa de las pérdidas generadas en los ejercicios de 2020 y 2021 por la pandemia. Además, extendió la medida a las empresas afectadas por la dana. En plata: las pérdidas provocadas por el coronavirus y la dana no se tendrán en cuenta para determinar la concurrencia o no de la causa legal de disolución hasta el cierre del año 2026. “Si, excluidas las pérdidas de los años 2020 y 2021 en los términos señalados (...) en el resultado del ejercicio 2022, 2023, 2024, 2025 o 2026 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente”, reza el artículo 6 del decreto, que regula las condiciones para la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocadas ”por diversos acontecimientos naturales”. En una carta de su responsable de Economía, Juan Bravo, al ministro Carlos Cuerpo, el PP exige la retirada de la medida al entender “que no tiene una relación directa con la situación de los aranceles en los Estados Unidos”, recogida en el artículo 6 del borrador del Real decreto, “en relación con la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocadas por diversos acontecimientos naturales, en ningún caso arancelarios”.

El Gobierno advierte en el documento, de 10 páginas, que la política arancelaria anunciada por la Administración de Estados Unidos “va a generar desafíos” en algunos sectores de la economía española, aunque espera que el impacto económico sea moderado “debido al limitado peso relativo del comercio bilateral de mercancías con los Estados Unidos en el PIB español”. Según los últimos datos, Washington tuvo un superávit comercial frente a España de 2.039 millones de dólares en 2023 y de 2.632 millones en 2024 en el intercambio de bienes.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez alerta, no obstante, que el zarpazo por los aranceles “puede ser muy heterogéneo, sectorial y territorialmente, con empresas y sectores particularmente expuestos al comercio con Estados Unidos”. “Es por eso que es necesario desplegar un plan de respuesta que dé tranquilidad a nuestro tejido productivo estableciendo una red de instrumentos que permita a las empresas adaptarse a los efectos de este shock comercial y mitigar sus efectos”, apunta en el borrador. Fuentes gubernamentales subrayan que el texto no está 100% cerrado. La previsión es que los equipos técnicos de los ministerios implicados se reúnan hasta la madrugada para darle forma al armazón jurídico. En La Moncloa contemplaban incluso la posibilidad de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se tuviese que reunir con carácter extraordinario y urgente pero al final no ha sido necesario.

El Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, diseñado por el Gobierno, parte de la premisa de “mitigar los impactos negativos del shock arancelario” atendiendo a tres elementos: favorecer la inversión productiva y facilitar la liquidez y la actividad exportadora de las empresas afectadas. El compromiso adquirido es que trabajadores y empresas “podrán contar con todo el apoyo necesario para que no solo el impacto sobre la actividad sea el mínimo posible sino para que puedan aprovechar esta oportunidad para abrir nuevos mercados”.

Avales por 5.000 millones

El real decreto ley contiene una línea de avales por valor de 5.000 millones de euros hasta el 30 de junio de 2026, plazo que podrá ser extendido por Acuerdo del Consejo de Ministros, para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por las entidades financieras a las empresas afectadas por el cambio de la política arancelaria de Estados Unidos. Sus potenciales beneficiarios serán las empresas exportadoras e importadoras “que tengan una exposición significativa directa o indirecta” por ser proveedoras de empresas “expuestas significativamente al mercado de Estados Unidos”. El objetivo que se busca es paliar las tensiones de liquidez generadas por la disminución de los ingresos provocados por la imposición de los nuevos aranceles. También serviría para la realización de proyectos de reconversión de las empresas. El PP critica al Gobierno de “falta de transparencia” con el argumento de que “no se recogen las condiciones de los avales ni se contempla ninguna bonificación” a los tipos de interés de los préstamos concedidos por las entidades financieras.

La norma, que se deberá aprobar en el Congreso en un plazo máximo de 30 días, también establece que las operaciones de carácter no reembolsable se financiarán con cargo a los recursos propios del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). El propósito es apoyar las “iniciativas estratégicas de política comercial internacional” de España y “los proyectos de diversificación en terceros países” de las empresas españolas afectadas por la política proteccionista de Estados Unidos.

Otra derivada de las contramedidas del Gobierno a la guerra arancelaria es el refuerzo de la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización, cuya gestión está encomendada a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. “Mediante este instrumento el Estado da cobertura a gran parte de los riesgos asociados a las operaciones de internacionalización, ya sean riesgos de carácter comercial, político o extraordinario”, recoge el real decreto. El plan que orquesta el ministro de Economía moviliza 2.000 millones de coberturas para las empresas afectadas por el impacto del shock arancelario. El Gobierno ha decidido además elevar 6.000 millones el límite a la cobertura que se puede otorgar, llegando hasta los 15.000 millones, “de manera que se pueda seguir reforzando el apoyo público a la actividad exportadora sin que el límite actual de 9.000 millones suponga un freno”. Y en relación con el principio de eficiencia, se procura que la norma genere “las menores cargas administrativas para los ciudadanos”. El PP discrepa y entiende que el Gobierno no justifica la ampliación del límite de cobertura, “y sin especificar si se espera una mayor siniestralidad”.