Dos detenidos por el incendio de las discotecas de Murcia donde fallecieron 13 personas

La Policía Nacional ha detenido a dos personas vinculadas a la discoteca Fonda Milagros, una de las dos salas incendiadas en Murcia el pasado 1 de octubre, en la que murieron 13 personas. Las detenciones, según ha informado un portavoz policial a EL PAÍS, han sido practicadas este jueves y viernes en el marco de la investigación sobre el trágico suceso, que continúa abierta, y no se descarta que haya más arrestos en los próximos días.

La Policía no ha facilitado información sobre los detenidos, más allá de que ambos están vinculados con Fonda Milagros. No obstante, todo indica que uno de ellos sería el propietario del local de copas, Daniel Ramírez. Su abogado, Francisco Adán, ha confirmado a EL PAÍS que Ramírez ha prestado declaración en dependencias policiales en calidad de investigado. Según el letrado, su cliente ha quedado en libertad esta misma mañana tras contestar a todas las preguntas que le han formulado los agentes, que también le han tomado fotografías, huellas y muestras de ADN.

La investigación judicial sobre este caso la dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, cuya titular abrió diligencias por 13 posibles homicidios imprudentes. El secreto de sumario se levantó hace justo una semana, el pasado viernes 3 de noviembre, y los abogados que representan a las familias de varios de los fallecidos han manifestado su malestar porque no han podido todavía acceder al procedimiento judicial, a pesar de que algunos detalles han comenzado ya a filtrarse en los medios de comunicación regionales.

El abogado Pedro López Graña, que representa a los familiares de dos de las víctimas, ha presentado una queja formal ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por el “retraso injustificado” que considera que se está produciendo y que, en su opinión, está generando una “dilación indebida” del procedimiento por parte del juzgado. Para el abogado, las familias de las víctimas tienen “sumo y legítimo interés” por conocer los hechos e iniciar las posibles acciones legales pertinentes, y ha considerado que se les está sometiendo a un “maltrato judicial” al privarles de esa información.

Graña ha indicado que esta situación “no es habitual ni razonable”, ya que se rompe el “principio de igualdad” entre las partes desde el momento en que unas tienen acceso al sumario y otras no, por lo que ha exigido que se ponga fin a esa situación.

Por su parte, el abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a las familias de otros dos fallecidos y que tampoco ha podido acceder aún al procedimiento judicial, ha considerado que esta situación se está produciendo por la falta de medios humanos del juzgado que, en su opinión, debería contar con un refuerzo para la tramitación de un caso tan complejo como este. A su juicio, ha habido un mal planteamiento del Tribunal Superior de Justicia, que no planificó ese refuerzo de los medios, que está estudiando solicitar de manera formal desde su despacho.

El letrado sí ha reclamado de manera oficial este viernes al juzgado que llame a declarar como investigados a los funcionarios apartados por el Ayuntamiento de Murcia por su vinculación con la gestión de las licencias de las discotecas siniestradas, sobre las que había una orden de cese de actividad que no llegó a ejecutarse. También ha solicitado que comparezcan en calidad de investigados el concejal de Medio Ambiente actual, Antonio Navarro (PP) y el anterior, Andrés Guerrero (PSOE), ambos en el cargo cuando se gestó ese expediente de cierre de las discotecas, y la del alcalde de Murcia, José Ballesta (PP), en este caso, como testigo. Este abogado ha solicitado asimismo que no se permita la personación del Ayuntamiento de Murcia en el caso, y que se abra una pieza separada para investigar las posibles responsabilidades administrativas del caso.