Cuentas políticas

El acuerdo alcanzado por el Partido Socialista y Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición necesita de la abstención de ERC, cuyos primeros movimientos conocidos han consistido en exigir de Pedro Sánchez un compromiso escrito con el diálogo político e intentar acordar con las restantes fuerzas independentistas una posición común ante la investidura. El líder socialista ha respondido a los republicanos que no existe alternativa al Gobierno que se propone encabezar salvo una repetición electoral, que, cuando menos, daría una nueva oportunidad al Partido Popular y a la ultraderecha.

Esta insistencia en que el Gobierno de coalición con Unidas Podemos es la única fórmula viable no refuerza la posición de Sánchez, sino que la debilita. No solo porque transmite a las fuerzas secesionistas un mensaje de absoluta dependencia de su decisión, invitándolas a subir el precio para abstenerse, sino también porque no se corresponde con la realidad.

La vía de Unidas Podemos es una de las salidas posibles, no la única. Como tampoco la gran coalición agota las alternativas disponibles si se prescinde de la acordada por Sánchez e Iglesias. Y para disipar cualquier duda acerca de cuáles deberían ser los límites de la negociación: repetir las elecciones es un peligro, y la gran coalición una temeridad, puesto que entregaría la oposición a partidos cuyo compromiso constitucional está por demostrar.

La fragmentación del Congreso no lo hace ingobernable, sino que exige anteponer a las salidas banalmente aritméticas las convicciones desde las que se quiere gobernar. A estos efectos, lo primero a lo que obliga la voluntad de encontrar una solución a la crisis en Cataluña no es a pronunciarse sobre su naturaleza, política, de convivencia o de orden público. La cuestión de la naturaleza, sea cual sea, es secundaria con respecto a la pregunta esencial de si se cree o no se cree en la posibilidad de una solución de parte. Las fuerzas independentistas entienden que existe desde el momento en que toda su estrategia consiste en intentar negociarla con el Gobierno central ignorando a los ciudadanos de Cataluña que rechazan la secesión. Lo mismo sucede en el campo no independentista cuando se afirma con inexplicable frivolidad que existe una solución de derecha, basada en normas de excepción, y una solución de izquierda, basada en el diálogo. Si son de parte, ninguna solución lo es en realidad.

La transversalidad que necesitará cualquier salida no puede consistir en transformar la profunda fractura que separa en Cataluña a los independentistas de los no independentistas en otra fractura, igualmente profunda, entre la derecha y la izquierda en el resto de España. En especial, cuando el punto de llegada hacia el que señalan las soluciones de parte es transformar por vías de hecho o de derecho un sistema constitucional que es de todos. Y que debe seguir siendo de todos si de verdad se quiere evitar que la fractura, una u otra, llegue a ser definitiva e irreparable. La lección que extraer de una historia que hoy intenta repetirse no es que existen dos Españas metafísicas condenadas a enfrentarse, sino que la apropiación sectaria de las instituciones democráticas acaba dividiendo a los españoles.

La aritmética parlamentaria solo dice que corresponde al Partido Socialista formar Gobierno, no cuáles son los Gobiernos posibles. Uno, en efecto, es el que persigue el acuerdo con Unidas Podemos. Otro, el que propone el Partido Popular ofreciendo su abstención. Corresponde a los grupos parlamentarios hacer las cuentas para escoger entre uno y otro camino. Pero, en cualquier caso, no son cuentas que se reduzcan a sumas y restas de parvulario, sino a una valoración política, cargada de trascendentales consecuencias, sobre qué puede acelerar la espiral que conduce a la fractura y qué puede detenerla.