Luz sobre el Popular

La solución, rápida y contundente, a la crisis del Banco Popular, decidida por la Junta Única de Resolución (JUR), con sede en Bruselas, mediante la venta a cambio de un euro al Santander, ha sido considerada, con razón, como un precedente valioso y modelo para futuras actuaciones en el sistema financiero europeo. Se valoraron, acertadamente, tres condiciones básicas en toda intervención bancaria: no hubo contagio al resto del sistema, se operó con rapidez y, en fin, la venta evitó la aportación de dinero público. Sin embargo, en el devenir posterior han surgido algunas dudas razonables sobre algunos detalles de la actuación de las instituciones bancarias. Esas dudas deben despejarse en beneficio de la transparencia institucional, de la credibilidad de futuras resoluciones y, también, de la integridad y futuro de la, muy necesaria, unión bancaria europea.

En primer lugar, aunque no sea lo más importante, la presidenta del JUR, Elke König, tendría que reflexionar sobre su seguramente desafortunada mención al Popular en una comparecencia pública. Si se apela a la discreción para no publicar el informe de Deloitte sobre el banco, con mayor razón debe reclamarse para silenciar la situación de una entidad en apuros. Vista la polémica, el informe de Deloitte tiene que publicarse; a posteriori ya no cabe secreto. En segundo lugar, es obligado despejar una incógnita elemental: el Popular no era un banco insolvente en el momento de la resolución; su balance lo demuestra. Tenía más activos que pasivos. Y si la crisis se precipitó por asfixia (fuga desordenada de depósitos, incluyendo quizá dinero público, algo que también merece la pena precisar), igualmente hay que explicar qué pudieron hacer las autoridades bancarias nacionales y europeas para frenar la desconfianza generalizada. Existen instrumentos de sobra, desde declaraciones públicas de confianza en el Popular por parte de las instituciones hasta el recurso a inyectar liquidez.

Y aquí llegamos a un punto clave que requiere una aclaración. Se trata de saber cuántos activos como garantía de liquidez presentó el banco, porque se han difundido informaciones contradictorias. Si el banco presentó avales suficientes para recibir la liquidez necesaria, es preciso saber por qué no se garantizó su supervivencia; y si no los presentó, es algo de lo que deben responder los responsables de la entidad en el momento de la intervención. No cabe contradicción en un asunto elemental y de fácil comprobación.

No se trata, en absoluto, de orquestar una causa general contra la resolución. La responsabilidad fundamental de la crisis del banco debe recaer, como es lógico, en los gestores y más en la dirección anterior a la de Emilio Saracho (aunque esta fuera muy mejorable). Pero para el buen funcionamiento de los mecanismos de resolución bancaria es imperativo conocer bien los detalles, desde el papel del Banco de España y el del FROB, hasta las decisiones de la JUR, la calidad de la supervisión y los informes de auditoría. Dejar cabos sueltos daña la credibilidad del mecanismo europeo de supervisión, porque en el sistema financiero lo que cuenta sobre todo son los detalles.