El espejo de Netanyahu

La retención durante más de dos semanas de una estudiante estadounidense en el aeropuerto israelí Ben Gurión ha puesto al primer ministro Benjamín Netanyahu ante el espejo de un comportamiento que su Gobierno denuncia internacionalmente, pero luego aplica sin miramientos en su propia frontera. Y ha tenido que ser el Tribunal Supremo israelí quien ayer pusiera de manifiesto esta contradicción.

Desde el pasado día 2, Lara Alqasem, de 22 años, ha permanecido literalmente a las puertas del Estado judío. Matriculada en la Universidad Hebrea de Jerusalén para cursar un máster y con un visado válido y en vigor emitido por el Consulado General de Israel en Miami, la joven ha visto cómo la policía de fronteras le ha negado la entrada bajo la acusación de participar en actividades antisraelíes. Para ello se ha basado en la polémica ley impulsada por Netanyahu en 2017 que veta la entrada al país a partidarios de la campaña Boicot, Sanciones y Desinversiones (BDS). El Tribunal Supremo de Israel primero suspendió la expulsión de la joven, algo que pretendía el Gobierno, y ayer ordenó que se le permita entrar.

Conviene recalcar dos aspectos importantes. El primero es que Alqasem, nieta de palestinos, se ha limitado a hacer clic en “me gusta” e “interesada en asistir” a actos anunciados en Facebook de solidaridad con la causa palestina. Además, perteneció a una organización llamada Estudiantes por la Justicia en Palestina que apenas contaba con ocho miembros. La joven no ha cometido ningún delito, ni figura en fichero alguno de actividades terroristas, y de ahí que tenga un visado otorgado por las propias autoridades de Israel. Se ha limitado a ejercer su derecho a la libertad de expresión —solo apretando la tecla de un ratón— y a la libertad de asociación en la democracia donde ha nacido y de la que es ciudadana. Naturalmente, Israel tiene derecho a impedir la entrada a personas que considere una amenaza, pero Netanyahu ha colocado el listón en un nivel absurdamente alto a la par que somete a sus visitantes a un nivel de escrutinio que resultaría grotesco si no fuera porque se trata de derechos fundamentales de las personas.

La segunda consideración tiene más que ver con el fondo, pero es igualmente reveladora de lo injustificable de la iniciativa legal de Netanyahu. Israel tiene razón al denunciar la discriminación que supone el boicoteo. Tratar de impedir que académicos, artistas e intelectuales israelíes por el hecho de serlo visiten otros países para desarrollar sus actividades es una discriminación inaceptable. Pero eso es exactamente lo que ha sucedido en el aeropuerto Ben Gurion. Netanyahu no puede denunciar una actitud que practica. A eso se le llama la ley del embudo. Tras la resolución del Supremo, lo coherente sería que, por lo menos, Netanyahu suspendiera la ley