Derecho a decidir la muerte

En enero se cumplieron 20 años de la muerte de Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que lideró una larga batalla por la despenalización de la eutanasia y logró finalmente suicidarse gracias a la ayuda de 11 personas. Desde 1994 se han presentado en España 15 iniciativas parlamentarias para despenalizar la ayuda a morir o regular la eutanasia, la última, una proposición de ley presentada por Podemos el año pasado, que no llegó a prosperar. Ahora es el PSOE el que acaba de registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para regular la eutanasia como un nuevo derecho individual en caso de sufrir una enfermedad o una discapacidad grave e incurable. Paralelamente, la próxima semana se debatirá la admisión a trámite de una proposición del Parlamento catalán para modificar el artículo 143 del Código Penal, que considera delito proporcionar ayuda para morir.

Ambos proyectos son complementarios y merecen ser abordados con la máxima apertura de miras. La sociedad española ha expresado un amplio apoyo a la despenalización de la eutanasia en determinados supuestos y bajo estrictos mecanismos de control. Los partidos hace tiempo que van por detrás de los ciudadanos en una cuestión muy delicada, la de reconocer la libertad y la autonomía de la persona para decidir la propia muerte cuando estime que la vida que soporta no es digna de ser vivida según su esquema de valores.

Que se regule el derecho a recibir ayuda para morir no hará que la gente quiera morir más, ni hay indicios de que pueda producirse una pendiente resbaladiza que conduzca al abuso por parte de familiares o médicos. Al contrario, en países como Bélgica u Holanda, donde la eutanasia lleva más de 20 años regulada, tales abusos no se han producido, y, en cambio, quienes han quedado atrapados en una enfermedad que les produce un gran sufrimiento y perciben como una condena pueden liberarse de ella en condiciones médicas dignas.