PSOE y PP atan cambiar el término “disminuidos” en la Constitución sin referéndum

La tercera minirreforma de la Constitución de 1978 se encamina finalmente hacia su aprobación en este periodo de sesiones, antes del verano, y más que probablemente con un apoyo masivo. El PSOE y Unidas Podemos cerraron este jueves un acuerdo sobre el que los socialistas habían alcanzado la semana pasada ya con el PP para sustituir el término “disminuidos” por “discapacitados” en el artículo 49 de la carta magna. PSOE y PP han apalabrado también que la reforma se limitará a ese único cambio y han negociado con otras formaciones, incluso nacionalistas e independentistas vascas y catalanas, que no se promoverá la suma de hasta 35 diputados para forzar la convocatoria de un referéndum que valide esa modificación y que podría abrir la espita a otras reivindicaciones políticas más conflictivas. Ningún partido ha reclamado por ahora esa consulta.

La reunión este jueves en el Congreso entre los representantes del PSOE en el Gobierno, el ministro Félix Bolaños y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, con el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, siguió la misma senda del acuerdo al que se llegó la semana pasada en la cita que mantuvieron con la portavoz del PP, Cuca Gamarra. El respaldo para solventar cuanto antes esa carencia es ahora casi unánime en la Cámara, sin matices ideológicos, y hasta incluso con el apoyo de Vox.

Todos los partidos están muy presionados, a su vez, por las reclamaciones que llevan haciendo hace años desde la ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que consideran “indigno” que aún permanezca ese término en la Constitución. El presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se han comprometido por su cuenta con esas organizaciones a que esta vez sí lograrán el consenso necesario para ejecutar ese cambio antes de que acabe la legislatura. Y el tiempo apremia antes de que se entrometan las campañas electorales.

En ese clima, algunas formaciones, como Unidas Podemos o Compromís, por ejemplo, han obviado otras reclamaciones impulsadas desde distintos territorios, como por ejemplo lo consensuado de manera generalizada en la Comunidad valenciana, para la restauración del derecho civil valenciano por la que lleva años batallando la Associació de Juristes Valencians (AJV) presidida por José Ramón Chirivella en relación con el régimen económico matrimonial, las uniones de hecho y las relaciones familiares de hijos cuyos progenitores no conviven. El PP nacional se opone a esa demanda, que sí suscribe el PP valenciano, porque no quiere abrir la opción de que otros partidos aprovechen para cuestionar la Constitución o requerir otros cambios más polémicos, y así le ha exigido al PSOE limitar ahora el alcance del retoque constitucional al término disminuidos. Echenique le planteó que veía “con buenos ojos” esa reclamación a Bolaños este jueves, pero renunció en este momento a la misma para conseguir el mayor consenso posible de otras formaciones.

PSOE y PP sí creen que ahora será posible esta reforma, sin otros planteamientos, antes de que acabe este periodo de sesiones en verano y buscan ya una redacción para el artículo 49 que releve “personas con discapacidad” por “disminuidos” y que cumpla con otros requisitos, más legalistas y formales, que aconsejó el informe del Consejo de Estado. Los dos partidos mayoritarios en la Cámara han sondeado a las demás formaciones para que no surjan otros escollos que podrían retrasar esta reforma, como que hasta 35 diputados del Congreso pudieran requerir una votación de un referéndum para validar esa propuesta de reforma de la carta magna. En el apartado 3 del artículo 167 de la Constitución se contempla que una vez se aprueben este tipo de cambios se pueden someter a consulta nacional “para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”. Es decir, en el caso del Congreso, 35 diputados.

El PP no quiere saber nada de ningún referéndum, y menos ahora. Los populares desconfían del PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno, pero también de que otros socios parlamentarios, catalanes o vascos, pudieran introducir enmiendas o planteamientos que fueran utilizados en esa consulta para cuestionar en genérico la Constitución. Ni ERC ni EH Bildu han registrado ninguna enmienda sobre este asunto. El PNV sí lo hizo (11), muchas de ellas relacionadas con más autonomía para Euskadi. El PSOE ha contactado con sus aliados habituales y cree haber obtenido la seguridad de que ninguno va a pedir un referéndum en esta ocasión. Los partidos nacionalistas o independentistas, solos, no suman 35 escaños en el Congreso. Ni Vox ni Ciudadanos, que están a favor de este retoque constitucional puntual, les prestarían jamás sus votos.