Bienvenido Estrasburgo

La jurisprudencia de un país es fruto de sus leyes y de su historia. En 1985, apenas una década después de estrenada la Monarquía parlamentaria, el Tribunal Supremo dictaminó que quemar una foto del Rey constituye un delito de injuria. Dos décadas después, en una manifestación independentista catalana, dos encapuchados hicieron lo mismo con un gran retrato de la pareja real. El caso llegó hasta el Constitucional, que avaló la condena por injurias a la Corona para Enric Stern y Jaume Roura. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo acaba de sentenciar, sin embargo, que la quema de esa foto no intentaba lesionar la dignidad o la fama de don Juan Carlos, sino que fue una crítica política a lo que representaba, además de que en ningún momento hubo incitación a la violencia. Se trató, en definitiva, según los jueces europeos (entre los que hay un español), de un acto de libertad de expresión, garantizada por la Convención Europea de Derechos Humanos y la Constitución Española.

La aplicación de este dictamen es urgente. La justicia y la sociedad españolas deben modificar sus criterios sobre este tipo de actos porque, más allá de que resulten groseros, incívicos y desagradables, la libertad de expresión es un valor básico de las sociedades democráticas.

Ya en su momento, el Constitucional se mostró dividido respecto a este caso y fueron los magistrados tildados de conservadores los que impusieron su duro criterio. Bienvenida sea en estas fechas la decisión de Estrasburgo, que supone un poco de aire fresco en un país empeñado en endurecer penas y menoscabar la libertad de expresión. Criminalizar ciertas conductas y recurrir abusivamente a los tribunales para dirimir lo que solo son provocaciones o actos inciviles no es la forma de defender instituciones democráticas que, por definición, deben estar abiertas al debate y la crítica.