Por el fin de la impunidad

La Corte Penal Internacional (CPI) ha cumplido veinte años. El genocidio ruandés y la guerra de los Balcanes aconsejaron establecer sendos tribunales temporales para perseguir a los principales responsables de las masacres. En ese contexto nació con carácter permanente la CPI, que daba respuesta al sueño de la justicia universal y la demanda del fin de la impunidad en cualquier rincón del mundo. Torpedeado por las grandes potencias, que además forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Rusia y Estados Unidos), el balance de su acción está repleto de frustraciones. La imposible reparación de las víctimas del líder centroafricano Jean-Pierre Bemba, condenado por la CPI a 18 años de prisión, es solo una de ellas. Sin embargo, es una gran conquista de los derechos humanos.

Su existencia es una amenaza contra toda tentativa de cometer crímenes contra la humanidad e incluso de invadir un país; un delito que se acaba de incorporar a su jurisdicción. Es un hecho histórico. Solo el Tribunal de Núremberg pudo perseguir un crimen de tal naturaleza.

Durante estas dos décadas, la modesta maquinaria judicial —para el objetivo buscado— con sede en La Haya ha sufrido todo tipo de obstáculos políticos que le han obligado, por el momento, a centrar casi en exclusiva su acción en los países africanos que no disponen de instituciones solventes para perseguir las salvajes y masivas agresiones. En 2012 dictó su primera condena: la del señor de la guerra congoleña y reclutador de niños soldado Thomas Lubanga. Hoy intenta investigar los delitos cometidos en Georgia, Afganistán o Palestina.

Con todas sus limitaciones, la CPI ha consolidado como crimen de guerra las agresiones sexuales y es un referente de paz y de justicia que hay que preservar y perfeccionar. La tarea realizada es importante. La que queda por hacer, ingente.