La reforma de la ‘ley mordaza’ cambiaría poco la práctica policial en casos como el de Cádiz

Los disturbios y los enfrentamientos con la policía que han llevado aparejadas las protestas y manifestaciones de los trabajadores del metal en Cádiz mientras negocian con la patronal un nuevo convenio colectivo han dejado ver los instrumentos y formas de control que usa la policía. ¿Serían muy distintos con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno pretende cambiar ahora? Las protestas de Cádiz coinciden con las de los policías, que se manifestaron este miércoles convocados por sus sindicatos, contra ese nuevo texto legal, por creer que les “desprotege frente a los delincuentes” y les “desprestigia”.

Durante los nueve días que se cumplieron este miércoles de huelga indefinida, los trabajadores del metal han formado piquetes informativos y barricadas en los populares barrios de San Fernando y Puerto Real, cortando calles y avenidas. Oficialmente, los sindicatos solo comunicaron dos convocatorias a la subdelegación del Gobierno. La reforma de la llamada ley mordaza mantiene la obligatoriedad de comunicar las manifestaciones, pero contempla la posibilidad de que se produzcan protestas y manifestaciones de manera “espontánea”: “La carencia del trámite previo de comunicación, aún pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación”.

Son las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno quienes autorizan las cargas policiales y los elementos que los agentes emplean en ellas. “Salvo que se estén destruyendo bienes inmuebles o se ataque a personas o a la fuerza policial”, aclaran fuentes policiales. Así, estos días en Cádiz, los agentes de las unidades de intervención (UIP) han usado pelotas de goma para “disuadir” a los manifestantes y “mantener la distancia”, justifican fuentes policiales. La reforma del texto legal busca evitar el uso de ese material aunque no lo cita expresamente: “Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”. Además, deben “avisar de manera claramente audible [megafonía]” de su intervención.

“Nosotros debemos evitar el cuerpo a cuerpo porque en las manifestaciones siempre somos minoría”, explica un portavoz del sindicato policíal SUP. “Seguimos protocolos muy estrictos con un uso gradual de materiales: Escudos y defensas, escopetas (solo ruido), carga con defensas; y cuando se arrojan objetos contra los policías: pelotas, botes de humo y (pocas veces) gas lacrimógeno”, enumera. “No han ofrecido alternativa a las pelotas”, añade.

El pasado martes, el día de los más violentos enfrentamientos en Cádiz, el rostro de un policía corrió por las redes. Era el agente que protagonizó el forcejeo con un manifestante emitido en televisión. Tanto la ley actual (artículo 36.23) como su reforma consideran “infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad”.