Revés judicial

En una decisión inesperada conocida a última hora del jueves, el Tribunal de Schleswig-Holstein ha decidido poner en libertad al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, detenido el pasado día 25 por la policía alemana en su intento de regresar a Bélgica tras una breve estancia en Finlandia. El tribunal ha descartado al mismo tiempo el delito más grave por el que se reclamaba a Puigdemont, la rebelión. Lo ha hecho en contra del criterio de la fiscalía alemana, que solicitaba que se atendiera favorablemente la petición de entrega cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, por estimar que la equivalencia de delitos en los códigos penales español y alemán justificaba dicha entrega.

La decisión del tribunal alemán circunscribe la posible entrega a España al delito menor, la malversación, muy alejado en su gravedad y tipificación de aquellos que constan en la causa instruida contra Puigdemont y otros acusados por el Tribunal Supremo, que califica lo ocurrido en los dramáticos días de septiembre y octubre como rebelión.

De culminarse la entrega a España bajo este único supuesto de malversación, sin duda supondría un serio revés para la causa judicial en curso, al que se añadiría la puesta en libertad anoche de los tres fugados en Bélgica tras comparecer ante la justicia. Y no es el primer revés. El juez Llarena ya optó por retirar la primera euroorden en la que solicitaba la entrega de Puigdemont ante las escasas posibilidades de que prosperara ante la justicia belga. Sin duda, la confianza de las autoridades judiciales españolas en la rapidez y eficacia del mecanismo de la euroorden no se ha visto satisfecha. Es claro que el principio de confianza mutua entre los órdenes jurídicos de los Estados miembros de la UE no ha funcionado con el automatismo con el que se concibió en su momento. Y es también evidente que, una vez más, el Gobierno tiene que asumir los costes y el desgaste político, nacional e internacional de haberlo fiado todo a la actuación de los tribunales.

La justicia alemana, como la española, ha actuado de forma completamente independiente según su mejor criterio jurídico. Corresponde ahora a los tribunales españoles evaluar el impacto de la decisión alemana y actuar, también, según su mejor criterio jurídico. Una cosa es evidente, sin embargo. Carles Puigdemont no ha sido juzgado, ni por tanto absuelto. La causa que sigue el Tribunal Supremo contra él sigue plenamente vigente y no ha sido invalidada.