La exjefa de ETA ‘Anboto’ acepta una condena de 15 años de cárcel por ordenar el asesinato de Juan Carlos I

La exjefa de ETA María Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, ha aceptado este martes una condena de 15 años de prisión por dar presuntamente la orden de atentar contra Juan Carlos I, con motivo de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao, el 18 de octubre de 1997. La defensa ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que inicialmente solicitaba una pena de 27 años de prisión. Finalmente cumplirá nueve años por un delito contra la Corona con finalidad terrorista, y seis por uno de depósito de armas de guerra. Además, Anboto estará inhabilitada para ocupar un cargo público durante el tiempo de cumplimiento de la primera condena y no podrá presentarse como candidata a ningún proceso electoral durante los siguientes seis años. Se trata del octavo juicio de la terrorista desde que fue extraditada desde Francia en septiembre de 2019 y del sexto que acaba con condena.

Tras varios meses suspendido, el juicio ha tenido lugar este martes a la una del mediodía en la Audiencia Nacional. Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, entre 1993 y, al menos, diciembre de 1997, Anboto asumió la dirección y coordinación de los comandos “legales” de la banda terrorista, es decir, aquellos integrados por personas no identificadas por la policía. En 1996 se formó el comando Katu, integrado por los ya condenados por estos hechos Eneko Gogeaskoetxea Arronategui y Kepa Arronategi Azurmendi, a los que Anboto ordenó el asesinato del todavía Rey de España, según la acusación fiscal. El asesinato debía cometerse “siempre y cuando no implicara el riesgo de afectar a personas ajenas al aparato del Estado, en cuyo caso se limitarían a atacar el museo con la finalidad de destruirlo por medio del lanzamiento de granadas”.

Así, la acusada proporcionó a los integrantes del comando Katu 12 granadas autopropulsadas. Dadas las características de estas granadas, habrían perforado las paredes del museo, accediendo a su interior y matando a las personas que se encontraban dentro o en los aledaños. El 13 de octubre, “en ejecución de las instrucciones dadas por la acusada”, Arronategui y Azurmendi cargaron las granadas ocultas en unas jardineras en una furgoneta y se dirigieron hasta las inmediaciones del museo. Tras descargar una de las jardineras, fueron sorprendidos por dos agentes de la Ertzaintza. En su huida, dispararon a uno de los agentes y le causaron la muerte.

Su última condena, que se remonta a este mismo junio, la sentenció a 46 años de prisión por dos asesinatos frustrados y un delito de estragos por la colocación, el 21 de mayo de 1987, de una bomba en la puerta de un bar, en la localidad guipuzcoana de Escoriaza. Además, el Tribunal Supremo ya la había condenado antes a 122 años por el asesinato de Luciano Cortizo. La Audiencia Nacional, por su parte, la sentenció a otros 50 por un ataque contra policías en la oficina DNI de Bilbao, que se saldó con un muerto y un herido grave; a 11 por una bomba colocada en el banco Getxo, en 1994; y a 39 por el asesinato, en 1985, a Estanislao Galíndez Llano, cartero de la Amurrio (Álava) al que la banda terrorista consideraba confidente de las fuerzas de seguridad.

En contraste, los tribunales españoles absolvieron a Iparraguirre por el atentado contra una comisaría en Oviedo, en 1997, y por la colocación de un coche bomba junto al estadio de Mendizorroza, en Vitoria, en 1985. Ambas sentencias fueron recurridas por la Fiscalía al Tribunal Supremo, que aún no ha resuelto.