Nuncio cesante

El Gobierno español decidió ayer lunes presentar una queja ante el Vaticano por las declaraciones del nuncio apostólico en España, Renzo Fratini, en el sentido de que el traslado de los restos de Franco habría reabierto un problema del pasado. Monseñor Fratini, cuya misión en Madrid concluye hoy, ha realizado consideraciones políticas acerca de una decisión del Estado ante el que está acreditado, vulnerando la primera y más elemental de las obligaciones diplomáticas. Con sus palabras fuera de lugar, el representante vaticano no sólo ha llevado a cabo un gesto inamistoso hacia España, sino que ha dejado en evidencia la posición de la Santa Sede. A esta le corresponde ahora aclarar si las opiniones de monseñor Fratini fueron a título estrictamente personal o, por el contrario, trasladaban una posición oficial.

En el primer caso, no bastaría con que Roma quisiera dar por zanjado el asunto con la salida del diplomático, puesto que su cese estaba decidido antes de que realizara las declaraciones. La injerencia de monseñor Fratini ha sido tan inexcusable que exige una reparación específica por parte del Vaticano, a fin de restablecer la confianza entre las partes y restaurar la credibilidad de la posición de neutralidad que Roma ha venido manifestando hasta ahora. La contención demostrada por la diplomacia española, evitando recordar que esa neutralidad resulta extraña cuando se refiere a un dictador que se sirvió de la Iglesia para dar cobertura a una Guerra Civil y una interminable represión, no puede recibir en contrapartida las consideraciones de un jefe de legación que, primero, no le corresponden, pero que además, parecen orientadas a crear el problema del que fingen alertar.

Como quedó de manifiesto en el Congreso de los Diputados al anunciarse la iniciativa, las diferencias entre los grupos parlamentarios no se referían al hecho de que los restos de Franco fueran trasladados a otro lugar, sino al procedimiento legal por el que el Gobierno se disponía a hacerlo. Monseñor Fratini obvió esta circunstancia en sus declaraciones, invocando una supuesta controversia entre ciudadanos favorables y contrarios al dictador que se habría profundizado en los últimos meses. El intento de justificar que los restos de Franco permanezcan en el Valle de los Caídos invocando una concordia, que en ningún caso ha estado en cuestión, según hizo monseñor Fratini, es resultado de confundir la neutralidad con la equidistancia, una operación que, cuando menos, necesita validar previamente la falacia de colocar en pie de igualdad la ínfima minoría de españoles nostálgicos de la dictadura, y la abrumadora mayoría de los que la censuran.

Por último, no son monseñor Fratini ni la Iglesia católica quienes están defendiendo los derechos de la familia de Franco, pidiendo que las decisiones del Gobierno los tomen en consideración. Son, por el contrario, los tribunales establecidos por la Constitución democrática que puso fin a la dictadura de su antepasado quienes están velando por esos derechos, decidiendo con independencia acerca de su contenido y extensión. También pasó por alto esta circunstancia el nuncio apostólico cesante, como si, en vísperas de su regreso a Roma, hubiera querido legar una última tarea a las muchas que tendrá su sucesor: hacer que el respeto impere de nuevo en las relaciones entre España y la Santa Sede.