Cambio semántico en Cuba

El anteproyecto de reforma constitucional abordado este fin de semana por el Parlamento cubano, con facultades constituyentes, cierra el paso a la deseable democracia representativa, pero incorpora reajustes semánticos, económicos y sociales susceptibles de un desarrollo legislativo más amplio, entre ellos el reconocimiento de la propiedad privada, la figura del primer ministro y la definición del matrimonio como la unión entre dos personas, con independencia de su orientación sexual. Bienvenidas tales liberalizaciones, pero faltan las fundamentales. El partido comunista seguirá siendo la “fuerza dirigente superior de la sociedad”, y ni la propia Constitución puede imponerle directrices, pero, así como la anterior instaba a la construcción del socialismo y al avance hacia una sociedad comunista, en el anteproyecto se elimina esa meta. Empeñarse en la utopía fue ruinoso.

La inversión extranjera aparece también ahora como un bien a preservar, y se instala en el anteproyecto porque es imprescindible en un país sin ahorros y con una economía subdesarrollada y dependiente. Ese reconocimiento debiera llevar a la aprobación de un marco regulador menos invasivo que el vigente, un auténtico freno en la captación de inversores.

El texto que será sometido a referéndum no cederá espacios a derechos fundamentales como las libertades de prensa, sindicación y asociación política, cuya imperiosa necesidad no queda en absoluto compensada por logros como la gratuidad de la sanidad y la educación, tan alabadas en Cuba y ciertamente punteras en una América Latina castigada por la desprotección social. La inclusión de todos en los asuntos que a todos compete seguirá siendo exigencia irrenunciable, la gran asignatura pendiente en Cuba. La convocatoria de una Asamblea Constituyente hubiera sido el momento idóneo para dar voz, de una vez, a todos los sectores capaces de representar a los once millones de cubanos.