Pensiones e inflación

Desde que el Estado impuso el sistema de pensiones públicas, por un lado, las ha venido ajustando a la inflación, y por otro, ha ido elevando, en correspondencia, las cotizaciones. Las razones son meridianas: no ajustarlas hubiera arrojado a la miseria a los pensionistas ante las altas tasas de inflación; por otra parte, la elevación de las cotizaciones hacía que los cotizantes pagaran en pesetas o euros constantes de cada momento. La pregunta actual es si, dentro del contrato que el Estado impuso a cada futuro pensionista, la pensión es un derecho individual que el Estado puede disminuir a su voluntad al no ajustarla a la inflación sin violar la doctrina de los actos propios, según la cual una parte de un contrato no está autorizado a disminuir el derecho de la contraparte que ella misma ha reconocido por sus propios actos y a lo largo de lustros, como es el caso.

Un ejemplo: el Estado no puede reducir los intereses de la deuda con el argumento de que son superiores a los de mercado, pues siempre ha pagado los pactados, salvo en sus 14 quiebras.

Francisco de Asís

Zumárraga Ortiz

Bilbao