Asuntos conflictivos

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acude este lunes a la entrevista con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, con una posible agenda de asuntos a tratar que incluye temas tan conflictivos como las inmatriculaciones de bienes a nombre de la Iglesia, los privilegios fiscales de que goza o el silencio de su jerarquía ante el escándalo de los abusos sexuales. La Iglesia ha registrado en los últimos años inmuebles, solares, ermitas, templos y bienes de todo tipo gracias a una ley franquista actualizada por el Gobierno de José Maria Aznar que le permitía hacerlo sin necesidad de acreditar la titularidad. Semejante privilegio cesó en 2015, pero para entonces ya se habían inmatriculado decenas de miles de bienes, entre ellos muchos considerados de dominio público y otros que, como la mezquita de Córdoba, eran monumentos históricos mucho antes de ser consagrados al culto católico. El Gobierno debe defender la necesidad de revisar esas inmatriculaciones y revertir aquellas que no estén justificadas.

Otro asunto espinoso es la pervivencia de ciertos privilegios fiscales que obtuvo en el pasado y que le eximen de pagar determinados impuestos, incluidos los relativos a propiedades que utiliza para actividades lucrativas. En un Estado de derecho, estos privilegios no pueden justificarse. Como tampoco caben algunas de las cláusulas de los acuerdos de 1976 y 1979 entre el Estado y el Vaticano, entre ellas aquella que establece que “ningún clérigo podrá ser requerido por los jueces u otras autoridades sin consentimiento del Vaticano”. Que en varias décadas solo hayan llegado a los tribunales 33 casos de abusos sexuales indica hasta qué punto la jerarquía ha colaborado en la ocultación del problema de la pederastia. Aunque la ley ya obliga a ello, lo exigible en este caso es una instrucción del Vaticano para obligar a los miembros de la Iglesia a comunicar al juez todos los casos de abusos de los que tenga conocimiento. Lo contrario supone encubrir delitos muy graves y que merecen una severa sanción penal.

Finalmente, aunque Calvo ya ha dicho que no planteará formalmente la cuestión de la exhumación de los restos de Franco, sí debería trasladar al Vaticano el malestar que provoca la posibilidad de que sean trasladados a un lugar tan emblemático como la cripta de la catedral de la Almudena de Madrid. Es cierto que el Gobierno ya ha cumplido acabando con la anomalía que suponía dedicar un mausoleo de Estado a ensalzar los restos de un dictador y también que la familia tiene derecho a decidir dónde ubicarlos una vez exhumados. Pero la Iglesia debe considerar si es apropiado dedicarle un espacio de su jurisdicción tan preeminente y el coste de imagen que puede acarrearle consentir que un dictador pueda ser objeto de devoción sectaria en una catedral.