TVE no es otro canal

El Gobierno ha convertido una anécdota desafortunada en una prueba más de su afán de manipular RTVE y, de paso, ha demostrado su desprecio hacia los principios que deben alentar un medio público. Una de las primeras decisiones que tomó el Ejecutivo de Mariano Rajoy allá por 2011 fue enterrar el estatuto de RTVE que, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, dotó al ente público español de unas reglas que le otorgaron la mayor independencia que ha tenido nunca. Siete años después, el PP bloquea el acuerdo suscrito por él mismo para volver a aquella fórmula que exige la oposición.

Han sido variados los casos flagrantes de manipulación durante este tiempo que han denunciado profesionales y sindicatos de la empresa. El último escándalo se ha producido a raíz de una anécdota que hubiera quedado pronto en el olvido de no ser por la torpeza y espíritu censor del Gobierno de Mariano Rajoy. La secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, hizo un comentario soez y despectivo hacia un grupo de manifestantes pensionistas —“¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: ‘Pues os jodéis'!”— que abucheaban a Rajoy en Alicante. El vídeo se difundió inmediatamente casi por todas partes menos por TVE, donde la dirección ordenó no emitirlo. La editora del informativo territorial de Valencia, Arantxa Torres, ha presentado su dimisión por un acto de censura tan intolerable y el Consejo de Informativos ha declarado su apoyo a esta profesional. Ha sido un lamentable incidente que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha agravado en el Senado apelando a la libertad de elegir otro canal. Así se lo ha espetado al senador socialista Óscar López.

Es difícil acostumbrarse a la arrogancia y la incoherencia de Montoro, uno de los ministros, por cierto, reprobados por la oposición. Esgrimir la libertad de prensa para justificar un acto de censura es una burla a este principio tan elemental de la democracia. Pero su argumentación no solo es un grave desatino. Este mismo Gobierno ha criticado con dureza y con razón la grosera manipulación informativa de TV-3 a favor del independentismo catalán hasta el punto de haber considerado su intervención dentro de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ello demuestra, en consecuencia, que no hay un error de concepto sobre la naturaleza de un medio público de información —que no compite con los privados—, sino del abuso de poder que está dispuesto a desplegar con tal de proteger su imagen.