Vox rechaza que España participe en una misión de paz europea en Ucrania

Vox se pronunció este lunes por vez primera en contra de la participación de España en una misión militar europea en Ucrania, una vez que se alcanzase un acuerdo de paz o un alto el fuego entre Kiev y Moscú. El portavoz de la formación ultra, José María Fúster, aseguró en rueda de prensa que su partido “no mandaría nunca tropas a Ucrania” y que los soldados españoles “deben estar donde tienen que estar: en la defensa de la soberanía [española] y cumpliendo el mandato constitucional”. En realidad, este argumento serviría también para rechazar la participación de las Fuerzas Armadas españolas en cualquiera de las 16 misiones internacionales en las que están presentes.

Este cambio de actitud se produce un día después de que, este domingo, varios cientos de personas se concentraran frente al Congreso en Madrid convocadas por el influencer de extrema derecha Rubén Gisbert para pedir neutralidad de España en el conflicto de Ucrania bajo el lema: “No es nuestra guerra”.

Fúster insistió en el principal argumento que ha utilizado hasta ahora Vox para atacar la posición de Pedro Sánchez sobre Ucrania: que lo que debe hacer el Gobierno es dejar de financiar al Ejército de Vladímir Putin mediante las compras de gas ruso, que se han incrementado sustancialmente en los últimos años. En realidad, las compras no las realiza el Estado, sino compañías privadas, aprovechando la existencia en España de numerosos plantas de regasificación y el bajo precio del gas licuado (GNL) ruso. El Gobierno no puede impedir que compañías españolas compren gas ruso, ya que la Unión Europea no ha acordado ningún embargo contra el mismo, como sí lo ha hecho con el carbón o el crudo.

El rechazo de Vox a la participación de España en una posible misión europea, que solo se pondrá en marcha si hay un acuerdo de paz o alto el fuego, se suma al de Podemos, que ha dejado claro que “nunca apoyará el envío de tropas a Ucrania”. La participación española en una misión de este tipo, cualquiera que fuera su formato (observadores militares, instructores o fuerza de disuasión) requerirá la aprobación del Congreso, según recoge en su artículo 4.2 la Ley de Defensa Nacional.